INVESTIGACIÓN

España y Portugal obvian a los científicos y cierran los ojos ante la sobrepesca en el Mediterráneo y el golfo de Vizcaya

Llegada de un barco pesquero en Sanlúcar de Barrameda.

Harald Schumann (Investigative Europe)

Los gobiernos de España y Portugal quieren aumentar la pesca en aguas del Mediterráneo y el Atlántico de la Península Ibérica en 2022 por encima de las cantidades que permiten la Comisión Europea y sus asesores científicos para evitar la amenaza de sobreexplotación pesquera. Así lo indican los informes internos sobre las negociaciones que se desarrollan en el Consejo de la UE sobre cuotas legales de pesca, obtenidos por el equipo de periodistas de Investigate Europe. Según esos documentos, los dos gobiernos no quieren que los pescadores españoles del Mediterráneo occidental reduzcan las capturas con las especialmente dañinas redes de arrastre para proteger las especies que habitan en el fondo, como la merluza del Mediterráneo, el salmonete o la gamba roja. Tampoco aceptan una reducción, de entre una quinta parte y la mitad, de las capturas de merluza del Atlántico sur y de lenguado del Golfo de Vizcaya a fin de protegerlas de la sobrepesca. Y se oponen a que cese completamente la pesca de la cigala frente a las costas españolas y el norte de Portugal, y sustancialmente en el Golfo de Cádiz.

Los ministros de Pesca de la UE se reunirán en Bruselas el domingo y el lunes para negociar estas y otras demandas de protección pesquera.

Ya en las reuniones del Grupo de Trabajo de Pesca del Consejo de los días 18 y 25 de noviembre, ambos gobiernos habían manifestado su oposición a las medidas de salvaguardia.

El representante español tomó la palabra en dos ocasiones y se opuso a una "mayor reducción de la pesca con redes de arrastre" y a la captura de camarones y especies demersales.

Esta actitud "contradice claramente los dictámenes científicos", critica el ecologista marino Javier López, que sigue la controvertida política pesquera de la UE para la organización ecologista Oceana. Hasta ahora, las capturas de peces demersales en el Mediterráneo occidental ascienden a 2,7 veces la cantidad establecida como "rendimiento máximo sostenible". Por tanto, afirma, las medidas adoptadas hasta ahora son "completamente insuficientes" y "la Comisión tiene razón al exigir una reducción drástica".

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, niega rotundamente que se estén desoyendo los consejos científicos. Al ser preguntado, su portavoz explica que el sector pesquero español ya ha "realizado importantes reducciones del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo en los dos últimos años". Por ello, su "impacto debe ser evaluado" antes de que "nuevos recortes pongan en peligro la viabilidad de la flota del Mediterráneo". 

"Así que el Gobierno prefiere arriesgarse a una mayor sobrepesca antes que dejar que los pescadores se enfrenten a la verdad", apunta Javier López.

El Gobierno portugués está actuando de forma similar. Ha exigido por escrito que se amplíen las cuotas de captura de merluza y lenguado mediante una "prórroga" y que no se reduzcan más, en contra del consejo explícito de los expertos designados por la UE. Una posición que también apoya España. Un portavoz del ministro portugués responsable, Ricardo Serrão Santos, explica a preguntas de Investigative Europe que los científicos "sólo consideran el componente medioambiental". Pero, "como en todo asesoramiento científico", añade, hay "margen de maniobra para discutir y negociar diferentes enfoques dentro de los límites del modelo".

En cualquier caso, los gobiernos ibéricos no están solos en esta postura, apunta la experta en pesca Jenni Grossmann, que lleva mucho tiempo haciendo campaña por la protección de los bancos pesqueros en nombre de la organización ecologista Client Earth. A Grossmann le preocupan especialmente ciertas "notas" y "comentarios" de los representantes de Dinamarca, Francia y Países Bajos, que se oponían a nuevas restricciones.

La experta de Client Earth teme que, también en el caso del Mar del Norte y el Atlántico Norte, los Estados septentrionales de la UE, junto con Noruega y Gran Bretaña, "prefieran arriesgarse a la sobrepesca apoyándose en las incertidumbres científicas que tomar la precaución de recortar las cuotas de pesca".

Sin embargo, esto es precisamente lo que sería legalmente imperativo. Ya en 2013 los Estados de la UE se comprometieron por ley a acabar con la sobrepesca en los mares europeos para 2020. Pero en muchas regiones este objetivo se incumplió porque los ministros responsables cedieron a las exigencias de la industria pesquera. "Muchos límites de capturas se han seguido fijando por encima de las recomendaciones [científicas], a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por orientar las cosas en la dirección correcta", lamentó Grossmann en una entrevista con Investigative Europe tras las negociaciones sobre cuotas pesqueras el año pasado. Por ejemplo, la merluza del sur, el lenguado del Golfo de Vizcaya y de las aguas de España y Portugal, y el bacalao del estrecho de Kattegat, entre Dinamarca y Suecia. Para todas estos bancos, los datos son limitados y, por eso, "se necesita más precaución", pero el Consejo de la UE "ha fijado muchos límites por encima de los dictámenes científicos, poniendo en riesgo la recuperación de las poblaciones".

La misma actitud amenaza de nuevo ahora, teme Javier López, de Oceana. "La Comisión está sola en el Consejo", advierte. "Los gobiernos se cubrirán unos a otros las espaldas, y ninguno ganará en las votaciones"

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