LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Gobierno insiste en excluir al personal laboral de la Administración de la ley del teletrabajo y dibuja una línea roja para los sindicatos

El teletrabajo se ha multiplicado por culpa de la pandemia.

Gobierno, sindicatos y patronal reanudarán en septiembre las negociaciones sobre el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que quedaron suspendidas el pasado día 3 sin acuerdo. El Ministerio de Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales una nueva redacción del texto, a la espera de que sea la definitiva. Según las fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, el documento apenas incluye modificaciones menores sobre el anterior, ha añadido algunas de las peticiones de los sindicatos –el carácter reversible del teletrabajo– y la patronal –el control de las obligaciones laborales del teletrabajador–, pero mantiene la exclusión del personal laboral de la Administración del ámbito de la ley. Y ésa es una línea roja para UGT y CCOO que impedirá el acuerdo.

Según el borrador que está sobre la mesa, el trabajo a distancia será siempre voluntario y reversible, tanto para el trabajador como para la empresa. Todos los gastos que origine serán sufragados por ésta. No podrá ocasionar ningún perjuicio en el sueldo, la jornada laboral, las posibilidades de formación o de ascenso del empleado. Para que sea considerado teletrabajo, deberá realizarse durante un mínimo del 20% de la jornada durante un periodo de tres meses, un porcentaje –equivale a un día a la semana– que la patronal considera demasiado pequeño. 

Empresa y trabajador tendrán que firmar un acuerdo por escrito, bien en el momento de suscribir el contrato inicial, bien después. Las condiciones en que se prestará esta modalidad de trabajo se establecerán en dicho acuerdo o en el convenio colectivo. Además, en ese documento se hará un inventario de los equipos, consumibles y muebles necesarios para trabajar en remoto, que la empresa suministrará y de cuyo mantenimiento se hará cargo. Finalmente, si un empleado se niega a trabajar a distancia o no se adapta al nuevo sistema o vuelve al trabajo presencial, no podrá ser despedido.

A petición de la CEOE, el Gobierno ha aceptado esta vez que las empresas tomen medidas de vigilancia y control para comprobar que el trabajador cumple sus obligaciones laborales, aseguran las fuentes consultadas. También deberá existir un registro horario del momento en que empieza y acaba cada jornada, además de garantizarse el derecho a la desconexión digital. Pero no podrá registrarse cuándo se enciende y apaga el ordenador, por ejemplo, un punto que habían sido exigido los sindicatos.

Otra novedad respecto a la redacción anterior es la prioridad que se reconoce a los trabajadores en remoto para ocupar vacantes presenciales en la empresa.

Sin embargo, el ministerio mantiene fuera del ámbito de la ley al personal laboral de la Administración, cuyas condiciones y derechos están regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Los de los funcionarios, en cambio, se negocian en la Mesa General de la Función Pública. Y éstos pasan a disfrutarlos también los empleados laborales de las administraciones por una especie de efecto dominó. Sin embargo, los meses que tarden en llegar a un acuerdo los sindicatos y la Administración en esa Mesa General pueden ser muchos, lo que deja al personal laboral sin regulación ninguna durante un tiempo que los sindicatos temen excesivo.

El borrador del anteproyecto de ley sólo precisa que, en ese plazo, estos empleados públicos quedarán regulados únicamente por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que no es más que una disposición genérica. Con la agravante de que el personal laboral de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas sí tienen reconocidas las condiciones del teletrabajo desde hace años. Sólo quedaría en el limbo legal, por tanto, el personal laboral de la Administración General del Estado.

Del 6% al 26% por culpa del covid

La rapidez con que la pandemia está forzando cambios en las condiciones de trabajo apremia a los negociadores. El porcentaje de personas que teletrabajan en España se ha elevado del 6% al 26% durante la crisis del coronavirus, según un estudio elaborado por Fotocasa Research. El perfil del trabajador a distancia es alguien de unos 40 años, que vive en una capital de provincia –el 43%– y gana entre 1.500 y 2.000 euros al mes –el 18%–. El reparto entre mujeres y hombres está muy equilibrado. En comparación con el conjunto de la población, quienes teletrabajan tienen mayores ingresos, son más jóvenes y tienen un nivel de estudios superior a la media En términos territoriales, el peso relativo de Madrid y Cataluña entre los teletrabajadores es muy superior al que les correspondería por su población a ambas comunidades autónomas.

Una encuesta, elaborada por Infojobs, destaca también que, con la pandemia y tras el confinamiento, ha aumentado el porcentaje de españoles que responde llamadas fuera del horario laboral, del 62,5% al 67%. Además, el 11% de los encuestados dice que trabaja más horas y un 10,5%, que necesita estar conectado a todas horas.

En todo caso, antes del coronavirus, España era de los países de la Unión Europea donde menos se teletrabajaba. Al menos con los datos de 2018, sólo practicaban esta modalidad de trabajo el 7,5% de los españoles, mientras que el 20,8% de los británicos se aplicaban en sus casas. Los holandeses, los que más, llegaban al 38,4%. De hecho, hasta ahora, el trabajo en remoto era una actividad ocasional en España. Según un estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONTSI), dependiente del Ministerio de Economía, hasta el 19% de los españoles habían teletrabajado al menos una vez en 2018, pero sólo el 6% lo habían hecho todos los días; los británicos, en cambio, un 33% durante una jornada y un 9% todo el año.

Sin embargo, el confinamiento y los rebrotes están multiplicando en España la opción del trabajo en remoto. Una encuesta de la Generalitat Valenciana realizada en abril elevaba hasta el 34% el porcentaje de teletrabajadores en esa comunidad autónoma. Es decir, casi cinco veces que la media de 2018.

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