LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Los 3.400 millones de euros de más cobrados por las eléctricas a sus clientes siguen en el limbo una década después

Los 3.400 millones de euros de más cobrados por las eléctricas a sus clientes, en el limbo una década después

En Comú Podem registró el pasado 16 de septiembre en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reclamar a las grandes eléctricas la sobrecompensación que éstas ingresaron por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), unos 3.400 millones de euros que durante ocho años pagaron en sus recibos de la luz todos los españoles.

La iniciativa se presenta un año después de que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) interpusiera ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea en Bruselas una denuncia para que las eléctricas devuelvan las cantidades percibidas de más desde 1998 hasta 2006 por los CTC. Entonces Competencia incorporó esa denuncia al procedimiento que ya antes había abierto a instancias del Gobierno español. Un portavoz de la Comisión Europea asegura a infoLibre que sigue investigando la denuncia, aunque no confirma ni la existencia de un procedimiento previo ni que éste se abriera por iniciativa del Ejecutivo español.

Tampoco el Ministerio de Industria habla del asunto. Preguntado por este periódico, se ha negado a explicar si defiende el reintegro de los CTC y si va a actuar para conseguirlo, en el Congreso o en Bruselas. Y Unesa, la patronal del sector, no opina. “No hemos hablado con el Gobierno sobre el asunto, ya verá él lo que hace”, zanja un portavoz.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar en 2014 si no reclamar a las eléctricas los 3.400 millones cobrados de más constituía un delito de malversación. Interrogó a tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía para archivar el caso poco después.

Los CTC, pues, han caído en el limbo. La proposición no de ley de En Comú intenta ahora resucitarlos, invitando al Gobierno español a aprovechar la vía que abrió un informe elaborado por la Abogacía del Estado en 2012 sobre los CTC. La ley española establece un plazo de cuatro años para reclamar “derechos de la Hacienda pública”, que es la calificación que la Abogacía reconoce para estos costes del sistema eléctrico. Es decir, el plazo para pedir su devolución habría prescrito en junio de 2010, dado que fueron suprimidos en junio de 2006.

Sin embargo, el abogado del Estado plantea recurrir a la Comisión Europea para recuperar esos 3.400 millones de euros. Si Bruselas examina los CTC y concluye que las eléctricas recibieron una compensación excesiva, esas cantidades constituirán una ayuda ilegal. Y tendrían que devolverlas. Según las normas comunitarias, para reclamarlas el plazo es de 10 años. En el caso español, hasta junio de 2020 habría tiempo.

Para compensar inversiones de las eléctricas

Los Costes de Transición a la Competencia se crearon por ley en 1997, cuando el sector eléctrico, hasta entonces completamente regulado por el Estado, se liberalizó. Antes el precio de la luz lo fijaba la ley y, a partir de ese momento, en teoría rige la oferta y la demanda. A fin de compensar a las eléctricas por las inversiones realizadas para afrontar esa “transición”, el Gobierno acordó pagarles un precio fijo de 36,06 euros el megavatio hora. Esa cantidad, hasta un máximo de 11.951 millones de euros, se cargó a la factura de la luz de los 27 millones de consumidores españoles durante esos años. Hasta que en 2006 se suprimieron los CTC por decreto-ley. El Gobierno razonaba que esa compensación generaba distorsiones en los precios de mercado, las hipótesis utilizadas para calcularlos habían quedado obsoletas y las instalaciones donde las eléctricas habían invertido estaban ya amortizadas. Además, en 2005 los precios del petróleo y del gas se dispararon. Las eléctricas estaban cobrando de más.

El problema es que, al suprimir el mecanismo, no se hizo liquidación alguna. Según el citado informe de la Abogacía del Estado, pese a que la norma no hace mención expresa de que deba practicarse una liquidación al desaparecer los CTC, sí que debería haberse realizado por el principio que prohíbe el “enriquecimiento injusto”. En cualquier caso, el cálculo de lo que las eléctricas habían cobrado de más al consumidor lo hizo la Comisión Nacional de la Energía (CNE): unos 3.396 millones de euros.

Sin embargo, ningún Gobierno los reclamó. Ni los de Rodríguez Zapatero ni el de Rajoy. Hubo un borrador de decreto, pero no llegó a ver la luz. La CNE, actualmente integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solicitó a Industria hasta tres veces, en otros tantos informes de 2010, que hiciera la liquidación de los CTC. Sin resultado.

Bruselas ya examinó los CTC en 2001, pero fue incapaz de dictaminar si constituían una ayuda de Estado o no. Eso sí, reclamaba un informe anual sobre su aplicación y eventuales modificaciones. Así que la Abogacía del Estado apunta que, en el caso de que los CTC hayan superado el importe legalmente establecido, la Comisión Europea “podría concluir que dichas eventuales cantidades indebidamente percibidas constituyen una ayuda nueva que no habría sido oportunamente notificada y, por tanto, una ayuda ilegal o una ayuda aplicada de manera abusiva. En consecuencia, podría acordar la apertura de un nuevo proceso de investigación formal” antes de los 10 años de plazo.

El problema para que Bruselas considere ayuda de Estado los CTC parte del hecho, constatado por la propia Comisión en su dictamen de 2001, de que el mecanismo se reducía a “una cuenta abierta por el Estado en la CNE” a través de la cual se transferían ciertas cantidades a las empresas. Un “tránsito” que, según la Comisión, era “esencialmente de naturaleza contable”.

Cuatro condenas, dos multas por no recuperar las ayudas

No obstante, como la Abogacía del Estado no descarta que Bruselas opte por declarar los CTC ayudas ilegales y obligue al Gobierno a recuperarlas, subraya que “el destinatario de la decisión sería el Estado”, no las eléctricas. Y recuerda al Ejecutivo que ya en varias ocasiones anteriores España ha sido condenada por no haber ejecutado órdenes de recuperación de ayudas ilegales en el plazo establecido.

Fue el caso de las llamadas vacaciones fiscales vascas, unas ayudas a las nuevas empresas en el País Vasco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea multó a España en 2014 con 30 millones de euros por no haberlas recuperado a tiempo: fueron 500 millones las ayudas que España tardó en recuperar por completo. 

También fue multada por su escaso celo en conseguir la devolución de las ayudas ilegales concedidas a los astilleros públicos –811 millones de euros desde los años 80– y a la empresa Magefesa –una sanción de 20 millones de euros– por tardar 22 años en recobrarlas.

La última vez que la Comisión Europea le ha exigido a España que recobre ayudas públicas ilegales fue el pasado julio: 140,7 millones de euros concedidos a ADIF para construir un centro de ensayos de trenes de alta velocidad en Málaga. Las instalaciones no llegaron a ser inauguradas.

En el procedimiento por las vacaciones fiscales vascas, el Gobierno español se escudó en la “complejidad” de ejecutar la orden para no recuperar las ayudas ilegales. En el caso de las eléctricas, la Abogacía del Estado previene que las empresas se opondrán a devolver el dinero, alegando que el plazo está prescrito según la ley española. Por lo que recomienda al Gobierno que presente la decisión de Bruselas como “directamente ejecutiva”, tal y como hizo en su día el Gobierno de Navarra para recobrar unas bonificaciones en el impuesto de sociedades declaradas ilegales en 2002 por la Comisión Europea.

El camino, por tanto, está trazado. Sólo hace falta que alguien quiera seguirlo.

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