El PP consigue golpear a Sánchez a través de la mayoría conservadora del Supremo

La mayoría conservadora de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —cinco de los siete magistrados— ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves por un delito de "revelación de datos reservados". Únicamente las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo votaron en contra, lo que obligó a esta última a ceder la ponencia de la sentencia al presidente, Andrés Martínez Arrieta. Una mayoría conservadora que domina desde hace más de dos décadas, porque la de lo Penal es desde comienzos de siglo territorio hostil para el sector progresista de la judicatura, que lleva desde 1999 sin tener mayoría en la misma. Y el Partido Popular ha sido un actor clave para lograrlo, al controlar a su vez los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un fallo que se suma a otras resoluciones judiciales que han ayudado al Partido Popular a pasar de pantalla tras sufrir varias derrotas en clave política.

La inusual rapidez de la condena al Fiscal General del Estado —solo una semana después desde que el juicio terminó—, pilló incluso desprevenido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tardó más de tres horas en comparecer públicamente tras conocerse el fallo y tuvo que recurrir al teleprompter habilitado en la sala de prensa de Génova 13 para realizar su declaración. No es que Génova no se esperara la condena, es que no creía que se fuera a producir con tanta celeridad. En una declaración sin preguntas, Feijóo aplaudió la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo, que aseguró han estado "sometidos a presiones inadmisibles por parte del Gobierno" y han sido "objeto de ataques" pero que "han hecho valer su independencia", en palabras del líder de la oposición.

El conservador no hizo mención alguna a las declaraciones de los periodistas que aseguraron bajo juramento que García Ortiz no había sido su fuente a la hora de obtener el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, confesaba dos delitos fiscales de su cliente con el fin de evitar la cárcel. El fallo supone la inhabilitación del Fiscal General durante dos años y obliga a García Ortiz a satisfacer a González Amador una indemnización de 10.000 euros por "daños morales", así como al pago de las costas. "García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la democracia española", afirmó Feijóo su intervención, por participar "con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular".

Ayuso, "muy satisfecha" con el fallo que podría provocar anular las causas de su novio

Una operación que, según Feijóo, buscaba acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que evitó mencionar por su nombre. La madrileña no compareció este jueves, pero fuentes cercanas transmitieron que "está muy satisfecha" con el fallo. "Esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella", trasladan desde el entorno de Ayuso, en referencia a González Amador, al que la propia Ayuso se ha referido en alguna ocasión como un "ciudadano particular"". "Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", concluyen desde el entorno de la presidenta madrileña.

Este viernes Ayuso comparecerá en declaración institucional para hablar sobre el fallo, aunque ya se pronunció a través de su cuenta de X, en la que afirmó que "toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". Será la primera intervención de Ayuso centrada en el juicio al Fiscal General tras meses tratando de evitar la cuestión en sus apariciones públicas.

La baronesa del PP admitió en una entrevista con el periodista Carlos Alsina que, en su día, "metió la pata" al involucrarse en un asunto privado de su pareja. "Meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas porque no hago como Sánchez, que (no) me paso por el arco de triunfo lo que me pregunta la prensa. Soy humana", dijo ante los micrófonos de Onda Cero en marzo de este año.

La condena podría servir de base para que el novio de Ayuso solicite ahora al juzgado de Instrucción 19 de Madrid, el que ha instruido sus causas por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal, la nulidad de todo lo actuado. Gracias a la resolución del Supremo, González Amador podría quedar exento de sus delitos en caso de que el titular del juzgado, Antonio Viejo, o la sección correspondiente de la Audiencia de Madrid consideren que el fallo demuestra que se ha vulnerado su derecho de defensa.

La Sala que el PP presumió de "controlar por detrás"

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El fallo supone un mazazo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en este último año ha defendido en varias ocasiones la inocencia de García Ortiz y ha expresado su convicción de que saldría absuelto, al contrario de lo que ha sucedido. Feijóo lo recordó en su breve comparecencia, en la que afirmó que Sánchez es culpable de "haberlo nombrado", de "haberlo mantenido" y de opinar que "era inocente". El conservador reclamó su dimisión y la "devolución de los españoles de la voz para decidir el futuro político que deseamos": "Es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará", dijo. Aunque el líder de la oposición no habló en ningún momento de moción de censura, Feijóo sí que recalcó que "el fallo de la Sala Segunda del Supremo marca un antes y un después".

La Segunda es la misma sala que el exsenador del PP, Ignacio Cosidó, presumió de controlar "por la puerta de atrás" en un whatsapp que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación del CGPJ. "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás". El "presidente excepcional" con "capacidad de liderazgo y auctoritas" al que aludía el exportavoz del PP en la Cámara Alta no era otro que Manuel Marchena, uno de los cinco ponentes conservadores de la sala.

Se trata de una sala clave, ya que se encarga de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. De ahí, la atracción que genera sobre los partidos políticos. Una decisión que en el Ejecutivo creen que confirma su tesis de que hay algunos estamentos judiciales que trabajan para tumbar a Pedro Sánchez y que tratan de contrarrestar los momentos de debilidad del principal partido de la oposición para dar un golpe al Gobierno de coalición.