Gobernanza progresista
A España le sientan bien las políticas del gobierno progresista. El problemón fue herencia recibida en el 2018 y la casi quiebra económica que dejó el desgobierno de M. Rajoy y su desinversión en lo público, incluido el ferrocarril de todo el Estado. Dejaron a España sumida en la ruina el PP y su banda de cuatreros –Gürtel, Púnica, Charca de ranas y ranos, trajes a medida, el pitufeo del PP valenciano, policía patriótica, españolista, sobres en ABC y cajas fuertes ocultas–. Fue el mayor latrocinio de lo público en la historia democrática de España, tal y como sentenció la Audiencia Nacional y probó las diversas formas de robar, hurtar y apropiarse de lo que suyo no era, por el clan del PP.
Venían de aquella banda del estraperlo a la gallega y los siete ministros que cambiaron de chaqueta para seguir viviendo de lo público y no bajarse del coche oficial, creando AP-PP, esta es la prueba de que llevaban autofinanciándose con todo tipo de tropelías, barrabasadas, y así llenaron la caja “sin transparencia” para campañas electorales, sobresueldos, reformar la sede genovesa y otros caprichos. Desde los primeros días de la democracia. Estaban liderados durante todos esos años por el tridente de lo ajeno: Fraga, Aznar y M. Rajoy: maestros de la corrupción.
Queda mucho por hacer para fortalecer el Estado Democrático de Derecho ante las fuerzas vivas, la ‘fachosfera’ y los poderes fácticos a las órdenes de las derechas, que siguen chupando de lo público como sanguijuelas, con esas subvenciones desde los territorios periféricos
La herencia de la desinversión y limpiar contaminación de las corruptelas peperas y romper los hilos para que no sigan apropiándose de los que suyo está costando, sin olvidar la doctrina de la puerta de atrás que aplica el PP con sus camaradas del Tribunal Supremo Sala 2ª, no lo tiene nada sencillo el Gobierno Progresista de España.
Eso sí, queda mucho por hacer para fortalecer el Estado Democrático de Derecho ante las fuerzas vivas, la fachosfera y los poderes fácticos a las órdenes de las derechas, que siguen chupando de lo público como sanguijuelas, con esas subvenciones desde los territorios periféricos.
El Gobierno de España asume todas las responsabilidades oportunas consecuencia de los accidentes ferroviarios, con transparencia, y tiene la obligación de invertir para eliminar los fallos en las vías, sin demora. Pero no debe amilanarse ante las mentiras, manipulaciones y bulos y actuar con la ley en la mano contra el ejército de los facinerosos del PP-Vox para taponar el negocio del negacionismo, el oscurantismo de las derechas y establecer la verdad con transparencia y fortalecer los servicios públicos, y si es necesario subir los impuestos a los ricos, a los poderosos del dinero y a quienes obtienen altísimos ingresos. Hay que expulsar de la contratación del sector público a las empresas que hayan corrompido. Por el bien de lo público, incluidas todas las líneas férreas de España, y todas son todas.
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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.
