Las implicaciones de la corrupción

¿Cómo parar la corrupción y expulsar a los corruptos de la gestión pública? La conjunción de intereses perversos en cargos públicos/políticos, empresas contratistas, funcionarios y sistema judicial permisivo, junto con la tolerancia social, hacen que la corrupción siga campando a sus anchas.

He oído y leído estos días que la corrupción había sido desalojada en nuestro país en 2018. Además de simplista, eso es un error, un error mayúsculo, o una mentira intencionada. Como acabamos de comprobar, ni siquiera en el ámbito del gobierno central había desaparecido. Y desde luego tampoco en el resto de las administraciones públicas territoriales: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones. 

Frente a la corrupción, en especial la que ahora ocupa las noticias, derivada de los contratos públicos, es preciso identificar claramente a quienes intervienen y son responsables de las prácticas corruptas. No todos ellos aparecen en las noticias de estos días.

Primero están los cargos públicos (se habla en general de los políticos), los representantes de la ciudadanía: en el gobierno y parlamento del Estado, en los gobiernos y parlamentos autonómicos y en las administraciones locales, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos. Pero estos solos, sin que intervengan más personas, no pueden poner en marcha, con éxito, redes corruptas para quedarse con el dinero de todos, con el dinero público.

En segundo lugar, intervienen aquellos que pagan por recibir, con amaños variados, contratos públicos de forma ilegal o irregular: las empresas contratistas con las administraciones públicas. De estas, apenas se habla o se ha hablado hasta ahora. Y ellas son igual y totalmente responsables de la corrupción. Si de verdad no hay corrupción en las empresas, hay que preguntarse: ¿por qué no denuncian cuando les piden dinero para adjudicar un contrato? ¿O son ellas mismas las que lo ofrecen?

Además, hay otro nivel que no aparece en las informaciones sobre la corrupción en la contratación de las administraciones públicas: empleados y funcionarios públicos. Estos son los que, con sus informes y propuestas, hacen posible la unión entre los intereses de los cargos públicos (políticos) corruptos que quieren que el contrato se adjudique a tal empresa y la empresa dispuesta a pagar por la adjudicación de ese contrato.

Los políticos siempre están parapetados detrás de un informe o propuesta de un funcionario que es el que viste, da visos de legalidad, con interpretaciones y valoraciones “ad hoc”, a esas adjudicaciones amañadas en favor de la empresa amiga predeterminada. 

Como cierre del sistema de corrupción en las administraciones públicas, la última falla está en el control judicial, o mejor, en la debilidad extrema del imprescindible control judicial que debería ser exhaustivo, rápido y objetivo. 

Cuando hay denuncias sobre estas prácticas en casos no mediáticos o de fuera de Madrid, el sistema judicial se inhibe demasiadas veces, dando, además, a los corruptos un mensaje de impunidad que les hace valientes en sus prácticas presuntamente delictivas.

Cómo funciona la corrupción y cómo deja de funcionar el sistema de control público es, a mi juicio, la cuestión imprescindible en este momento.  Para ello, es necesario abrir las ventanas, que se investigue y aparezcan todos los nombres de todas las personas que intervienen en el proceso de la contratación corrupta, con el fin de acabar con la sensación de impunidad de quienes intervienen.

Los cargos públicos (los políticos) son los que deciden, pero no lo hacen por sí solos. Para que resuelvan sobre la adjudicación de un contrato ha habido antes uno o varios funcionarios que han hecho informes y propuestas. Funcionarios, técnicos o jurídicos, que, en esas situaciones, lo que hacen es justificar, dar apariencia de legalidad a la adjudicación del contrato a favor de la empresa predeterminada. Hasta que no caigan, junto con los cargos públicos, aquellos funcionarios que hicieron posible la trampa en la adjudicación del contrato, no empezaremos a reducir o pensar en acabar con la corrupción.

Las empresas conviven con naturalidad en este sistema corrupto de adjudicaciones de contratos públicos. ¿Por qué no denuncian públicamente cuando les piden comisiones o regalos a cambio de una adjudicación?

Las empresas conviven con naturalidad en este sistema corrupto de adjudicaciones de contratos públicos. ¿Por qué no denuncian públicamente cuando les piden comisiones o regalos a cambio de una adjudicación? ¿Por qué no recurren ante la justicia cuando conocen adjudicaciones fraudulentas? Esto es claramente corrupción. Lo mismo se puede decir para aquellos funcionarios que conocen y saben de la corrupción pública y no la denuncian.

Las empresas se mueven en ese mundo de relaciones en las administraciones públicas, con cargos públicos y con funcionarios, pagando comidas y fiestas, viajes exóticos, haciendo regalos, cuyos costes salen del dinero público; intercambiando favores personales e institucionales y creando una red de complicidades y de compra de voluntades en el sector público. Ahí está la corrupción.

Es imprescindible que en relación con estos dos sectores, funcionarios y empresas contratistas, se actúe con mucha más dureza, con penas de cárcel, no solo de inhabilitación. Y por supuesto, introducir una prohibición de contratar para siempre a aquella empresa que haya participado en un proceso de corrupción y haya sido condenada judicialmente: que nunca más pueda participar en un contrato público.

La última frontera que falla para impedir la corrupción es el control judicial. El mundo judicial es reacio a investigar ante denuncias por casos claros de tráfico de influencias, malversación de dinero público, prevaricación, salvo casos muy mediáticos en Madrid, o por razones ideológicas de sus titulares. La conclusión es que los juzgados son demasiado tolerantes ante las presuntas prácticas corruptas denunciadas, sobre todo en provincias. 

No menciono los órganos que deberían encargarse de llevar a cabo el control externo, el Tribunal de Cuentas y los órganos similares en cada Comunidad Autónoma, dado que no sirven para nada. Han sido fagocitados por los partidos políticos que se turnan en su dirección, obedecen sus directrices y maquillan los resultados de sus auditorías.

Para terminar, este sistema se sustenta en una complacencia y comprensión de la sociedad hacia la corrupción en lo público: los evasores y defraudadores de impuestos, los que consiguen contratos a cambio de dinero, los que en definitiva se aprovechan y se lucran con lo que es de todos, son bien vistos, son considerados listos. A una parte importante de la sociedad le gustaría estar ahí. No hay una condena ética rotunda a ese tipo de comportamientos. No está mal visto robar de lo público.

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Gabriel Risco Ávila es socio de infoLibre.