La incoherencia del PP hacia el TC: lo acusa de venderse al PSOE pero bloquea su renovación para controlarlo

Una de las ponencias de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional –la cumbre internacional de tribunales constitucionales de los cinco continentes que se celebra esta semana en Madrid– ha sido, en cada una de sus seis ediciones, la que se dedica e estudiar los ataques a la independencia de los máximos intérpretes de la constitución de cada país. En la mesa sobre este tema organizada en la jornada de este jueves, una de las fórmulas para socavar esa independencia que se han analizado son los nombramientos de magistrados. Tanto la obediencia de las personas seleccionadas a quien las propuso para el cargo como el bloqueo de las designaciones a la espera de que los partidos encuentren la situación más propicia a sus intereses para formar una mayoría favorable. Cándido Conde-Pumpido, se refirió a este tipo de bloqueos en una comparecencia ante los medios el pasado martes, en la que recordó que estas maniobras pueden alterar tanto la independencia como el buen funcionamiento de un tribunal constitucional.

El presidente del órgano de garantías hacía referencia, sin decirlo, a la posibilidad de que el PP, que mantuvo bloqueada durante más de cinco años y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo vuelva a hacer con el nombramiento del cuatro magistrados del Constitucional que deben ser designados por el Senado en diciembre. El partido de Alberto Núñez Feijóo, que domina la Cámara alta pero no alcanza la mayoría de tres quintos necesaria para las designaciones, prefiere congelarlas a la espera de que el divorcio del Gobierno con Junts o el caso Cerdán terminen por hacer caer a Sánchez y, tras unas futuras elecciones, su formación tenga escaños suficientes –sola o en compañía de Vox– para poder llenar por sí misma y sin apoyo del PSOE las cuatro vacantes, lo que devolvería a sus magistrados afines el control del órgano que retuvo hasta finales de 2022.

Si, en contra de lo que parece, el PP accediera a negociar la renovación parcial a su debido tiempo (los mandatos de nueve años de cuatro magistrados caducan en semanas) se vería obligado a alcanzar la solución tradicional cuando son las Cámaras a las que corresponde designar nuevos miembros: ceder dos de los cuatro puestos a cubrir al PSOE. En este caso, la actual mayoría progresista en el órgano de garantías se prorrogaría durante al menos tres años más, hasta la siguiente renovación, que corresponde al Congreso. Puede que el dominio de los magistrados de la izquierda se alargara incluso un segundo trienio debido a la composición habitual y más plural de esta última Cámara. La tentación es fuerte, porque al partido de Feijóo le faltan solo 14 senadores para llegar a los votos necesarios para asegurarse de que una mayoría de magistrados propuestos por su partido dominan el Constitucional.

El bloqueo, según fuentes del PP consultadas por infoLibre, se da ya por seguro. Se trata de una maniobra incoherente y contradictoria, porque busca únicamente garantizarse el control político de un órgano constitucional al que –desde que perdió la mayoría conservadora en enero de 2023– ha sometido a un asedio de constante deslegitimación. Con el movimiento del bloqueo parece querer lograr lo que públicamente denuncia. Uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, llegó a referirse al Constitucional como "el cáncer del Estado de derecho". A la campaña de descrédito también se ha sumado el propio Feijóo, que, en una entrevista en El Mundo, llegó a sugerir que sus magistrados (se refería a los progresistas, claro) podrían ser juzgados por prevaricación. En Onda Cero también dijo: "Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto". Después acusó a Pedro Sánchez de elegir a los magistrados "no tanto en orden a sus méritos profesionales como a la capacidad que puedan tener de darle la razón".

Siguiendo ese mismo argumentario político del PP, lo que Feijóo buscaría con el bloqueo que está a punto de iniciar es poder nombrar a cuatro magistrados con capacidad para darle la razón a él (y a su partido). Es cierto que en la actual composición del tribunal hay un exministro socialista, Juan Carlos Campo, y una catedrática de Derecho Constitucional que fue directora general y asesora en Moncloa, Laura Díez. Pero el PP no es precisamente ajeno a esa dinámica. Entre los magistrados actuales se encuentran tres extraordinariamente cercanos al PP. Como Concepción Espejel, aupada por ese partido al CGPJ y recusada para el caso Gürtel por su proximidad con la ex secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal; o Enrique Arnaldo, cuyo estudio legal era contratista habitual de administraciones del PP y que, en las conversaciones del caso Lezo, apareció como muñidor para cambiar fiscales y poner a otros más favorables al partido.

El partido de Feijóo, llegó a lograr que un afiliado suyo ocupara la presidencia (Francisco Pérez de los Cobos). Y el que fue durante dos décadas su portavoz de Justicia en el Congreso, Andrés Ollero, también pasó por el órgano. Por no hablar de Enrique López, exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP que, tras su paso por el Constitucional se convirtió en mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En la negociación de la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, de julio de 2024 –que vino acompañada de una reforma legal para impedir el acceso del excargos del Gobierno a ese órgano– el PP, sin embargo, impuso el nombramiento como magistrado del Constitucional del exvocal que más fielmente defendió los postulados de ese partido en el gobierno de los jueces más prorrogado de la democracia, José María Macías.

Los magistrados a sustituir a finales de año son el propio Conde-Pumpido, la también progresista María Luisa Balaguer, y los conservadores Ricardo Enríquez y el propio Macías (que podrá repetir debido al escaso tiempo transcurrido desde su designación). Desde el PP y la derecha mediática y judicial se ha presentado al actual presidente poco menos que como un ministro más del Gobierno de Sánchez, pero tras su insistente demonización y cuestionamiento como magistrado y presidente, el nuevo bloqueo forjado por el PP lo mantendrá en el puesto hasta que, cuando le interese al partido o no le quede más remedio, se siente a negociar su sustituto. Negarse a renovar el máximo intérprete de la Constitución, además, no viene mal al Gobierno y a la izquierda en general porque la mayoría de sus miembros –siete, entre ellos el presidente– seguirá siendo progresista. Salvo vuelco político que permita al PP ejecutar su maniobra, el reparto de mayorías y minorías permanecerá inamovible hasta 2031.