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PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

CCOO y UGT exigen al Gobierno que no “vacíe de contenido” el Diálogo Social enviando “cerradas” a Bruselas las reformas laboral y de pensiones

Los líderes de UGT y CCOO, Unai Sordo y Pepe Álvarez, con los de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, posan con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explicó este viernes a los periodistas que el Gobierno no ha enviado aún a Bruselas las reformas laboral y de pensiones, dos de los 30 componentes del Plan de RecuperaciónPlan de Recuperación que permitirá a España acceder a los millonarios fondos comunitarios para combatir la crisis del covid, porque quería reunirse antes con los sindicatos y la patronal para comprobar si sus posturas estaban “alineadas”. “Para el Gobierno”, subrayó, “es imprescindible contar con el punto de vista de los agentes sociales, que tienen un papel protagonista en estos ámbitos”. De hecho, repitió que su objetivo es “poner en valor el Diálogo Social” y buscar el “máximo consenso” para garantizar que las reformas sean “eficaces”. Sin embargo, los sindicatos, que acababan de escuchar a cinco ministros adelantando sus planes, salieron de la reunión apercibiendo al Ejecutivo para que no “vacíe de contenido” el Diálogo Social enviando a la Comisión Europea “compromisos muy cerrados que dejen sin oxígeno” las múltiples mesas de negociación abiertas.

Tanto UGT y CCOO como las patronales CEOE y Cepyme se reunieron durante tres horas con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz; Seguridad Social, José Luis Escrivá; Industria, Reyes Maroto, y Hacienda, María Jesús Montero, para conocer cuáles son los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero, se quejaron después, sólo se les proporcionó una “explicación verbal”, no se les mostró ningún documento ni se les revelaron los elementos concretos de esos 30 componentes, que se traducirán en 170 reformas, desde la transición energética y la digitalización de las administraciones públicas hasta la política industrial, la mejora de la Justicia y la movilidad sostenible.

De forma que los sindicatos piden “taxativamente” que se les facilite el “contenido exacto” de los compromisos que el Gobierno va a adquirir con Bruselas. Especialmente los relativos al mercado de trabajo y a las pensiones. “No vamos a hacer actos de fe en esta negociación”, recalcó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien advirtió de que su sindicato “no acompañará ningún proceso de negociación que no tenga márgenes suficientes para definir las políticas laborales y sociales que se establezcan en el Diálogo Social”. En los mismos términos se expresó el líder de UGT, Pepe Álvarez. “Si no hay margen, que no cuenten con nosotros para la negociación”.

La víspera de la reunión, ambos sindicatos anunciaron la convocatoria de movilizaciones en febrero para exigir al Gobierno que cumpla con la agenda de reformas incluidas en el programa suscrito por el PSOE y Unidas Podemos. Lo que incluye la derogación de los “aspectos más lesivos” de las reformas laborales de 2010 y 2012, o la elevación del salario mínimo hasta el 60% del salario medio durante la legislatura. Un día antes, Unai Sordo reclamaba cambios en la regulación del despido que lo dificulten y encarezcan. CCOO y UGT quieren hacerse valer de cara a la futura negociación de las reformas del mercado de trabajo y las pensiones.

Por eso recalcaron que el acceso a los millonarios fondos de la UE no está condicionado a aplicar reformas como las que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, tras el rescate financiero. Y que las reivindicaciones sindicales son compatibles con las Recomendaciones del Semestre Europeo para España. “No se nos exige el recorte de pensiones, sino que exista una relación equilibrada entre gastos e ingresos en el sistema y, si aumenta el coste de las pensiones, no hay una directriz que obligue a reducir el gasto, sino a mejorar los ingresos”, precisó Unai Sordo. También advirtió al Gobierno ante la tentación de ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión, como defiende el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero rechaza Unidas Podemos.

Mientras, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pidió al Gobierno “reformas con prudencia y realismo”, porque cualquier reforma puede “dar al traste el esfuerzo” que están haciendo empresarios y trabajadores para superar la crisis. “La solución ideal no siempre es la mejor”, aseguró, “a veces hay que olvidarse de los ideales utópicos y optar por la realidad que necesita España para salir adelante”.

Calviño defiende la prohibición de despedir en los ERTE

Sobre la reforma laboral, el dirigente de CCOO sólo repitió el “índice de materias” que les había presentado el Gobierno y que “implícitamente”, dijo, apuntan a una corrección de los aspectos más lesivos aprobados en 2012 por el PP: “la recuperación del valor autónomo de la negociación colectiva”, el recorte de la temporalidad a través de la reducción de las modalidades de contrato, “la mejora de la flexibilidad interna”. Ninguna mención concreta a los aspectos ya discutidos en el Diálogo Social sobre subcontratas, prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, ultraactividad de los convenios, descuelgues salariales o reducción de los tipos de contratos.

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Tampoco fue más precisa Nadia Calviño. El Gobierno, esbozó, pretende mejorar la estructura de los contratos y cambiar la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, reducir la dualidad del mercado laboral y modernizar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, hasta un total de 17 reformas. Respecto a las pensiones, no respondió cuando se le preguntó por la ampliación a 35 años del periodo de cálculo, sino que se limitó a citar como prioridades del Gobierno el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema “a corto, medio y largo plazo”. “Unos principios que están alineados con las recomendaciones del Pacto de Toledo”, apuntó.

La vicepresidenta sólo se decantó claramente al hablar del compromiso de mantenimiento del empleo en los ERTE, el punto que está dificultando el acuerdo de sindicatos y patronal para prorrogar este esquema de protección hasta el 31 de mayo. “Nadie duda ni por un segundo”, recalcó, “que el apoyo público tan importante que se ha hecho para financiar las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones a los trabajadores en ERTE no puede servir para abordar despidos más adelante”. La CEOE se opone a que las empresas que solicitan un ERTE tengan que devolver las exoneraciones de cuotas de toda la plantilla si despiden a algunos de sus trabajadores antes de seis meses.

Nadia Calviño anunció que enviará la próxima semana a sindicatos y patronal los documentos y que el lunes y el martes presentará en Bruselas el plan de recuperación español. Pese a los recelos sindicales, también dijo que habrá margen para que el Diálogo Social haga sus aportaciones a las reformas. El mismo martes, las comisiones ejecutivas de CCOO y UGT decidirán el calendario de movilizaciones en febrero, aunque Pepe Álvarez precisó que la campaña no está condicionada por la reunión de este viernes ni ligada a los resultados de la negociación.

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