La opa del BBVA sobre el Sabadell, una oligarquía financiera que aún puede hacerse más poderosa

“Si lo dejamos a las fuerzas del mercado, solo quedará un banco en España”. Con esta frase, pronunciada el pasado uno de abril en un encuentro de Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, resumía su visión sobre la OPA que el BBVA mantiene sobre su entidad, y que en próximas fechas encarará su etapa final. Pero no se trata, como afirmó en su momento el exministro de Economía Rodrigo Rato, de un juego de mercado, sino más bien de un inacabable proceso de concentración en el que las élites financieras, la política y el Estado han jugado un papel difícil de ignorar. Los datos lo muestran. 

Oliu, catedrático de Economía y exponente de una burguesía catalana que, como ha afirmado el periodista Manel Pérez, gran experto en este ámbito, siempre ha anhelado un gran banco regional para su tejido industrial y comercial, resiste apoyado por patronales y think tanks como el Círculo de Economía y Foment del Treball. También por formaciones políticas como Junts, Esquerra Republicana y el PSC, que tiene a Salvador Illa al frente de la Generalitat catalana, y a David Vegara, exsecretario de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero, en el consejo y en la dirección de riesgos de la entidad. 

Dichos riesgos son evidentes, por mucho que el BBVA quiera enmascararlos: menos sucursales y profesionales, especialmente en municipios donde aumentará la exclusión financiera. Por mucho que la consultora Deloitte, la principal encargada del proyecto de fusión entre ambas entidades, asegure que el ahorro de 850 millones de euros por ‘sinergias’ se vaya a deber mayoritariamente a las economías de escala tecnológica, se trata también de un problema de rentismo, y de generación de beneficios a cambio de nada. En una economía financiarizada como la española, el beneficio cierto y a corto plazo es un vector central de las decisiones; no en vano, los accionistas con mayor influencia en ambos bancos son fondos de inversión o gestoras de activos sin arraigo local alguno: Blackrock tiene más de un 3% en ambas y solo es una de las grandes marcas financieras implicadas.  

Poco ha podido hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, un regulador que ha dado el visto bueno a la OPA y al proyecto de la mal llamada fusión a cambio de una serie de promesas temporalmente asumibles. La Comisión Europea ha dado también su apoyo a esta absorción, una operación que va en dirección contraria a las fusiones transfronterizas que, según el ‘Informe Draghi’, fortalecerían Europa. Más exigente ha sido el gobierno, pero sus restricciones son solo de carácter temporal y han sido recurridas ya al Tribunal Supremo por el BBVA. 

Para el profesor de finanzas de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Laborda, se trata de un despropósito: “El gobierno debería prohibir este proceso de concentración. Si quieres tener más fuerza en Europa, necesitas bancos transnacionales, y esto que se quiere hacer es todo lo contrario. Se crean así grandes bancos subsidiados, los ‘too big to fail’, oligopolios que básicamente extraen rentas, y que cuando hay subidas de los tipos de interés no las trasladan a los depósitos”.  

Cuando la concentración es la norma 

Pero la historia de la concentración de la banca no comenzó precisamente con esta OPA. La cúpula del Sabadell, coaligada contra la absorción, ha aprovechado los últimos años y décadas para absorber tejido financiero: como documenta el analista empresarial Roger Vinton -autor de libros como ‘La telaraña catalana’ y ‘La telaraña azulgrana’-, en sus intestinos se encuentran entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el Banco Atlántico, el Banco Herrero, el Urquijo, el Guipuzcoano y el Gallego.  

No se queda atrás el BBVA. El antaño banco de las élites industriales vascas quedó unificado en 1988 tras haber engullido Banca Catalana. En plena etapa de euforia financiera y reconversión industrial, intercambió consejos y consejeros con el gobierno felipista, que le adjudicó la banca pública estatal, Argentaria, presidida por un directivo del Vizcaya, Francisco Luzón, compañero en dicho banco del ministro plenipotenciario Carlos Solchaga. 

A partir de 1996, y tras la derrota electoral de los socialistas, una oportuna revelación periodística cambió el signo político del banco. La publicación de un escándalo financiero que solo fue juzgado a medias, el de las cuentas de los consejeros del BBVA en las Islas de Jersey, permitió que un personaje ajeno a la banca, el bróker gallego Francisco González, designado por el presidente José María Aznar como primer ejecutivo de Argentaria, se hiciera con el control, en 2002, del BBVA, entonces el segundo banco por detrás del Santander. Fuera del cotarro quedaron los consejeros de Neguri y aquellos afines a la década y media de gobierno socialista. Cabe añadir, como curiosidad, que uno de los principales asesores de los consejeros investigados ejerció, en 2001, de secretario de Estado de Hacienda y, por tanto, de mano derecha de Cristóbal Montoro, un gran experto en metamorfosis fiscales. 

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El poder bipartidista en el seno del BBVA no iba a cambiar a partir de entonces. En el año 2005 ardió el edificio Windsor y con este evento y la acción de un policía casi siempre ubicuo se evaporaron las últimas esperanzas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recuperar la influencia sobre el banco. El gobernador del Banco de España durante la etapa de ascenso al BBVA de Francisco González, Jaime Caruana, es en estos momentos consejero de la entidad. La gestión de Francisco González se extendió prácticamente hasta el final de la segunda década del dos mil, cuando Carlos Torres, un ejecutivo procedente de la consultora McKinsey, le sucedió en el trono.  

Al manifiesto apoyo estatal al BBVA se debe añadir una gran carrera por el tamaño posterior a la digestión de Argentaria: en su haber están también antiguas cajas de ahorro catalanas, como Caixa Catalunya y el consorcio Unnim, resultante de fusionar entidades regionales como las de Manlleu, Sabadell y Terrasa. Tragarse al Sabadell extendería aún más la red catalana del BBVA, provocando redundancias, y, posiblemente, que la marca vallesana terminara despareciendo, como así lo hicieron las del Central o del Hispano, dos casos de fusiones que se convirtieron en digestiones lentas. 

La mal llamada fusión entra en su etapa final en este otoño que tanta tormenta promete. Los accionistas del Sabadell, a los que la cúpula ha prometido un reparto espectacular de 2.500 millones de euros tras la venta del banco TSB al Santander, parecen convencidos de que la defensa del tejido económico catalán es el mejor mantra para la victoria. Expertos como Laborda lo ven de otro modo: “Estas fusiones solo benefician a las distintas cúpulas. A falta de uniones transfronterizas, optaría por la solución de Roosevelt en los Estados Unidos: la de trocear bancos; solo así se podrá evitar una nueva crisis financiera”.