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LUCHA CONTRA EL PARO

El Gobierno recupera en año y medio las subvenciones a los contratos que suprimió por ineficaces y costosas

Báñez presume del éxito de una reforma laboral que la oposición ve “campeona de la precariedad”

A los siete meses de llegar al poder, el PP eliminó casi todas las subvenciones a los contratos. Entonces el Gobierno justificó su desaparición en las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), que destacaban la “escasa eficacia” de las bonificaciones a la contratación e instaba a concentrarlas en quienes tienen más dificultades para encontrar un trabajo. Así, sólo sobrevivieron las subvenciones para contratar a discapacitados, jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia doméstica y autónomos.

El mismo decreto de 13 de julio que suprimió las bonificaciones –de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad– situaba estos incentivos entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos que, por tanto, debían eliminarse para reducir el déficit. También admitía en la exposición de motivos que las subvenciones a los contratos habían “perdido relevancia” gracias a la reforma laboral, aprobada por el Congreso sólo siete días antes.

Sin embargo, ese vacío duró poco. Siete meses. Entre febrero y julio de 2013 otro real decreto y la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor redujeron el 100% de la cuota empresarial en los contratos de formación a tiempo parcial para menores de 30 años. Además, eximía de esa cuota a las empresas de menos de nueve trabajadores o a los autónomos que contrataran a jóvenes y a los autónomos de menos de 30 años que emplearan a mayores de 45. Un año más tarde, Mariano Rajoy anunció en el Congreso la tarifa plana de 100 euros para contratos indefinidos. Y en julio de 2014 se crearon subvenciones para contratar a mayores de 16 y menores de 25 años, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Hace menos de tres meses, de nuevo aprovechando el Debate sobre el estado de la Nación, Rajoy publicitó una nueva tarifa plana para la contratación indefinida, esta vez de 500 euros. La anterior, que había sido prorrogada tres meses, terminaba su plazo de vigencia en marzo.

Ya en plena precampaña electoral, el Gobierno siguió creando nuevas subvenciones: en abril amplió los incentivos para que los autónomos contraten a familiares, también para los contratos de las empresas de la economía social y los centros especiales de empleo. Finalmente, el pasado día 5, Empleo prorrogó las bonificaciones para trabajadores fijos discontinuos.

De 441 a 1.614 millones en tres años

El caso es que una medida de eficacia cuestionada, y suprimida en aras del ajuste fiscal, ha resucitado y con brío. Las subvenciones son de dos tipos: bonificaciones y reducciones. Las cuotas a la Seguridad Social bonificadas al empresario son cubiertas por transferencias del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). En cambio, las reducciones son cuotas que deja de ingresar la Seguridad Social; por tanto, tienen un impacto en sus cuentas. Hay que recordar que la Seguridad Social cerró 2014 con un déficit de 1.202 millones de euros, el 1,06% del PIB. Y la previsión del Gobierno para este año es del 0,6%, 600 millones.

Pues bien, si en 2012, el año de la supresión de los contratos con descuento, sólo las reducciones supusieron para la Seguridad Social un recorte de ingresos de 441,66 millones de euros, en 2014, año de la primera tarifa plana, la cifra casi se duplicó, hasta alcanzar los 784,49 millones. Pero este ejercicio, según consta en los presupuestos de la Seguridad Social, el agujero se cuadruplicará respecto a 2012, alcanzando los 1.614,82 millonesagujero.

Además, esa cantidad superará por primera vez la cantidad prevista para bonificaciones, 1.500 millones de euros. Así, aunque la cantidad destinada a este último tipo de incentivos se ha reducido respecto a 2012, su importe sumado al de las reducciones –un total de 3.114,82 millones– sobrepasará asimismo la partida de ese año y duplicará la de 2013.

Campeones europes en subvenciones masivas a los contratos

En cualquier caso, la euforia con que el Gobierno se ha aplicado a recuperar los contratos subvencionados tiene plazo de caducidad. El Programa Nacional de Reformas, presentado a Bruselas el 30 de abril, prevé “evaluar y reordenar” tanto bonificaciones como reducciones. “Se trata de conocer la eficacia de tales medidas de apoyo a la contratación y su impacto presupuestario”, explica el texto. La consecuencia de ese trabajo será “modificar su regulación para aumentar su impacto o incluso eliminar” algunas de ellas. Esa evaluación no llegará hasta el segundo trimestre de 2016.

“Es dinero contante y sonante fácil de publicitar”, explica Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cuando se le pregunta por la querencia de los sucesivos gobiernos por esta herramienta. Felgueroso considera un “error insistir en una medida” que se ha probado ineficaz. Recuerda que las “subvenciones masivas” a los contratos comenzaron en 1997 con el primer acuerdo del Gobierno de José María Aznar con los sindicatos, y que desde entonces España “bate el récord” dentro de Europa. Ningún otro país de la UE, excepto Bélgica y Suecia, concede, utiliza con tanto entusiasmo este instrumento.

