Escrivá acusa al PP de querer un nuevo recorte de pensiones: “Los jubilados no se merecen ese desprecio al rigor técnico”

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acusado al PP de haber aprobado los recortes de pensiones incluidos en la reforma de 2013 para justificar después ante la Unión Europa y pensando en las elecciones de 2016 la bajada de impuestos diseñada en 2014 y puesta en práctica un año después. “Esto es el IRP [Índice de Revaloración de las Pensiones, pero se atreven a decírselo a los pensionistas”, abundó Escrivá, “aunque Mariano Rajoy sí que lo dijo el otro día, que se iba a montar una huelga impresionante”. El ministro se refería a la intervención del expresidente del Gobierno en la convención del PP, cuando instó a Pablo Casado a volver a reformar las pensiones, aunque sea una decisión impopular.

José Luis Escrivá afeó al Partido Popular que quiera recuperar la reforma de 2013 que, de haber seguido en vigor, habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas del 40% en 20 años, según los cálculos del Banco de España que expuso desde la tribuna. “Es una barbaridad, un disparate, que no hace nadie en el mundo”, subrayó, para recordar después que fue el propio Gobierno del PP el que dejó de aplicar la reforma en 2018. Las protestas multitudinarias de los jubilados en las calles y la necesidad de ganarse el poyo del PNV para aprobar los Presupuestos del Estado llevaron a Rajoy a suspender la aplicación del IRP –que cuasicongelaba la subida de las pensiones en un 0,25%– en 2018 y de retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. Ambos constituían los mecanismos estrella de aquella reforma que se aprobó con los únicos votos del PP, como también aprovechó el ministro para recordar una y otra vez.

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad por la que piden la devolución del proyecto de ley del Gobierno y reivindican la reforma de las pensiones de 2013 que, según dijo en el hemiciclo el diputado popular Tomás Cabezón Casas, “subió las pensiones un 16% sin renunciar a la sostenibilidad”. Pero sólo ha conseguido el respaldo de Vox, por lo que la iniciativa ha sido rechazada. El proyecto de ley de Escrivá ha recibido también abundantes críticas, pero ningún partido ha salido a apoyar a los populares. 

Cabezón Casas ha acusado al ministro de prescindir del Parlamento y de “burlar” la tramitación ordinaria de un proyecto de ley, así como de ocultar el mecanismo de equidad intergeneracional que va a sustituir al derogado factor de sostenibilidad. Según destacó, Escrivá no ha querido presentar ese nuevo diseño a sindicatos y patronal este pasado lunes, “para no tener que debatirlo en la Cámara hoy” porque el recorte que infligirá a las pensiones será “peor” que el de 2013. El Gobierno y los agentes sociales tenían previsto reunirse el día 27 para abordar la segunda fase de la reforma de las pensiones –la primera terminó en un acuerdo el pasado julio que se ha materializado en el proyecto de ley a discusión–, pero la cita se pospuso al 4 de octubre.

Además, destacó que el mecanismo de equidad, “la medida más importante”, se va a introducir en la nueva ley de pensiones “por la puerta de atrás, vía enmienda”, puesto que se traducirá en un recorte de las pensiones. “Pero [el ministro] no se atreve a decirlo”, zanjó. Tomás Cabezón dijo que el ministro le recordaba mucho a Pedro Solbes, anterior ministro de Economía socialista, incluso no dudó en tacharlo de “trilero”y de “converso de la política, de los que intentan hacer más méritos que los propios socialistas para defender lo indefendible”. “Añoramos al Escrivá de la AIReF [que presidió de 2014 a 2020], el metódico, el que cuadraba cuentas y analizaba los proyectos de ley”, atacó.

Pensionistas como rehenes

El ministro no le ha contestado en ninguna de estas cuestiones, pero sí ha reprochado al PP que esté sometiendo a los pensionistas actuales y futuros a la “política de tierra quemada”, y “una vez más” los hayan “cogido como rehenes”. “Ese desprecio al consenso y al rigor técnico no se lo merecen los pensionistas”, concluyó José Luis Escrivá.

