La izquierda reclama cambiar el Poder Judicial tras el fallo del Supremo pero Moncloa no lo contempla

La indignación, la rabia y el sentimiento de indefensión siguen expandiéndose en todos los niveles del Gobierno y entre los partidos progresistas después del fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que conlleva su inhabilitación por un periodo de dos años. Una decisión en base a ninguna prueba y cuya sentencia todavía no se ha elaborado.

Este fallo ha impactado de lleno en el ámbito político de las izquierdas, que están denunciando incluso, por parte de algunos partidos, que se trata de un “golpe blando” contra el bloque progresista que salió de las urnas tras las elecciones del 23 de julio de 2023. El Ejecutivo ha activado el mecanismo para designar en los próximos días a la persona en la que recaerá la Fiscalía General en un momento muy complicado.

Y en este clima de indignación algunos partidos de corte progresista están reclamando cambios, por ejemplo, en la ley del Poder Judicial. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, sostuvo en un mensaje en X este viernes: “Otra cosa que se puede hacer aparte de quejarse es cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es demasiado tarde. 176 votos”.

Podemos presiona para el cambio

La idea también la ha puesto sobre la mesa Podemos, que fue muy crítico con el pacto que selló el Gobierno de coalición con el Partido Popular para desatascar la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La líder morada, Ione Belarra, hizo un llamamiento expreso al bloque de la investidura para cambiar la ley y evitar que haya jueces que se crean con el derecho de hacer política por encima de las instituciones democráticas: "Es guerra sucia, judicial y política de libro".

Este partido ya registró una propuesta el año pasado en el Congreso para habilitar la opción de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta en las Cortes Generales en caso de no lograrse el consenso de las tres quintas partes del arco parlamentario en primera vuelta.

A su vez, el texto planteaba que el Congreso elegiría a 16 vocales del organismo, doce del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, mientras que el Senado a los otros cuatro restantes. Así, rebajaba el peso de la Cámara Alta, ahora controlada por el PP, para elegir a miembros del Poder Judicial respecto al actual sistema, que otorga al Senado la designación de ocho y de 12 al Congreso. 

Dentro de la coalición, el debate también lo planteó de manera genérica la ministra Sira Rego (Infancia y Juventud) al considerar, tras el fallo del Supremo, que hay que “democratizar la justicia”. Fuentes cercanas a ella subrayan que de esta manera quiso abrir una reflexión amplia sobre la democratización del poder judicial en varios sentidos, incluido que el actual sistema de elección de los jueces que conforman los órganos judiciales no responde a la voluntad popular y no tiene en cuenta la pluralidad del Estado.

IU, el partido al que pertenece Rego, ha defendido históricamente la necesidad de modificaciones en las leyes del poder judicial para cambiar la mayoría necesaria para la elección de los doce vocales de turno judicial o abrir una reflexión amplia sobre la propia elección de los jueces y juezas.

Una respuesta "muy institucional" frente a la "amenaza"

Fuentes del Palacio de La Moncloa indican sobre este aspecto que para partidos como ERC o Podemos es más fácil hablar en estos momentos de una reforma de este tipo, pero indican que el Gobierno no tiene la intención de anunciar o plantear de manera inmediata un cambio legislativo de esa índole. “¿Una reforma legal? Todo se puede ver, pero no hay nadie en el Ejecutivo que haya tenido una conversación por ahora sobre ese tema”, señalan. 

Desde La Moncloa subrayan que, a pesar de la indignación que supone el fallo, están dando “una respuesta muy institucional”, a la vez que recuerdan que, como anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en los próximos días se activará el mecanismo para el nombramiento de una persona de máximo prestigio jurídico para ocupar el principal despacho de la Fiscalía General del Estado.

Algunos miembros del Gobierno han salido al paso con una interpretación política de lo que está sucediendo. El más directo fue durante el viernes el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien señaló que el Ejecutivo “es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces”. “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”, enfatizó tras asegurar que “hay gente que está utilizando la justicia para hacer política”.

“Varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general”, añadió, para remachar que el fallo “viene a decir que todos esos periodistas han mentido” pese a ser “gente que lleva muchos años peleando por la verdad”. Además, de manera genérica indicó que se activarán “los mecanismos que hagan falta” tras esa condena.

Lo que sí explican de manera tajante en el Ejecutivo es que su intención de agotar la legislatura sigue intacta a pesar de la nueva reclamación de elecciones por parte de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y el aviso lanzado por el Supremo de que “Isabel Díaz Ayuso es intocable”.

Y, además, en el Gobierno entienden que esta derivada judicial es una parte más dentro de “el que pueda hacer, que haga” que lanzó el expresidente José María Aznar, que sigue siendo el gran oráculo de las derechas en el país. “Nos quieren echar por nuestras reformas sociales y económicas”, sostienen fuentes del Ejecutivo, que apelan, no obstante a actuar con tranquilidad en estos momentos, defender las ideas y reivindicar la democracia frente a la “amenaza” que están sufriendo.