LUCHA CONTRA EL PARO

Contratos con tarifa plana: ineficaces, caros y perversos

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con los ministros Fátima Báñez y Luis de Guindos, el pasado 28 de febrero en la Moncloa.

No se paró en sutilezas la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando el miércoles, al anunciar la tarifa plana de cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, proclamó que se trata del “impulso a la creación de empleo neto más importante de la historia española”. Tras el Consejo de Ministros donde se aprobó el decreto, auguró que la medida aumentará los 25.000 empleos que, según la OCDE, se crean ya en España gracias a la reforma laboral cada mes. Economistas y expertos académicos, por el contrario, no comparten su entusiasmo. De hecho, coinciden en destacar que este tipo de incentivos a la contratación es, sencillamente, ineficaz: no crean empleo neto. Eso sí, “tarifa plana” es un término que “suena bien”, pensada para un próximo año electoral. Pero que puede poner en riesgo las ya de por sí frágiles cuentas de la Seguridad Social.

Tanto Antonio González, director de gabinete del ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez y miembro de Economistas frente a la Crisis, como Marcel Jansen, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), destacan que con estas medidas se contrata a trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no existiera la subvención. Es el conocido como efecto de “peso muerto”. También se produce el “efecto sustitución”: los trabajadores contratados reemplazan a los no subsidiados, pero no redundan en un aumento del empleo. Es decir, en lugar de contratarse a personas de 30 a 45 años, se emplea a otras de 18 a 29, que sí están bonificadas. Pero no se contrata más; sólo lo necesario.

Los resultados perversos de estos incentivos los describe un estudio que el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Luis Toharia dirigió en 2007. Pero los suscriben todos los expertos consultados por infoLibre. Es más, subrayan que generalizar las bonificaciones aumenta los efectos no deseados. Por el contrario, los incentivos sólo son útiles cuando se seleccionan colectivos muy concretos de trabajadores. “No se puede bonificar a todos los jóvenes ni a todos los mayores de 45 años”, explica Antonio González. La atención debería centrarse en los parados de larga duración y en los menos cualificados, continúa Marcel Jansen. En suma, en quienes tienen más dificultades para encontrar un empleo.

Sin embargo, la tarifa plana puede terminar subvencionando la contratación de quienes menos problemas tienen para salir del paro. “Cuanto mayor sea el salario del trabajador, mayor será el ahorro de cotizaciones que consigue el empresario, por lo que serán los empleos más cualificados, quienes menos ayuda necesitan, los beneficiados”, advierte la profesora de Economía Inmaculada Cebrián, que también participó en el estudio de Luis Toharia.

El coste para la Seguridad Social

Según los datos manejados por el Ministerio de Empleo, para un trabajador con un sueldo anual de 20.000 euros, la rebaja de cotizaciones será de 7.000 euros durante los dos años que permite el decreto. Si se trata de empresas de menos de 10 empleados, el ahorro se elevará a 9.300 euros.

Los números no están tan claros cuando se trata de adivinar cuál será el coste de esa rebaja para la Seguridad Social. La ministra aventuró que no habrá “pérdida” para el sistema, porque las cotizaciones que no ingresarán las empresas las pagarán los nuevos contratados. No está de acuerdo el portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, quien cifró en 6.000 millones de euros la cantidad que dejará de ingresar la Seguridad Social en dos años. Antonio González recuerda que sólo una reducción de un punto en las cotizaciones equivale a 3.000 millones de euros.

El año pasado se firmaron en España un total de 1,13 millones de contratos indefinidos, incluidos los temporales convertidos en fijos –a los que también beneficia la tarifa plana–. Claro que no todos ellos supusieron la creación de empleo neto o podrían acogerse a ahora a los nuevos incentivos. Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2013 sólo se beneficiaron de las bonificaciones 49.735 contratos indefinidos, un escaso 4,38%. De los temporales –un total de 13,65 millones–, apenas 148.916 incluyeron incentivos: el 1,09%. Esos 6.000 millones son una cantidad desorbitada: este año el presupuesto de Empleo para bonificaciones es sólo de 1.222 millones. El ejercicio en que más dinero se gastó el Estado en incentivos a la contratación fue 2007 –en pleno auge económico–, y no se superaron los 3.263 millones de euros. Por establecer una comparación, con las nuevas cuotas sobre las retribuciones en especie –los vales de comida–, decididas hace apenas un mes, el Gobierno prevé una recaudación adicional de sólo 900 millones de euros.

En cualquier caso, Marcel Jansen rechaza que sea “el contribuyente quien pague la contratación de un trabajador”. Más aún cuando el propio Gobierno prevé que la Seguridad Social siga en déficit, por lo menos, hasta 2016. En 2103 terminó con unos números rojos de 13.000 millones de euros. Ha perdido tres millones de cotizantes desde que comenzó la crisis.perdido Y el Ejecutivo no se ha cansado de vender la necesidad de topar la subida de las pensiones, desvinculándolas del IPC, por el peligro que corre un sistema con cada vez menos activos –cotizantes– y más jubilados. En resumen, ha controlado el gasto al tiempo que reduce los ingresos.

