El futuro de las pensiones

"Las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles. Son un derecho"

Ponentes del acto '¿Es sostenible el sistema de pensiones?', moderado por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

Analistas, políticos y sindicalistas se dieron cita este viernes 23 de febrero en el Centro Cultural Galileo de Madrid para contestar a una pregunta, siempre de actualidad pero esta semana de gran relevancia, habida cuenta de las movilizaciones en 90 ciudades de toda España este jueves: ¿Es sostenible el sistema público de pensiones? Cabe replantearse la pregunta, como explicaba el director editorial de infoLibre y moderador del encuentro, Jesús Maraña, ante la sugerencia de uno de los lectores de este periódico, hacia otra distinta: "¿Quieren los españoles que sus mayores cobren una pensión digna?".

"Demos por hecho que claro que es sostenible el sistema público de pensiones", reivindicó el periodista, que añadió que las manifestaciones de esta semanas tienen "una trascendencia muy importante". "Dependiendo de cómo vayan las cosas, me gustaría ver un germen de un nuevo 15M, o 22F, en defensa de las pensiones públicas y, por tanto, del sistema de Bienestar", añadió.

Planteada la base del debate, iniciativa del Observatorio de la Sostenibilidad y de la Asociación Cultural de Malasaña, los ponentes expusieron su punto de vista sobre el futuro de las pensiones en España desde dos ámbitos: el del diagnóstico y el de las soluciones. Hubo varias coincidencias, a pesar de la distinta procedencia de los intervinientes: las reformas en el sistema de 2011, impulsada por el PSOE, y de 2013, impuesta por el PP, añadieron precariedad, crearon un agujero y recortaron en capacidad adquisitiva de los jubilados. El modelo neoliberal, apuntaron, ha incidido en la necesidad de recortar el gasto, es decir, las prestaciones: sin embargo, es necesario poner sobre la mesa la capacidad del Estado de aumentar sus ingresos con diversas medidas, entre las que se incluye una reforma fiscal profunda y redistributiva.

El diagnóstico

Comenzó el turno de intervenciones el economista Norberto Marchesano, perteneciente al grupo de trabajo sobre Seguridad Social y Pensiones del Círculo 3E, que puso algunas cifras sobre la mesa para ilustrar la magnitud de la cuestión: el déficit de la caja única de la Seguridad Social en 2017 fue de 18.000 millones de euros. "Es una situación crónica que no se puede resistir y que se ha cargado la hucha de las pensiones", afirmó el experto.

La famosa hucha, el fondo de reserva de la Seguridad Social destinado, en teoría, a garantizar el futuro de las prestaciones, se ha quedado en mínimos: una situación citada en numerosas ocasiones como ejemplo de la mala gestión que ha derivado en una supuesta "insostenibilidad"que, según los analistas que se citaron este viernes, no es tal. "A mí no me gusta el término sostenibilidad porque no hablo de por qué se puede sostener o no, sino que hablo de derechos básicos de la ciudadanía. Las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles. Las pensiones son un derecho", reivindicó la abogada de Comisiones Obreras Alicia Gómez.

El vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis y ex secretario de Empleo en el Ejecutivo de Zapatero, Antonio González, desgranó las dos principales medidas de la reforma del PP en 2013 y sus consecuencias, perceptibles sobre todo a medio plazo. En primer lugar, la introducción del Índice de Revalorización (IR), para calcular la subida anual de las pensiones, y que sustituyó a la habitual –y común en países de nuestro entorno– subida a la par que el Índice de Precios al Consumo. Plantea una subida mínima del 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en déficit, y una máxima del IPC más 0,5% en caso de superávit de Hacienda. Por otro lado, el Factor de Sostenibilidad, una fórmula que ajusta la pensión inicial de un jubilado a la esperanza de vida.

El economista dio un dato que levantó un pequeño grito de sorpresa e indignación entre los asistentes: si esos dos criterios se mantienen, en 2050 "van a producir una caída enorme de las pensiones. Una pensión actual de 1.000 euros va a quedar reducida a 400 euros. Al salario que ahora le corresponden 1.000, en ese año le corresponderán 400", puntualizó.

González hizo hincapié en los factores demográficos que la gestión política futura de las pensiones debe tener en cuenta. Habló de la generación del baby boom (nacidos entre los 50 y principios de los 70), que "ha estado trabajando 40 años. Que ha impulsado el desarrollo del país, la riqueza, el gran salto en el progreso del país. Precisamente porque era muy grande, nos ha hecho ricos porque éramos muchos trabajando". Y si los baby boomers han estado aportando durante tanto tiempo, ¿a dónde se ha ido el dinero que han estado cotizando, y que ha permitido disfrutar de superávit a la caja de la Seguridad Social? "Todo ese dinero que sobraba se ha ido utilizando para otras cosas, otro tipo de gastos decididos políticamente", explicó, como la sanidad, mantenida hasta los 90 con el sobrante. Al problema demográfico se le suma, coincidieron, la destrucción de trabajo fruto de la crisis, que ha reducido los ingresos de la caja hasta quedar en déficit.

