"Viven de los impuestos pero no los pagan": estas son las propuestas de la Plataforma Contra los Fondos Buitre

Blackstone, el fondo buitre que se ha hecho de oro en España gracias al ladrillo tóxico y a la burbuja del alquiler.

Aumento de la deuda pública, devaluación de los servicios públicos y encarecimiento de la vivienda. Son sólo algunos de los efectos de los llamados fondos de inversión especulativa. Hablamos de empresas como KKR o Blackstone, cuya compra de grandes paquetes de inmuebles tras la crisis de 2008 "ha incrementado la deuda pública en 35.000 millones de euros".

Así figura en el estudio Fondos buitre: los nuevos amos presentado este miércoles por la Plataforma Contra los Fondos Buitre. En él se incluyen una serie de medidas para proteger los servicios sociales básicos frente a estos grandes entramados empresariales. La plataforma ha propuesto blindar los derechos sociales en la Constitución, ya que entienden que la salud, la vivienda, el trabajo, la educación o las pensiones no pueden quedar fuera del sistema público "dependiendo en exclusiva de la inversión privada". Asimismo han anunciado el desarrollo de un borrador de ley que permita regular la especulación con la deuda pública, así como impedir la entrada de los fondos buitre en los sectores básicos.

"Nuestro objetivo es fortalecer la plataforma para poder hacer una mayor presión", ha explicado su portavoz, José Ibarra. "Si durante la pandemia hubiera habido unos servicios sociales fuertes, el nivel de la desgracia no habría sido tan elevado", ha agregado.

La plataforma ha propuesto "implementar una fiscalidad justa y progresiva" que permita un mayor seguimiento de las actuaciones en paraísos fiscales de estos grandes conglomerados empresariales. Tal y como han recordado los autores del estudio, estos fondos invierten principalmente en servicios públicos, como la sanidad, la educación, la vivienda o la deuda, para luego dejarlos más empobrecidos. "Actúan por lo general en periodos de cinco años, en los cuales tienen que proporcionar a sus clientes el máximo beneficio posible por el mínimo coste", lo cual empobrece los recursos públicos y el grado de los servicios, según ha explicado el abogado Manuel Gabarre. "Aquí se genera una paradoja, ya que estos fondos viven de los impuestos al tiempo que no los están pagando", de modo que, lejos de generar riqueza, tan sólo "parasitan recursos públicos".

En materia de vivienda la plataforma ha planteado una ampliación de la oferta pública "de manera que pueda llegar a amplias capas de la sociedad", con una regulación complementaria en el precio de los alquileres, "ya que la vivienda es un bien de primera necesidad".

Para una mejora del sistema sanitario, la plataforma ha ideado diferentes medidas. En primer lugar una derogación de la ley que permite el desembarco de las empresas privadas en la sanidad pública, para lo que se tendría que hacer especial hincapié en "impedir la entrada de los fondos buitre en cualquier ámbito del sistema sanitario público". También han propuesto una modificación en la Ley de Transparencia, lo cual permitiría "garantizar el acceso pleno de la ciudadanía a la información sobre los procesos de compraventa de los hospitales concesionados a los fondos buitre", según se detalla en el informe.

La residencias de mayores también se han tenido en cuenta, ya que su gestión está directamente relacionada con los fondos de inversión. La plataforma ha propuesto en este sentido un aumento del número de residencias públicas, hasta alcanzar por lo menos el 50% del total. Igualmente, han creído necesario un mayor nivel de inspección y control por parte de la administración pública que garantice "la adecuada calidad asistencial de las personas mayores".

Desde un enfoque ecológico, han propuesto promocionar "un cambio radical en el sistema eléctrico", tanto a nivel nacional como europeo. Según el estudio, esto permitiría lograr una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y erradicar la pobreza energética.

Por último, los autores del estudio creen necesario la derogación del artículo 135 de la Constitución, el cual "prioriza el gasto de la deuda por encima del gasto social".

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