Política cultural

La industria reclama al Parlamento nuevas leyes para "salvar la cultura"

Una imagen del Foro de Industrias Culturales.

“Vamos a cambiar el paso y pasar a la ofensiva sin ofender a nadie”, empezó diciendo Nicolás Sartorius. El contexto, aquí, es especialmente relevante, siendo como es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y diciéndolo como lo decía para abrir el VIII Foro de Industrias Culturales, un acto que realiza esta organización próxima al PSOE, junto a la Fundación Santillana, desde hace ocho años para tomarle el pulso al sector. Y estando respaldado como lo estaba también por la SGAE y por el grupo Bertelsmann. El acto que Sartorius abría en el Círculo de Bellas Arte de Madrid el martes, amenazando con el ataque, no era el de una cultura alternativa, sino el de una cultura institucional, poderosa en el sentido clásico del término.

Si sus palabras tenían especial fuerza era porque ya estaba anunciado el final. En el programa se leía: “Carta al parlamento español”. Y, con ese preámbulo, no iba a ser laudatoria. Ignacio Polanco, expresidente de Prisa, presidente de la Fundación Santillana y uno de los ponentes, también había advertido que "la cultura no puede esperar más". Era su conclusión después de siete años analizando, por medio de informes, el estado del sector. Al octavo han pasado a la acción y la escritora Carme Riera era la encargada de leer los cuatro folios de misiva a unos parlamentarios ausentes. La principal queja se ha dejado oír, al menos, desde la subida del IVA cultural al 21% en 2012: "Las carencias que padece [la cultura], las cargas, reglamentos e impuestos injustos que se le imponen, pertenecen a un orden de cosas que a todas luces es inaceptable". 

Las reivindicaciones tampoco eran nuevas, pero sí la exasperación al reclamarlas. Entre ellas estaban la bajada del IVA al 7%, el establecimiento de un porcentaje fijo del PIB dedicado a la inversión en cultura, y la creación de una Ley de Mecenazgo que desgrave hasta el 60% de las inversiones privadas en cultura. También figuraban otras que están, en teoría, en marcha, como la creación de un Estatuto del Artista que les permita tener un régimen fiscal especial —una medida que apoyan todos los partidos pero que aún no ha comenzado a trabajarse en el Parlamento—, o hacer posible la compatibilización de los derechos de autor y la pensión, que reclamaban el año pasado varios creadores jubilados

Riera apelaba a la negociación entre las distintas fuerzas políticas para hacer posible también varias medidas de fondo: la defensa de la propiedad intelectual —la carta reclama que los derechos de autor no caduquen nunca, lo que sería una rareza en el contexto internacional—, o la cooperación entre ministerios —la falta de entendimiento entre Hacienda y Cultura ha hecho imposible por el momento la varias veces prometida bajada del IVA cultural— y entre los distintos niveles de la administración

Críticas al "catastrofismo" y promesas del Gobierno

José Pascual Marco, director general de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Cultura, debía cumplir un rol un tanto incómodo: el de defender el papel del Gobierno ante una organización que estaba ahí, entre otras cosas, para sacarle los colores. Pero, además, Marco criticó la que era la propuesta fundamental del acto: mirar al modelo de producción cultural francés para tomar ideas. “Este informe tiene siempre un enfoque estatalista. Yo, simplemente, no estoy de acuerdo con este planteamiento. Hay Estados en los que la cultura está muy bien financiada por el sector privado”, defendía.

Buena parte del auditorio, formado en gran medida por profesionales de la cultura, estaba lejos de esta postura. El representante del Ministerio decía: “Hay un concepto de que el Estado tiene un saco de doblones en un agujero y no se lo quiere dar a la cultura. Esto no es así, hay que gastar lo que se tiene, que es lo que haría un padre de familia”. Y esa parte del público respondía con risas y murmullos. Los mismos que había emitido cuando Marco afeó a los autores del informe que fueran “catastrofistas”: “En España hay una creación vigorosa y un buen consumo cultural”.

Después de esto, su enumeración de planes futuros del Gobierno, uno que llega cuatro años en el Ejecutivo, tuvo poco éxito. Prometía, por ejemplo, “un plan de lectura como Dios manda”, una expresión que provocó de nuevo risas en el fondo del auditorio, el más revoltoso, libre de las presencias institucionales. Y seguía: bajada del IVA cultural (excepto para el cine, aunque esto no se mencionó, y todo esto sin fecha); bajada del IVA del libro electrónico al 4% (de nuevo, sin fecha); lucha contra la piratería “creando una Fiscalía especializada”; una ley de Mecenazgo (“La va a haber o lo vamos a intentar a fondo”, decía, tras el fracaso en este empeño de José María Lassalle, antiguo secretario de Estado); y la posibilidad de que los artistas jubilados compaginar pensión y derechos de autor (cosa que el Gobierno ha negado hasta ahora). Como respuesta, Marco tuvo algún aplauso y algún pateo.

Francia, modelo a seguir

Además del propósito principal del acto —aquel "pasar a la ofensiva" con que amenazaba Sartorius—, el encuentro eligió también analizar una referencia que hoy puede parecer utópica: el modelo francés, que con su protección de la cultura a través de un Ministerio y un presupuesto fuerte y una protección legal a la "excepción cultural". No es difícil que, en cualquier conversación sobre política cultural que ocurra en Europa, surja Francia como horizonte al que llegar (y es también, de hecho, el modelo para el Estatuto del Artista que el PP se comprometió a aprobar en campaña y se negocia en el Parlamento).

El informe publicado por el foro (que cada año está dedicado a un tema distinto), abundaba en el funcionamiento y desarrollo de este sistema, que permite que el sector aporte siete veces más al PIB de su país que la industria del automóvil. "El papel de la cultura en nuestro país sí se percibe como algo esencial para la nación francesa. También pensamos que hay un papel para la cultura francesa en el ámbito internacional. Esa es la base de las negociaciones sobre la excepción cultural", explicaba Nicolas Kassianides, director general del Institut Français de España. El resultado: 1,3 millones de empleos "no deslocalizables". 

 

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