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CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Pacto de Toledo acuerda enterrar el mecanismo de subida de las pensiones creado en la reforma de 2013

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

La Comisión del Pacto de Toledo está más cerca de un acuerdo sobre cómo deben revalorizarse las pensiones, pero aún le queda recorrido para cerrarlo. Según los diputados consultados por infoLibre, la base en que todos están de acuerdo, incluido el PP y Ciudadanos, es que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) –creado en la reforma de 2013 y que desde entonces se ha traducido en una subida mínima anual del 0,25%– debe desaparecer en su actual diseño, que lo liga a la existencia o no de déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

En su lugar, debe recuperarse el IPC como elemento central del nuevo mecanismo que se formule para actualizar las pensiones, han acordado también todos los grupos. Ésa es la fórmula que permitirá a las prestaciones conservar el poder adquisitivo, otro punto donde ya no hay discusión, aseguran los diputados.

No obstante, las diferencias se mantienen en torno a las propuestas que pretenden “modular”, dicen unos, “rebajar”, oponen otros, la subida de las pensiones según varíe el IPC. El diputado del PDeCAT Carles Campuzano redactó un borrador de la segunda recomendación del Pacto de Toledo –en total son 22–, que recogía los debates mantenidos en la comisión y sobre la que los diputados han hecho “comentarios, añadidos, enmiendas, borrones…”. La propuesta incluía el IPC como ingrediente “medular”, pero “con capacidad de adaptación al ciclo económico”, precisa Campuzano a este periódico. Es decir, añadiéndole otros elementos como la productividad y los salarios. En principio, también planteaba subir sólo las pensiones mínimas según el IPC en los años de recesión y aumentar todas las prestaciones de acuerdo con el IPC, o incluso por encima, en tiempos de auge económico.

Sin embargo, esa “modulación” con otras variables o adaptación al ciclo económico no fue aceptada ni por el PSOE ni por Podemos, que defienden que el IPC sea siempre el parámetro con que se suban las pensiones y rechazan cualquier componente –como los citados– que pueda ser usado para rebajarlas.

Finalmente, el PNV presentó una nueva propuesta: que fuera el Gobierno el que introdujera esos posibles parámetros adicionales –PIB, productividad, salarios– pero con el acuerdo previo de los agentes sociales, patronal y sindicatos. En ese punto PSOE y Podemos estaban dispuestos a ceder, Ciudadanos se sentía a gusto, e incluso el PP. “No se ha cerrado nada”, explican tanto Campuzano como el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo. “Estamos en el limbo”, corrobora el diputado de Compromís Ignasi Candela. La representante del PSOE, Mercé Perea, apoya que el respaldo de sindicatos y patronal se lleve después al Pacto de Toledo y cree que esa fórmula permitirá “desencallar” los debates sobre la desaparición de uno de los elementos fundamentales de la reforma de las pensiones de 2013, atrayendo al PP.

Del Campo respalda una recomendación “lo suficientemente abierta como para que puedan incorporarse a ella el PP y Podemos”. Además, rechaza volver al IPC – lo que aumenta el gasto del sistema y pone en peligro su equilibrio, apunta–, “sin revisar las otras 21 recomendaciones” del Pacto de Toledo. Ciudadanos no se opone a tocar otros elementos del sistema para contener el gasto, incluso “la edad de jubilación, acelerando la reforma de 2011 [que estableció el aumento progresivo a los 67 años hasta 2027]”. Según Del Campo, pese a que “todos los grupos” parecían sentirse “cómodos” con el regreso al IPC vinculado a “otros parámetros consensuados con los agentes sociales”, faltan aún los “detalles”. “La música nos suena bien, pero hay que garantizar el equilibrio del sistema, con más ingresos o moderando el gasto”, recalca.

