GESTIÓN PÚBLICA

El Tribunal de Cuentas destapa el descontrol en las subvenciones para reactivar las comarcas mineras

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa.

El Tribunal de Cuentas ha desvelado el descontrol que sufren las millonarias subvenciones públicas destinadas a reactivar las deprimidas comarcas mineras del carbón en España. Los 1.786 millones de euros asignados a los Planes del Carbón entre 2006 y 2017 “carecían de los elementos esenciales para surtir los efectos” de lo que debería haber sido un esquema estratégico, ya que no definían “ni objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos”, ni cuantificaban el impacto que se esperaba conseguir.

De hecho, las deficiencias de esos planes eran tales que incluían iniciativas que “no se concretaron en ninguna actuación” ni siquiera se gastaron los recursos a ellas consignados, como es el caso de las medidas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera previstas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, o las medidas de apoyo a la formación y para seguridad en los trabajos de minería del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018.

Además, las irregularidades y las deficiencias de control interno salpican la actividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), dependiente ahora del Ministerio para la Transición Ecológica y encargado de gestionar las subvenciones, así como de los ayuntamientos y fundaciones que las recibían.

De forma que de unos planes iniciados en realidad en 1990 no se ha realizado hasta el momento ninguna evaluación de eficacia. Pero la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas revela que el grado de ocupación de las infraestructuras financiadas con estas subvenciones –en polígonos industriales, por ejemplo– es “reducido” e incluso algunos edificios dotacionales –como residencias de ancianos– en los que se invirtieron fondos públicos no están siquiera en uso. El tribunal concluye que su análisis de los planes expone, por tanto, “una gestión escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos”.

Así, el informe del Tribunal de Cuentas explica también que el número de sociedades constituidas por habitante en Asturias, León y Teruel, las zonas beneficiadas por las ayudas públicas, es menor en las zonas mineras que en las no mineras, al menos en cifras absolutas. En términos relativos, no obstante, sólo entre 2009 y 2011, el número de nuevas sociedades fue “ligeramente superior”, coincidiendo con algunas convocatorias de subvenciones. Sobre el empleo generado, el informe asegura que su aumento no se puede relacionar “única y directamente” con las ayudas, al tiempo que descarta que éstas hayan mitigado la despoblación de las áreas subvencionadas.

El órgano fiscalizador critica la “excesiva ambigüedad y falta de rigor” de la regulación legal de las subvenciones al carbón. Lo que permitió “múltiples deficiencias” a la hora de justificar la ejecución de las obras por parte de los beneficiarios. El informe encontró “incidencias” en la justificación del 51% de los convenios que analizaron sus auditores. Si a esa laxitud legal se le une la falta de medios técnicos y humanos del Instituto para la Reestructuración de la Minería –cuatro funcionarios para gestionar las ayudas de infraestructuras y 12 para las ayudas a proyectos empresariales–, el resultado no sólo son retrasos en la tramitación de un año y siete meses de promedio, y hasta tres años en algún caso, sino también una considerable inseguridad jurídica.

Alcaldes que presiden fundaciones y cobran ayudas

Entre las muestras de control inadecuado de los fondos públicos, el tribunal detalla las irregularidades descubiertas en algunos ayuntamientos. El IRCM concedió una subvención de 509.000 euros al Ayuntamiento de Berga (Barcelona) en 2007 a través de un convenio que firmó con la Generalitat de Catalunya. Su fin era adquirir un “edificio plurifuncional” y rehabilitarlo. Con ese dinero, el consistorio compró un inmueble a una fundación privada de la que era presidente el alcalde la localidad. En Espiel (Córdoba), la subvención ascendía a 5,48 millones de euros y debía destinarse a infraestructuras en su polígono industrial. Las obras se realizaron, pero en una zona fuera del perímetro que constaba en el proyecto presentado al IRMC.

En 2009 la Junta de Castilla y León recibió 600.000 euros para comprar dos camiones para extinción de incendios, una actuación no incluida en la lista de las financiables con este tipo de ayudas. Pero es que, además, el dinero sirvió también para comprar tres vehículos todoterreno, por 62.384 euros, que no habían sido mencionados en el proyecto presentado al IRMC. Y que se mandaron a León, un municipio que queda fuera de las comarcas mineras de la provincia. Con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de La Robla (León) el Instituto para la Reestructuración de la Minería firmó entre 1997 y 2010 un total de cinco convenios para desarrollar y ampliar suelo industrial. El Tribunal de Cuentas ha sido incapaz de “reconstruir la pista de auditoría de la ejecución y justificación” de las cinco subvenciones, destaca en su informe, por la falta de documentación aportada por el ayuntamiento.

Otra de las anomalías frecuentes se refiere a que los consistorios no son propietarios de los terrenos sobre el que se ejecutan las obras subvencionadas. Ocurrió en Puertollano (Ciudad Real), cuyo ayuntamiento percibió un total de 12,33 millones de euros para construir un palacio de congresos y exposiciones y “recuperar entornos mineros”, además de otros seis millones para construir un parque urbano rehabilitando escombreras de carbón. Los terrenos sobre los que se iba a construir el palacio de congresos no eran de propiedad municipal, sino que el ayuntamiento los adquirió a dos empresas en una fecha posterior a los convenios que firmó con el IRMC.