El representante del PNV, Íñigo Barandiarán, también arremetió contra el PP por su enmienda a la totalidad, que tildó de “rabieta” por la derogación del factor de sostenibilidad, que es, dijo, la “clave” de la iniciativa popular. El diputado vasco, quien reivindicó el papel de su partido en la suspensión del IRP y el factor de sostenibilidad en 2018, puso el foco en el cambio de discurso del PP: “En los debates del Pacto Toledo admitieron que se reformularan el IRP y del factor de sostenibilidad, y ésa fue una actitud ejemplar”, recordó a los populares, “¿por qué ahora esto? No me parece correcto, ni admisible ni propio de ustedes, que son un partido serio, que aspira a gobernar”. Sobre el “cambio de estrategia, que no de fondo” del PP con su recuperación de la reforma de 2013 centró su atención también el diputado del PDeCAT Genís Boadella Esteve.

En el proyecto de ley del Gobierno, Ciudadanos echa en falta igualmente la “parte nuclear”, el mecanismo de equidad generacional, que el ministerio está negociando con los agentes y sociales y debe quedar pactado antes del 15 de noviembre. María Muñoz Vila coincidió con el PP y el PDeCAT en que el Ejecutivo “burla” al Congreso con la tramitación de la reforma “por fascículos”, pero rechazó apoyar la enmienda de los populares porque carece de propuesta alternativa. Su reproche al Ejecutivo fue que pactara “con una mano” la sostenibilidad y, con otra, la derogación de la reforma laboral con Bildu. “El mejor factor de sostenibilidad es no pactar con Bildu, Esquerra y Unidas Podemos”, terminó.

Recados al Gobierno

Íñigo Errejón disparó, sin citarlas, contra las últimas y controvertidas declaraciones de Escrivá al instar al Gobierno a dejar de lanzar “globos sonda” para ocuparse en solucionar “el problema estructural de las pensiones”. De hecho, minutos antes, el ministro había intentado dejar claro que España no necesita cambiar su edad legal de jubilación, “es adecuada y suficiente”. “Lo he defendido en todos los foros y os repito aquí”.  El diputado de Más País atribuyó la enmienda del PP a la “falta de empatía” de sus miembros. “Como no les afecta, porque pueden suscribirse un plan de pensiones privado, votan a favor de que lo que en definitiva es un empobrecimiento de los pensionistas”, resumió.

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ERC, por su parte, igualó sus ataques a derecha e izquierda, acusando a PP y PSOE de ser “cómplices” en materia de pensiones y de ofrecer un “relato falso” sobre la sostenibilidad del sistema. Ambos, dijo Jordi Salvador i Duch, han “saqueado” la caja única de las pensiones “durante décadas”, la “vaca lechera” que ha servido para financiar el estado del bienestar, con las cotizaciones sociales. Por eso pidió una auditoría de la Seguridad Social. A su juicio, el problema de las pensiones es una presión fiscal “insuficiente sobre las rentas altas” y una presión fiscal sobre el capital “bajísima”.

La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco preguntó a los populares cuánto poder adquisitivo habrían perdido los pensionistas si continuara en vigor el IRP de la reforma de 2013 teniendo en cuenta que la inflación ha llegado al 4% en septiembre. Y reclamó una subida de las pensiones mínimas en los próximos Presupuestos, al tiempo que mandó un recado al ministro Escrivá expresando el rechazo de su grupo a ampliar la edad de jubilación y aumentar los 35 años en que ahora está fijado el periodo de cálculo de la pensión. Su socio de gobierno censuró la enmienda del PP por su “falta de rigor”, además de atacar la reforma de 2013 por el “desasosiego” que produjo en los pensionistas. “Esos recortes en las pensiones de hasta el 40% en 20 años conculcan la Constitución”, que exige que las pensiones sean “suficientes”.

Finalmente, Vox dirigió sus críticas al Pacto de Toledo, “que engañó a los españoles, porque no garantiza la sostenibilidad de las pensiones”. Pablo Sáez Alonso-Muñumer aseguró que no hay dinero para pagarlas con las cotizaciones a la Seguridad Social, atacó las transferencias del Estado a la Seguridad Social y destacó las cifras de déficit público y deuda pública. “Hay que elegir: o gastamos para los españoles, o para los políticos”, resumió, Su solución, según apuntó, consiste en reducir el gasto público recortando el Estado de las Autonomías.