Las televisiones públicas europeas respaldan a RTVE frente a la investigación del Senado sobre sus contenidos

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

Vigilar la situación en España

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

Lo que se dijo en el Pleno

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

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A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.