El portavoz del PP en la comisión, Gerardo Camps, precisa que habrá un nuevo IRP en el que el peso recaerá sobre la inflación, en lugar de sobre el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social como hasta ahora. Pero ese equilibrio queda igualmente garantizado, asegura, al figurar “en el texto de la recomendación”, aunque desaparezca de la fórmula. Que, en todo caso, debería incluir no sólo la productividad y los salarios sino también las cotizaciones a la Seguridad Social. “Es lógico que con un crecimiento económico del 3%, las pensiones suban más”, dice ahora el diputado popular. Según explica, es posible pagar la subida de las pensiones al ritmo del IPC “profundizando en la separación de fuentes de forma gradual”; es decir, cargando a los Presupuestos del Estado los gastos de gestión de la Seguridad Social, también los complementos de maternidad, detalla. Además, plantea como nuevas fuentes de ingresos la subida de las cotizaciones del régimen agrario y la conversión de las reducciones de cuotas con que se incentivan la contratos indefinidos en bonificaciones, que se pagan también del Presupuesto. Por el contrario, se opone a destopar las bases máximas de cotización, que considera “confiscatorio”.  

En la comisión sigue siendo motivo de disputa si los pensionistas deben también soportar sacrificios en tiempos de recesión. Gerardo Camps cree que sí, “que deberían hacer un esfuerzo, al igual que los funcionarios, por ejemplo”, con excepción de las pensiones “más bajas”, que deberían siempre subir de acuerdo con el coste de la vida. En cambio, los grupos de izquierda se oponen a que se dé un trato distinto a los pensionistas dependiendo del ciclo económico y en función de la cuantía de su prestación. 

El IPC y poder adquisitivo

Hasta ahora, el Gobierno y el PP han defendido el IRP –y la subida mínima del 0,25% de las pensiones en los últimos tres años– como el garante de la sostenibilidad de la Seguridad Social. El IRP es una fórmula que liga el alza anual de las pensiones a las cuentas del sistema, a la diferencia entre los ingresos –básicamente las cotizaciones sociales– y los gastos –las prestaciones–. Si la Seguridad Social cierra un ejercicio en déficit, las pensiones sólo pueden subir un 0,25%. Si acaba con superávit, mejorarán el IPC más un 0,50%. Como el sistema lleva en números rojos desde 2012, las pensiones no han crecido más que un 0,25% desde que comenzó a aplicarse la reforma, en 2014. Según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Seguridad Social no volverá a cuadrar sus cuentas al menos hasta 2022. Es decir, si la inflación aumenta en los términos habituales en España, en torno al 2%, los pensionistas no dejarán de perder poder adquisitivo en los próximos años.

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El Gobierno sostiene que hasta el momento no lo han hecho porque la inflación ha sido mínima, incluso negativa algunos años, debido a la recesión económica. Aunque depende de cómo se mida el alza de los precios: si se utiliza el IPC medio, las pensiones sólo perdieron una décima de poder adquisitivo desde 2014, pero si se emplea el IPC anual, la merma es nueve veces superior a la manejada por el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno defiende que ese freno a la subida de las prestaciones le ha permitido ahorrar hasta 3.348 millones de euros desde 2014, según explica en la revisión del Programa de Estabilidad que envía periódicamente a Bruselas.

En cualquier caso, las multitudinarias protestas de los pensionistas en las calles estos últimos meses han forzado al Ejecutivo y al PP a cambiar su discurso. Hasta el punto de que parecen dispuestos a eliminar el índice de la reforma de 2013 e incluso volver al IPC, pese a las repetidas declaraciones de Mariano Rajoy en contra de vincular a la inflación la subida de las pensiones. No sólo ha introducido cambios puntuales en los Presupuestos del Estado –un aumento de las mínimas de un 3%–, sino que se prepara para aceptar medidas permanentes, incluyendo un órdago a su propia reforma de las pensiones.

No obstante, Gerardo Camps niega que el PP y el Ejecutivo hayan cambiado su posición sobre la revalorización de las pensiones. “No se vuelve al IPC, sino que se pide al Gobierno que diseñe otro mecanismo, previo acuerdo de los agentes sociales”, apunta, que no podrán tener derecho de veto: si no consiguen pactarlo, el Ejecutivo decidirá qué nuevo IRP aplica. Tampoco se vacía de contenido la reforma de 2013, ni siquiera por el retraso de cuatro años en la puesta en marcha del factor de sostenibilidad: “No se ha derogado, como pedían los grupos, sino que se ha asumido, sólo se demora su entrada en vigor”.

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