Feijóo convierte las demandas de la patronal en el programa laboral del PP

Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en la agenda laboral de la patronal uno de sus principales ejes de oposición al Gobierno. El último ejemplo llegó este martes, cuando el conservador calificó el absentismo laboral como un “cáncer” y defendió que los trabajadores de baja cobren menos, incluso si para ello debe reformar la normativa “con o sin acuerdo” con sindicatos y empresarios. La ofensiva no surge del vacío: la CEOE venía elevando desde hace meses el tono contra el coste de las bajas y reclamando más papel para las mutuas, menor carga para las empresas y medidas urgentes contra la incapacidad temporal.

Feijóo hizo esas declaraciones en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao para tratar de atraer a las élites económicas tras su reciente visita al Cercle d’Economia el pasado junio, aunque luego desde Génova se vieron obligados a reconocer que no habían “sido capaces de explicarlo bien” y a aclarar que únicamente se refieren a “casos de fraude”. Con todo, lo cierto que Feijóo no hizo más que replicar la tesis de Antonio Garamendi, presidente de la patronal, quien lleva meses señalando el absentismo como “el gran drama de España” y remarcando que “1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días”. Lo que omite en su discurso es que la mayoría de esas ausencias se producen como consecuencia de bajas médicas acreditadas (el 80%, según Randstad) o porque los trabajadores estén disfrutando de un permiso retribuido, como puede ser el de paternidad y maternidad, una mudanza o el cuidado de un menor.

De esta manera, el líder de la oposición busca congraciarse con el empresariado español tras la convulsa etapa anterior. El apoyo de la patronal a la reforma laboral deterioró las relaciones entre la CEOE y el PP, contrario al acuerdo pese a asegurar que en realidad no modificaba nada sustancial de la normativa que había puesto en marcha Mariano Rajoy diez años antes. Entonces Pablo Casado estaba al frente del partido y defendió votar ‘no’ con la esperanza de que el Gobierno cosechase una derrota en el Congreso —el Ejecutivo no contaba para esta iniciativa con el apoyo de ERC ni Bildu— y provocar así una crisis en el Ejecutivo de consecuencias impredecibles. La paradoja fue que, cuando se votó aquella reforma en el Congreso en febrero de 2022, salió adelante por la mínima y gracias al error de un diputado del PP.  

Feijóo, como es habitual en él, no concretó en ese foro en Bilbao qué cambios quiere introducir en la normativa laboral en el supuesto de que llegue a formar gobierno después de las generales. Los empresarios también están planteando, entre otras cuestiones, una reducción de las cotizaciones sociales, lo que afectaría a las futuras pensiones. Y, por supuesto, una mayor flexibilidad en la legislación para adaptar los horarios laborales, implementar modalidades de trabajo a la carta, facilitar la contratación a tiempo parcial y promover la movilidad funcional y geográfica de los empleados. También defienden una simplificación de la normativa laboral, la armonización de las regulaciones territoriales y la reducción de los costes asociados al despido.

Contra la reducción de jornada y la subida del SMI

El movimiento de Feijóo encaja en una pauta más amplia. En los últimos años, el PP ha terminado colocándose en el mismo lado que CEOE y Cepyme en casi todos los grandes debates laborales impulsados por el Ministerio de Trabajo liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, entre ellos la reducción de la jornada, la subida del salario mínimo, el refuerzo del registro horario, la ampliación de permisos retribuidos y la reforma del despido improcedente, entre otras cuestiones.

El caso más evidente fue la reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. CEOE y Cepyme rechazaron la medida por los “graves perjuicios” que, a su juicio, ocasionaría al tejido empresarial, la economía y el empleo. El PP trató de abrir el debate en un primer momento pero después votó en el Congreso para tumbar el proyecto de ley mediante enmiendas a la totalidad junto a Vox y Junts. Tras la votación, las patronales agradecieron el rechazo parlamentario y llamaron a devolver la materia a la negociación colectiva. La única contrapropuesta del PP en ese sentido fue “un banco de horas" tras el rechazo explícito de figuras como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La posición del PP no fue solo un voto en contra. El partido justificó su rechazo con argumentos muy próximos a los empresariales:, la baja productividad, el absentismo, el impacto sobre las pymes y la necesidad de pactar sector por sector antes que imponer una norma general. Tras el portazo de la patronal a su “banco de horas”, los conservadores anunciaron que apostaban por medidas dedicadas a las empresas como la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" o beneficios a las empresas a la hora de conceder contratos públicos para las que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de la ley. 

