Energía nuclear

Endesa e Iberdrola aplazan la petición de reabrir Garoña para presionar en la reforma eléctrica

La subida de la luz revela las trampas del sistema que fija los precios

Las empresas propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Endesa (50%) e Iberdrola (50%) no solicitarán la licencia para reabrir la instalación hasta que el Gobierno aclare qué piensa hacer con el mercado eléctrico, convertido en un caos tras la suspensión de la subasta trimestral Cesur en diciembre. El plazo para solicitar la licencia de actividad finaliza el 6 de julio. Fuentes empresariales del sector sostienen que el sistema esbozado para las tarifas eléctricas será un caos inasumible. Temen que ese mismo caos se traslade al diseño del nuevo mercado mayorista (pool), lo que podría convertir en inviable cualquier proyecto de reabrir la central nuclear de Garoña, algo en lo que está empeñado el Ejecutivo.

Una carta de Iberdrola al Ministerio de Industria  de principios de año (10 de enero, con fecha de entrada en el registro el 13 de enero) recoge la lista de demandas de la empresa en lo que se refiere al sector nuclear: eliminación de tributos nucleares; reducción de costes por gestión de residuos; extensión de la vida útil de las centrales a 60 años; eliminación de ecotasas autonómicas y, en general "la reducción de la presión regulatoria sobre la actividad nuclear".

Mientras se prepara el pulso, más intenso a medida que pasa el tiempo, los empleados de la central de Garoña (277), trabajan para mantener la instalación en condiciones de reapertura si llega el caso, según confirman las empresas propietarias. La instalación, la más antigua de España, está parada desde diciembre de 2012.

Garoña es una de las seis centrales (con ocho reactores) con que cuenta el parque nuclear, que produce en torno al 19% de la electricidad y supone un 7% del total de la capacidad de generación instalada en el país.En julio de 2013, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, firmó la orden de cese de explotación de la central burgalesa por motivos económicos, lo que mantenía la posibilidad de reabrirla en el futuro.

Fue la respuesta del nuevo Gobierno del PP a la decisión del anterior Ejecutivo socialista, adoptada en 2009, de no prorrogar la vida útil de la instalación más allá del 6 de julio de 2013.

Nuevos impuestos

Endesa e Iberdrola explicaron que los nuevos impuestos aprobados por Industria para las nucleares hacían inviable la explotación. Suponían, explicaron, 153 millones sólo en nuevas tasas, más otros 120 millones en exigencias de seguridad. Unas cantidades que superaban incluso el capital de la sociedad conjunta que explota la central, Nuclenor. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lo argumentó en la polémica conferencia de prensaconferencia de Londres en la que anunció que sólo un 15% de las inversiones previstas por la empresa en los próximos años tendrían España como destino.

Sánchez Galán lo explicó asÍ: "el negocio de generación pierde dinero, la producción española pierde dinero. Por tanto, cuando hablan vamos a bajar la retribución a las nucleares, yo digo que primero habrá que tener beneficio para bajarlo. Las nucleares de Iberdrola perdieron dinero el año pasado. Y está auditado y se lo he dado al secretario de Estado de Energía. Entonces, si pierden dinero ¿qué va a ocurrir? Como pasó en Garoña, se terminarán cerrando".  "Yo creo" remachó Sánchez Galán "que en Garoña si nos hubieran hecho caso de que aquella central perdía dinero, no se hubieran tomado las medidas que tomaron que le hicieron acelerar el cierre".

Más allá de 2019

Pero aunque el pulso está en marcha y es probable que se endurezca, hay indicios de por dónde discurren en realidad los planes de Adminsitración y de empresas. En un reciente acto, el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Francisco López, confirmó que Nuclenor está realizando un estudio de viabilidad. "Probablemente si solicita la reapertura será por un plazo superior a 2019 para poder amortizar las inversiones y gastos que suponga la continuidad operativa", explicó López.

Todo dependerá de cómo acabe la reforma eléctrica planteada por Industria. Las empresas creen que los cambios adelantados para reformar el mercado mayorista no podrán ser aplicados. En todo caso, una hipotética decisión para prolongar la vida útil de la central más allá de 2019 debería estar fundamentada en informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que no estarían listos antes del final de la legislatura.

Sobre la incertidumbre en el mercado eléctrico, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha destacado la complejidad de los cambios  que propone Industria. En su último informe , la CNMC sostiene que "la nueva fórmula complica la elaboración de las facturas al comercializador y la comprobación de la misma al consumidor, al incorporar 1.480 valores (horas de dos meses). Por ello, se considera insuficiente el plazo de un mes previsto en el RD (por Industria) para la adaptación de las comercializadoras".

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