Todas las irregularidades de la residencia de ancianos de Fernández Villa

Pero el mayor cúmulo de irregularidades se produjo en la construcción de una residencia de ancianos en Aller (Asturias). Para su construcción, el instituto concedió 30,91 millones de euros al Montepío y Mutualidad de la Minería AsturianaMontepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, una mutualidad con 16.000 miembros cuyo presidente en 2009 era José Antonio Postigo, exsecretario de Acción Sindical del sindicato minero SOMA-UGT detenido en 2017 junto a su secretario general José Ángel Fernández Villa, por desvío de fondos. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012: precisamente el origen del dinero que habían ocultado a Hacienda, 1,2 millones de euros, lo sitúa la Guardia Civil en el proyecto de la residencia de Aller. La que fue bautizada como Operación Hulla se encuentra aún pendiente de resolución en los tribunales, que han imputado a ambos sindicalistas. El Tribunal de Cuentas ha examinado ahora el expediente de las subvenciones a petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Según su informe, la ayuda pública se otorgó pese a que no se había elaborado ningún estudio técnico que justificara la necesidad de subvencionar la residencia, para 297 residentes y con biblioteca y centro hidrotermal. Fue construida entre 2009 y 2012 y en la actualidad es explotada por una empresa, La Residencia SL, participada al 100% por el Montepío. Además, se concedió la subvención a esta mutualidad, pese a que este tipo de entidades tiene vedada la actividad objeto de la ayuda, destaca el tribunal. El montepío tampoco era el dueño de los terrenos –que tenían la calificación de “rurales de uso agropecuario– e incluso carecía de licencia de obra.

El IRCM financió el 100% del proyecto, que el montepío encargó construir a una empresa sin concurso público. La constructora, Alcedo de los Caballeros, presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaron al contrato, firmado nueve meses antes de que el instituto suscribiera el convenio para subvencionarlo. Para rematar la lista de anomalías, la subcontratación de la explotación de la residencia a la sociedad propiedad del montepío se hizo sin autorización, indica el Tribunal de Cuentas. El montepío no tuvo reparo en enviar al IRCM facturas procedentes de otras residencias propiedad del montepío –posee un apartahotel en Roquetas de Mar (Almería), un complejo de viviendas en Los Alcázares (Murcia) y un balneario en Ledesma (Salamanca)– y de la empresa que explotaba la de Aller, por un total que superaba el millón de euros, para que se las pagase.

Es más, el coste total de la construcción ascendió a 32,48 millones de euros, casi 1,5 millones por encima del coste inicialmente previsto, y el montepío incluso reclamó al IRMC 3,3 millones de euros al saldar el convenio en 2011. Según un informe emitido por el Ministerio de Hacienda, los costes de construcción por residente y metro cuadrado fueron en la residencia asturiana entre un 31% y un 61% superiores a otras similares, y los gastos generales y beneficio industrial del proyecto se elevan al 51%, cuando la ley no permite que se supere el 20%. Sin embargo, las calidades de la obra son inferiores a las que figuraban en el proyecto.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas critica que la residencia se dedique al termalismo para el público en general, porque el hecho de haber sido subvencionada al 100% supone un trato de favor respecto a los proyectos privados que compitan con ella. Pero es que aun abriendo sus puertas a no mutualistas su grado de utilización deja bastante que desear: no ha alcanzado el 30% de su capacidad. El IRMC está personado en el proceso penal abierto por este caso como perjudicado.

Fundaciones sin ánimo de lucro que construyen infraestructuras

A juicio del Tribunal de Cuentas, las múltiples irregularidades destapadas en la residencia asturiana no son más que una muestra de los problemas que ocasiona subvencionar a entidades sin ánimo de lucro para construir infraestructuras.

En concreto, menciona los casos de la Fundación Tecnológica y Formativa en Alimentación (Futeca), que recibió en 2011 un total de 523.415 euros para una planta piloto I+D en el centro de formación profesional de industrias cárnicas de Mieres (Asturias). Pero que se emplearon para comprar maquinaria de la industria cárnica por un importe 100.000 euros superior. La factura fue emitida por una empresa cuyo administrador único era también el presidente de Futeca. El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ni advirtió esta infracción legal ni pidió la devolución de la ayuda.

En Villablino (León), el IRMC subvencionó a la Fundación Sierra Pambley con 3,5 millones de euros la construcción de un centro residencial, albergue y guardería, que ahora está abierto al público en general, lo que para los auditores del tribunal supone una ventaja competitiva frente a sus competidores. A la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma), el IRMC le concedió 3,67 millones de euros para adecuar varios de sus edificios. La fundación se los ha alquilado por un periodo de 20 años al Principado de Asturias; es decir, está desarrollando una actividad empresarial, resalta el informe.

El Tribunal de Cuentas recrimina al IRMC que, pese al largo listado de anomalías, no haya impulsado “suficientemente” las reclamaciones para que le sean devueltas las subvenciones mal ejecutadas. De hecho, asegura que algunas no se podrán recuperar ya tras haberse declarado la caducidad de los procedimientos de reintegro por transcurrir el plazo legal sin resolución. Además, tampoco ha abierto el IRMC ningún procedimiento para sancionar a las entidades y particulares que han cometido faltas graves o leves.

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