Otro frente recurrente en el que el PP se ha alineado con la patronal es el salario mínimo interprofesional. Los empresarios han rechazado varias subidas aprobadas por el Gobierno y han acusado al Ejecutivo de actuar con arbitrariedad o sin criterios técnicos. Para 2026, CEOE y Cepyme propusieron una subida hasta el 1,5%, muy por debajo de las reclamaciones sindicales. El PP, por su parte, rechazó apoyar la propuesta de Yolanda Díaz si no había acuerdo entre patronal y sindicatos, convirtiendo el aval empresarial en condición política. “El incremento indiscriminado del SMI, lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno”, planteó el líder de la oposición en junio del pasado año.

El PP secunda a los empresarios desde el Congreso

El registro horario digital ofrece otro ejemplo. Tras el bloqueo de la reducción de jornada, Trabajo mantuvo su intención de reforzar el control horario. La CEOE avisó de que llevaría el nuevo registro a los tribunales al considerar que vulnera principios legales y dispara costes empresariales. El PP ya había contribuido a tumbar la ley que incluía ese refuerzo, y el debate posterior volvió a incidir en ello. Por una parte, el Gobierno y los sindicatos defendiendo más control sobre las horas extra y, por otra, la patronal y la derecha denunciando las costosas cargas para las empresas.

Otra de las cuestiones claves para la patronal tiene que ver con el despido improcedente. El Consejo de Europa volvió a pedir a España en junio que reforme su indemnización por despido porque considera que la regulación actual vulnera la Carta Social Europea. Trabajo abrió una mesa para abordar la reforma, pero la CEOE se levantó de la negociación y defendió mantener el esquema actual tras el fallo del Tribunal Supremo contrario a incrementar indemnizaciones por vía judicial. En el Congreso, una proposición no de ley de Sumar para reformar el despido salió adelante por un error de voto del PP, pero contó con el rechazo de los conservadores.

La ampliación del permiso por fallecimiento de familiar hasta diez días también separó a Trabajo y sindicatos de CEOE y Cepyme. La patronal rechazó la iniciativa por su coste para las empresas y el acuerdo acabó cerrándose sin su apoyo. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, calificó la medida como una “cortina de humo” y una “tomadura de pelo”, aunque evitó entrar en el fondo de la cuestión para arremeter contra el Gobierno.

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Las demandas laborales no son las únicas en las que el PP coincide con la CEOE. Tras su llegada a la presidencia del partido, Feijóo colocó la rebaja fiscal en el centro de su oposición. En 2022, tras reunirse con Garamendi, dijo que PP y CEOE compartían la preocupación por la inflación y defendían bajar impuestos. Garamendi venía reclamando menos presión fiscal, bajar el Impuesto de Sociedades y el IRPF, eliminar el de patrimonio y evitar nuevos tributos a la banca, las energéticas o las grandes fortunas, una postura en la que coinciden con las demandas del PP.

En clave fiscal, el PP también votó en contra de los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas —pese a su amplio margen de beneficios—  por su impacto sobre la inversión y seguridad jurídica, en palabras de sus portavoces, y a lo largo de la legislatura ha mantenido una ofensiva contra el impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas, especialmente desde las comunidades autónomas gobernadas por la formación conservadora. 

A esto se le suma la oposición de la patronal inmobiliaria sobre la limitación de precios. Su postura es que este tipo de medidas reduce la oferta y sube los alquileres, un argumento que también defiende el PP. Feijóo rechazó la ley de vivienda por “intervencionista” y el PP impulsó en el Congreso una iniciativa para derogar la norma alegando inseguridad jurídica, caída de oferta y aumento de ocupación. Ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha decretado las zonas tensionadas que permitirían el control de precios.