“Si es una medida para fomentar el empleo, ¿por qué tiene que ser a cargo de la Seguridad Social y no de los Presupuestos del Estado?”, se pregunta el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. UGT critica que la medida esté “hecha a medida de los empresarios”. La CEOE ha sido casi la única que ha dado la “bienvenida” al decreto del Gobierno, como a “toda iniciativa que suponga un menor coste” para las empresas. También aplauden los autónomos de ATA, que auguran la creación de 1.000 empleos más al día gracias a la medida.

Lo poco que duran los contratos indefinidos

La tarifa plana tiene aún más zonas oscuras. Podrán aplicarla las empresas que no hayan despedido en un plazo de seis meses antes de la contratación. González y Cebrián creen que es muy poco tiempo. En las actividades con variaciones estacionales, como la hostelería o el turismo, se contrata en temporada alta y se despide en la baja, sólo unos meses después. Además, únicamente tendrán que ingresar el 100% de la cotización perdonada en caso de que despidan al trabajador bonificado durante el primer añoperdonada. Si le echan el segundo, deberán pagar el 50%. Si lo hacen el tercer, únicamente el 33%. La garantía de permanencia es aún más débil si se tiene en cuenta que la indemnización por despido objetivo –20 días por año– de un trabajador con sólo tres años de antigüedad es de 3.287 euros, tomando de nuevo como referencia los 20.000 euros de sueldo anual utilizados por Fátima Báñez. La subvención que el empresario recibe por ese trabajador en dos años más que duplica esa cifra. También le compensa si tiene que devolver el 50%.

El estudio de Toharia ya lo constató en su día. “Vimos que el contrato desaparecía cuando desaparecía la bonificación”, explica Inmaculada Cebrián. Los indefinidos que más duran, asegura, son las conversiones de temporales en fijos: al cabo de dos años, aún seguían vivos el 60%. Ese porcentaje corresponde a 2009. Con la crisis, es muy probable que sea menor. Porque los contratos indefinidos en España “son cada vez menos indefinidos, resultan más bien de duración indeterminada, desde luego no permanentes”, destaca la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. A su juicio, la causa de esa inestabilidad es la estructura productiva y sectorial de la economía española, no la legislación laboral. Lo explica el mayor peso de los servicios, el turismo, el comercio y la hostelería, que priman el recurso al contrato temporal. “Y eso no se arregla tocando los contratos, sino con una política industrial”, concluye.

Los contratos con descuento como medida para crear empleo no son nuevos, desde luego. La han practicado todos los gobiernos. El del PP eliminó en julio de 2012 los incentivos generalizados; sólo salvó de la quema los destinados al contrato de apoyo a los emprendedores –creado por la reforma laboral–, a los discapacitados y las víctimas de violencia de género, así como a las sustituciones por maternidad, los contratos de formación y la conversión en indefinidos de contratos formativos y en prácticas. También sobrevivieron las ayudas a los autónomos.

Sin embargo, el vacío duró poco. Siete meses después, en febrero de 2013, el Gobierno aprobó nuevas bonificaciones: de hasta el 100% si el contratado tiene menos de 30 años, de 500 euros al año si se transforma el contrato temporal de un joven en indefinido, y del 50% para contratos en prácticas. Y, exactamente un año más tarde, el Ejecutivo añade aún más incentivos al catálogo que él mismo había desmontado.

Improvisando y con vaivenes

“España sigue repitiendo los errores del pasado”, diagnostica el investigador de Fedea, que echa en falta una “estrategia, global, coherente y bien diseñada”, enfocada en los parados con mayores dificultades de colocación, aquellos que corren el riesgo de perder para siempre la conexión con el mercado laboral. “Aquí sólo se improvisa y con vaivenes”, critica el economista holandés. En parecidos términos se manifiestan el resto de las personas consultadas. “Desesperación y falta de ideas”, detecta Antonio González. “[El Gobierno] sabe que no se crea empleo y lo regala”, lamenta Inmaculada Cebrián. Jansen lo corrobora: “Sólo piensan en medidas a corto plazo, de efecto inmediato, con la vista puesta en las elecciones”. “Pero el medio plazo se nos echa encima y empezamos a destruir empleo otra vez…”, advierte Cebrián. Las estadísticas revelan que el trabajo que se crea es temporal y a tiempo parcial, cada vez más precario. En el último año, por el contrario, se han destruido 777.100 empleos fijos, según CCOO.

El investigador de Fedea, en cuyo patronato están presentes las principales empresas y bancos españoles, propone, en lugar de “medidas rápidas en el BOE”, dedicar “todos los recursos posibles” a mejorar la empleabilidad de esos colectivos difíciles, “diseñando subvenciones a su medida y proporcionándoles atención individualizada” en los servicios públicos de empleo. Lo mismo cree Antonio González. “Hay que destinar el máximo posible a formación para los trabajadores con mayores problemas de recolocación. Aunque sean medidas cuyos efectos no sean inmediatos. “Habrá que empezar cuanto antes a aplicar soluciones que tardan en dar resultado”, aconseja, “y el Ejecutivo ya lleva dos años de retraso”. También la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han apremiado al Gobierno español en repetidas ocasiones –la última, el pasado enero– para que refuerce las denominadas políticas activas de empleo, la formación para parados. El pasado miércoles Rajoy anunció una “reforma integral del modelo de formación profesional para el empleo”. Pero no dio más detalles.

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