El análisis de la situación actual también incluyó a los que está dejando fuera el sistema de pensiones. A pesar de ser contributivo, en el que recibe quien ha aportado durante su vida laboral, una expulsión del mercado a edades cercanas a las de la jubilación puede resultar fatal. Así lo explicó Carol Ruiz White, bióloga y oceanógrafa senior en paro desde 2012. "Tengo 57, mi drama es aún mayor. Somos un colectivo invisible al que se nos discrimina por nuestra edad", explicó, que sufre "bajas expectativas de derecho a la jubilación" y que, en caso de ser mujer, el problema se acentúa debido a la brecha salarial y a la grave incidencia del paro femenino. "Este sistema es maléfico, deja a mucha gente en el camino (…).Una persona que a los 50 la expulsen del mercado y que lleve años trabajados no va a cobrar nada. Tiene que buscarse un negocio o suscribirse a un subsidio especial", denunció, por su parte, el funcionario de la Seguridad Social y Ernesto Sales, que es además cofundador de la plataforma Salvemos las Pensiones, una de las convocantes de las manifestaciones del pasado jueves en toda España.

Las soluciones

Hay soluciones. El sistema debe ser y es sostenible. Pero hay falta de voluntad política, denunciaron los ponentes. Para que funcione, reivindicó Gómez, hay que desterrar la idea de que debe ser exclusivamente contributivo. "¿Por qué la caja única de las pensiones debe estar basada solo en la contribución si estamos hablando de un derecho  fundamental?", se preguntó. “Para hablar de una proporción entre lo que cotizas y lo que te van a pagar tiene que haber una economía saneada, y eso no existe". La necesidad de introducir impuestos para sufragar el gasto de las pensiones en España fue defendida por la totalidad de los intervinientes. "Con un incremento del 1% en la presión fiscal se conseguiría" pagar el aumento en las pensiones que se prevé, según cifras citadas por Ernesto Sales.

La clave está, aseguran, en aumentar los ingresos, como alternativa al recorte en los gastos que defiende el PP y que implementó en la reforma de 2013. El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero explicó los cálculos que hacen sostenible, por esa vía, el sistema, teniendo en cuenta el crecimiento en el PIB español que calcula la propia Seguridad Social y que hizo llegar a los miembros de la comisión en el Congreso. Eliminando el tope máximo a la contribución, aumentando los ingresos fiscales con una reforma "para equipararnos a la media de presión de la Unión Europea" e instaurando un plan de choque contra la precariedad "se podrían financiar” de cara a 2050. "Sostenible es, viable es, solo hay que demostrar voluntad política. Y eso se demuestra en las calles", defendió.

Montero coincidió con las propuestas formuladas por Marchesano, que en el blog Luces Rojas de infoLibre ya adelantó cuáles son sus recetas para aumentar los ingresos de la caja, reducir el déficit y mantener derechos. El experto propone la supresión de los topes máximos de cotización; financiar con cargo a los Presupuestos las reducciones y bonificaciones como incentivos a la contratación, así como los gastos de personal de la Seguridad Social, como cualquier otro ministerio; mejorar el régimen de los autónomos; luchar contra el fraude; atender a través de transferencias –y no mediante préstamos– las necesidades de liquidez puntuales del sistema; y volver, como era antes de 2013, a la revalorización mediante el IPC.  "Lo más importante es solucionar este déficit. Coinciden en ellas tanto Podemos como UGT y Comisiones, pero hay que aplicarlas ya. Luego, todo lo que viene en el futuro, partido a partido, como diría Simeone", defendió.

El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, cerró el acto defendiendo "la fuerza y el protagonismo" de la sociedad civil, demostrada claramente en las calles el pasado jueves, y "la pinza que puede articularse con medios de información verdaderamente independientes". Estos medios, aseguró, pueden y deben impulsar y dar eco a esas iniciativas para frenar "el desmantelamiento del Estado del Bienestar" y para rechazar "debates tramposos" sobre el futuro del sistema de pensiones. "Ese impulso cívico es el que puede forzar a las formaciones progresistas a actuar para lograr un cambio político", añadió. El camino ya está marcado gracias a un debate como el de este viernes, "necesario y oportuno" a juicio de Maraña y, seguramente, el primero de muchos para atajar un dilema falso: las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles, son un derecho protegido por la Constitución.

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