La guerra digital
El desafío de España a las 'big tech' expone la enorme dependencia del Ibex de la tecnología de EEUU
El endurecimiento del discurso del Gobierno español frente a las grandes tecnológicas estadounidenses —anunciando regulaciones más estrictas y enarbolando la bandera de la soberanía digital europea— contrasta con la enorme exposición de las grandes empresas españolas a las big tech norteamericanas.
El 74% de las compañías cotizadas en nuestro país dependen de servicios tecnológicos de empresas de Estados Unidos. La ofensiva política de Pedro Sánchez pone así en una situación incómoda a compañías expuestas a una elevada vulnerabilidad estructural y desnuda la distancia abismal entre el discurso político y la infraestructura real sobre la que opera el capitalismo en España.
Los datos proceden de un informe elaborado por Proton, la compañía suiza especializada en servicios de correo electrónico cifrado y soluciones de privacidad, considerada una de las empresas más seguras del sector por su sede en Suiza y su arquitectura de seguridad de extremo a extremo. Proton, que no opera desde territorio estadounidense y que ha convertido la protección de datos en su seña de identidad, ha analizado la dependencia tecnológica de casi 10.000 empresas cotizadas en 31 países europeos, centrándose en un indicador revelador: el uso de servicios de correo corporativo, que funciona como proxy fiable de la infraestructura en la nube y los servicios asociados de ofimática, colaboración y seguridad que utilizan las compañías.
El resultado sitúa a España en el puesto 12 de ese ranking europeo, una posición intermedia-alta que refleja una dependencia superior a la de las grandes potencias económicas continentales. Francia registra un 66% de dependencia, Alemania un 58% e Italia un 69%. La brecha es notable: España supera en 16 puntos porcentuales a Alemania y en 8 a Francia, las dos locomotoras industriales de Europa. Solo nos aventajan en dependencia los países nórdicos —Islandia (97%), Noruega (96%), Finlandia (92%), Suecia (91%), Dinamarca (89%)—, Irlanda (93%), el Reino Unido (88%) y algunos Estados pequeños como Luxemburgo, Bélgica o Malta. Por debajo de España quedan no solo las grandes economías mencionadas, sino también países como Polonia (45%), Rumanía (39%) o Bulgaria (16%), que presentan niveles de dependencia tecnológica estadounidense significativamente inferiores.
La explicación de estas diferencias es reveladora. Los países nórdicos combinan economías altamente digitalizadas con mercados pequeños que históricamente han adoptado soluciones globales sin desarrollar alternativas nacionales robustas. El Reino Unido e Irlanda mantienen vínculos históricos, lingüísticos y económicos estrechos con Estados Unidos que facilitan esa dependencia.
Estrategias de soberanía tecnológica
En cambio, Alemania y Francia han desplegado durante décadas estrategias deliberadas de soberanía tecnológica, impulsando campeones nacionales y proyectos europeos alternativos, aunque con resultados desiguales. España, mientras tanto, se sitúa en un limbo: demasiado dependiente para las ambiciones de autonomía que llegan desde la política, demasiado poco estratégica en sus decisiones de inversión tecnológica.
Con todo, lo más preocupante no es el dato agregado, sino su distribución sectorial. El informe de Proton identifica seis sectores económicos en España donde el 100% de las empresas cotizadas dependen de software y servicios estadounidenses. Entre ellos figuran dos especialmente críticos: la energía y la banca. Que la totalidad de las entidades financieras cotizadas y de las empresas energéticas operen sobre infraestructura tecnológica controlada por corporaciones extranjeras no es una anécdota estadística, sino una vulnerabilidad estratégica de primer orden.
En particular en un contexto geopolítico en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su disposición a abrir una guerra digital contra Europa si Bruselas insiste en regular las big tech, que se cuentan entre sus principales aliados corporativos. Ya ha amenazado con aranceles disparatados que pueden hacerse realidad si el conflicto con las tecnológicas escala, poniendo a las grandes empresas españolas en una situación de riesgo. Los avisos son muy visibles.
La banca española —con gigantes como Santander, BBVA o CaixaBank entre las principales entidades europeas— gestiona datos financieros sensibles de millones de ciudadanos y empresas, procesa transacciones por valor de cientos de miles de millones de euros y constituye el sistema nervioso del flujo monetario del país. Que su infraestructura de correo, ofimática, almacenamiento en la nube y seguridad dependa íntegramente de proveedores estadounidenses —fundamentalmente Google, Microsoft y Amazon— implica que cualquier decisión regulatoria, fallo de seguridad o presión geopolítica en esas compañías puede afectar directamente al funcionamiento del sistema financiero español.
Similar situación se reproduce en el sector energético, columna vertebral de cualquier economía moderna. Empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol operan infraestructuras críticas cuya gestión, comunicación y sistemas de control dependen de tecnología estadounidense. En un contexto de transición energética acelerada, donde la digitalización de las redes eléctricas, la gestión inteligente de la demanda y el desarrollo de energías renovables requieren capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas, esta dependencia plantea interrogantes sobre la capacidad real de España para controlar su política energética de forma autónoma.
La infraestructura crítica
Además de estos dos sectores con dependencia total, el estudio identifica otros cuatro ámbitos donde al menos el 75% de las empresas cotizadas españolas utilizan tecnología estadounidense: utilities (electricidad, agua, saneamiento), transporte, software y servicios, y sanidad. Es decir, la infraestructura crítica del país —desde el suministro de agua hasta la gestión hospitalaria, pasando por el transporte de mercancías y personas— opera mayoritariamente sobre tecnología que no controlamos.