Para Enrique Martín, adjunto a la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, bonificaciones y reducciones son un ejemplo de la política “errática”, atenta únicamente a la coyuntura y al corto plazo, que sigue el Gobierno en materia de empleo. El sindicato cifra en 3.000 millones el coste para los ingresos de la Seguridad Social que tendrá la tarifa plana en sus dos años de vigencia. Y acusa al Ejecutivo de “utilizarlos electoralmente”.

“Ningún efecto en el aumento del empleo ni en la reducción del paro”

En efecto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cifró en 235.363 personas los contratos indefinidos que se habían acogido a la tarifa plana de 100 euros hasta abril. Además, no duda en atribuir el aumento de los contratos fijos en 2014 a las subvenciones. Los investigadores del mercado laboral no pueden estar menos de acuerdo: con estos incentivos se contratan trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no hubiera existido la subvención. Lo llaman “efecto de peso muerto”. Hasta la propia Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, a cuyo dictamen se remitía el Gobierno para argumentar la supresión de las bonificaciones, lo corrobora. “No producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”, concluye en su informe.

“Sólo en el 7,7% de las empresas encuestadas el incentivo ha fomentado la contratación”, explica la AEVAL. En otro 16,2% la empresa ha tenido en cuenta tanto el perfil del trabajador como la bonificación, añade. “Lo que apunta a la existencia de un efecto sustitución”, advierte, puesto que la empresa ha preferido al trabajador bonificado frente a otro con el mismo perfil aunque sin descuento. Pero el dato fundamental es que ocho de cada 10 empresas contrataron a un candidato porque tenía el perfil adecuado al puesto, sin tener en cuenta la subvención.

De modo que las recomendaciones de la AEVAL se resumen en una: restringir los descuentos en las cuotas a la Seguridad Social a colectivos muy específicos de trabajadores y a tamaños de empresa muy determinados, “preferiblemente combinando ambos criterios”. De hecho, el informe constata que la importancia dada a las bonificaciones aumenta al disminuir el tamaño de la empresa: en cuatro de cada 10 pymes importa mucho, frente a sólo de cada 10 grandes compañías.

Ese parecía ser el criterio del Gobierno cuando eliminó los descuentos el verano de 2012. Pero la premura estadística y electoral ha forzado un nuevo rumbo. La tarifa plana, la medida más ambiciosa y cara, no tiene limitación alguna ni respecto a los trabajadores a los que va destinada ni al tamaño de la empresa que lo contrata. Lo deja claro el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas: “No se contempla límite alguno de edad u otras circunstancias respecto a los trabajadores a contratar, ni tampoco en cuanto a las dimensiones de las empresas que pueden beneficiarse de las reducciones”.

La vía rápida, mejor que los resultados lentos de la formación

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“Es una forma encubierta de reducir los costes de las empresas”, apunta Enrique Martín. Florentino Felgueroso no entiende por qué se subvenciona a las empresas, en lugar de hacerlo directamente al trabajador, a través de “bonos de formación”, por ejemplo, como hacen los países nórdicos. Tampoco por qué hay que hacerlo “vía impuestos”, puesto que las bonificaciones se cubren con una transferencia del SEPE que también pagan, en definitiva, los contribuyentes. “Ni los trabajadores”, ironiza, “saben que sus contratos han sido bonificados, son medidas que el Gobierno tiene que anunciar electoralmente para que se enteren”.

El investigador de Fedea, en cuyo patronato se sientan las principales compañías y bancos españoles, cree que la clave está en por qué el Ejecutivo “no avanza en la otra parte de las políticas activas de empleo”, la formación, orientación y recualificación profesional, así como la mejora de la intermediación laboral. “Es más complicado desarrollarlas y funcionan más lentamente”, contesta, “y ya llevamos un retraso considerable”. Felgueroso critica el recorte, superior al 30% sufrido por el presupuesto dedicado a las políticas activas desde que gobierna el PP. “No se ponen recursos ni medios humanos”, censura. La partida destinada al SEPE se limita a cubrir el pago de prestaciones y Empleo despide a 3.000 orientadores profesionales, mientras se opta por la “vía rápida” de subvencionar a las empresas, protesta.

Por su parte, el dirigente de CCOO se pregunta por qué no se han evaluado aún los resultados de las bonificaciones que empezaron a aplicarse en 2013. Y por qué el Gobierno prefiere subvencionarlo “todo: indefinidos, temporales, a tiempo parcial…”, en lugar de invertir en investigación y desarrollo, por ejemplo. El Ministerio de Empleo lo explicaba en la memoria económica del decreto que creó la tarifa plana: “Es una herramiento a corto plazo que busca un efecto inmediato”.

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