Los proveedores dominantes son conocidos: Google Workspace (anteriormente G Suite), Microsoft 365 y Amazon Web Services lideran un mercado donde las alternativas europeas han fracasado sistemáticamente en alcanzar masa crítica. Los intentos de crear nubes soberanas europeas, como el proyecto Gaia-X impulsado por Francia y Alemania, han avanzado con lentitud y resultados modestos.
La concentración del mercado es aplastante. Amazon Web Services lidera con un 30% de cuota global, seguido de Microsoft Azure con un 20% y Google Cloud con un 13%. Entre estas tres compañías controlan más del 63% del mercado mundial de infraestructura en la nube, un porcentaje que se replica con ligeras variaciones en el entorno español. Otros actores estadounidenses como Oracle, IBM Cloud y Salesforce suman cuotas residuales del 2-3% cada uno. Frente a este dominio, los proveedores europeos apenas alcanzan en conjunto el 15% del mercado.
La dependencia tecnológica no es solo una cuestión económica o de eficiencia operativa: plantea un conflicto jurídico de fondo entre dos concepciones incompatibles de soberanía sobre los datos. La legislación estadounidense, particularmente la Cloud Act aprobada en 2018, otorga a las autoridades de ese país potestad para exigir a cualquier empresa bajo su jurisdicción que entregue información almacenada en sus servidores, independientemente de dónde se encuentren físicamente esos datos.
Un servidor de Amazon en Aragón o de Microsoft en Madrid, aunque opere en suelo español con datos de empresas y ciudadanos españoles, puede ser objeto de una orden judicial estadounidense que obligue a la compañía matriz a entregar esa información sin pasar por los canales habituales de cooperación internacional.
Zona gris
Esta capacidad extraterritorial colisiona frontalmente con el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que establece restricciones estrictas sobre quién puede acceder a información de ciudadanos de la UE y bajo qué condiciones. El resultado es que las empresas españolas que operan sobre infraestructura en la nube estadounidense navegan en una zona gris donde dos sistemas legales contradictorios coexisten sin resolución clara, y donde la promesa de soberanía digital choca con una realidad en la que las llaves últimas de acceso a los datos permanecen bajo control ajeno.
Las razones de esta dependencia son múltiples y se retroalimentan. España carece de compañías tecnológicas competitivas en servicios en la nube, ofimática o correo corporativo comparables a los estadounidenses. Las inversiones públicas y privadas en tecnología han sido históricamente insuficientes y dispersas.
La formación de talento tecnológico avanzado, aunque ha mejorado, sigue siendo inferior a la de países como Alemania, Francia o los nórdicos. Y las empresas, presionadas por la competencia global y las exigencias de rentabilidad, han priorizado soluciones inmediatas antes que construcción de capacidades propias.
Además, existe un efecto red difícil de revertir: cuantas más empresas utilizan las mismas plataformas estadounidenses, más complicado resulta para cualquier actor individual cambiar, porque la interoperabilidad, los estándares de facto y los costes de migración actúan como barreras de salida.
Un banco que opera con Microsoft 365 se comunica fluidamente con proveedores, clientes y reguladores que también lo usan; migrar a una alternativa europea o nacional implicaría costes, riesgos operacionales y pérdida de eficiencia que pocos están dispuestos a asumir voluntariamente.
Lejos de estabilizarse, la dependencia se acelera. El mercado global de infraestructura en la nube creció un 25% interanual en 2025, según una investigación publicada en octubre, impulsado fundamentalmente por el auge de la inteligencia artificial generativa y la computación de alto rendimiento.
Las pymes, Eldorado de las 'big tech'
En España, mientras el 73% de las grandes empresas ya han migrado a soluciones en la nube, las pymes —que representan el grueso del tejido productivo español— apenas rozan el 26% de penetración. Esta brecha no es tranquilizadora: señala el enorme potencial de crecimiento futuro que tiene el big tech estadounidense en un segmento empresarial masivo que aún está por capturar.
El impacto de la inteligencia artificial intensifica aún más esta dinámica. Los servicios de IA generativa experimentaron un crecimiento del 160% en el último año, y la inmensa mayoría de empresas españolas acceden a esta tecnología a través de los paquetes comerciales de Microsoft o Google, reforzando así el cerrojo tecnológico.
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La dependencia se vuelve pegajosa, en expresión utilizada por los analistas del sector: una vez que una organización migra sus flujos de trabajo a ecosistemas como Microsoft 365 o Google Workspace, el coste de salida —en términos de tiempo, formación, compatibilidad y riesgo de pérdida de datos— se vuelve prohibitivo.
Paradójicamente, esta dependencia se ha anclado físicamente en territorio español mediante inversiones multimillonarias que complican aún más cualquier estrategia de desacoplamiento. Microsoft ha comprometido 2.100 millones de dólares para construir centros de datos en Madrid, mientras que Amazon Web Services ha elegido Aragón para establecer una de sus instalaciones de infraestructura más importantes de Europa.
Estas instalaciones permiten a las empresas españolas cumplir formalmente con las normativas de residencia de datos —los servidores están en suelo nacional—, pero no alteran la ecuación de fondo: el software base, la inteligencia operativa, las actualizaciones críticas y, en última instancia, el control real siguen bajo jurisdicción de matrices corporativas estadounidenses.
