La ruptura del acuerdo nuclear con Irán 'dispara' el petróleo y pone en aprietos a empresas europeas

El presidente estadounidense, Donald Trump, continuó esta semana con su estrategia de dinamitar todos los pilares que durante ocho años levantó la Administración Obama. Tras intentar desmantelar la ley sanitaria de su predecesor –la conocida como Obamacare– y romper en mil pedazos el Acuerdo de París o el Tratado Transpacífico, el magnate convertido en presidente de la primera potencia mundial tachó el pasado martes otra de sus promesas electorales: tirar por tierra el acuerdo nuclear con Irán, restablecer las sanciones y aplicar otras nuevas. Ni Reino Unido, ni Francia, ni tampoco Alemania consiguieron que el presidente estadounidense cejase en su empeño de liquidar el pacto de desnuclearización. Trump, una vez más, avisó, apuntó y disparó. Poco importa en su premisa de "América First" (América lo primero) las consecuencias económicas que este movimiento pueda tener sobre los socios europeos.

"Si se permite que este acuerdo siga en pie, pronto habrá una carrera armamentística en Oriente Próximo. Todo el mundo querrá tener sus armas preparadas para el momento en el que Irán tenga las suyas", señaló Trump durante su intervención desde el Despacho Oval, en la que afirmó que el pacto “descansaba” sobre la “gigantesca ficción” de que “un régimen asesino deseaba solo un programa nuclear pacífico”. “Si no hacíamos nada, el mayor patrocinador mundial del terrorismo iba a obtener en poco tiempo la más peligrosa de las armas”, continuó el presidente estadounidense, que avisó de que su país “no lanza amenazas vacías”. El movimiento del magnate ha sido interpretado tanto en clave interna, con la vista puesta en las legislativas del próximo mes de noviembre, como externa, con la negociación con Corea del Norte a la vuelta de la esquina.

El paso dado por el líder de la primera potencia mundial, algo que llevaban meses pidiendo los halcones republicanos, vino acompañado del restablecimiento de las sanciones y la aplicación de otras nuevas. Sobre esto, Washington avisó de que se impondrá “el mayor nivel” de castigos económicos sobre Teherán. Sin embargo, Trump no se quedó ahí. También lanzó un aviso a “cualquier nación que le ayude en su búsqueda de armas nucleares”, que del mismo modo “podría ser fuertemente sancionada” por Estados Unidos. Porque América, dijo, “no será rehén del chantaje nuclear”. Traducido a román paladino: cualquier empresa o Estado que mantenga relaciones comerciales con el régimen de los ayatolás también estará bajo el fuego estadounidense. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con la famosa ley Helms-Burton, que castigaba a cualquier compañía –finalmente se excuyó a las europeas– que mantuviera negocios en Cuba.

El acuerdo nuclear con Irán, por el que se retrasaba al menos una década el acceso de Teherán a la bomba atómica a cambio de levantar el bloqueo económico que llevaba años asfixiando al país, se alcanzó en julio de 2015 tras dos largos años de negociación. El pacto se convirtió en un hito político de la Administración Obama. Por primera vez, los dos enemigos acérrimos conseguían estrecharse la mano. El acuerdo contó con la rúbrica de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia–, Alemania e Irán. Y, por supuesto, la Unión Europea como garante. Un respaldo completo que otorgaba al pacto la máxima solidez posible. Tal era la confianza en el múltiple apretón de manos, tan criticado por Israel y Arabia Saudí, que el acuerdo apenas contemplaba la posibilidad de que uno de los firmantes lo abandonase unilateralmente.

Pero llegó Trump y todo cambió. El magnate estadounidense avisó en campaña: si llegaba a la Casa Blanca, tiraría por tierra el que calificó como “el peor [pacto] del mundo”. Jerusalén y Riad presionaron para que el presidente estadounidense cumpliera su promesa, temerosos de que su rival regional siguiera cogiendo fuerza tras el levantamiento del bloqueo económico. El pasado mes de enero, Trump dio un ultimátum a Europa para reformar el acuerdo y corregir los “defectos” que contenía. Alemania, Reino Unido y Francia redoblaron entonces la presión contra el magnate convertido en político para que no cruzara la línea. De hecho, durante su visita oficial a Washington, el presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometió a buscar un nuevo pacto que pudiera satisfacer a Estados Unidos. De nada sirvió. Antes incluso de que expirara el plazo, anunció la ruptura del acuerdo.

La subida de los precios del petróleo

Las primeras consecuencias económicas del movimiento de Estados Unidos empezaron a notarse a las pocas horas del anuncio. El precio del crudo, que ya llevaba varias semanas siguiendo una tendencia alcista, se disparó el pasado miércoles un 3% y alcanzó su mayor cotización desde 2014. El barril de Brent, referencia europea, subió hasta los 77,20 dólares, un incremento de más de dos dólares respecto al día anterior. El barril de West Texas, referencia en suelo estadounidense, se situó en los 70,96 dólares, casi dos dólares más que en la jornada anterior. Las más beneficiadas por el portazo de Trump y el consiguiente incremento del coste del oro negro fueron las petroleras. Repsol subió en bolsa más de un 2,5%. Más de dos puntos aumentaron también Royal Dutch Shell, BP y la estadounidense Chevron. ExxonMobil, por su parte, repuntó un 1,92% en el Dow Jones.

La decisión del presidente de EEUU deja en fuera de juego al tercer mayor exportador de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y saca del mercado unos 2,6 millones de barriles de crudo diarios. La oferta disminuye, la demanda crece y el precio se dispara. “Es una subida lógica porque se está descontando un flujo estable, recurrente y abundante”, señala en conversación con infoLibre el economista Javier Santacruz. Coinciden con él Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF, y el analista financiero Juan Ignacio Crespo. “El petróleo va a subir durante un tiempo y esto puede provocar una desaceleración de la economía”, asevera el primero. Crespo, por su parte, aunque asume el incremento del valor del oro negro, descarta un impacto a nivel global: “La economía global ya no es tan sensible a las subidas fuertes del petróleo”.

Lo que hay que ver ahora, continúa el analista financiero, es cómo reacciona Arabia Saudí. “Veremos si quiere matar dos pájaros de un tiro consiguiendo sanciones para Irán y manteniendo un aumento permanente de los precios del petróleo no sustituyendo los barriles iraníes”, explica Crespo a este diario. Sobre este tema se pronunció Riad la misma noche que Trump tiró a la basura el acuerdo nuclear con Teherán. “El Reino trabajará con los principales productores y consumidores dentro y fuera de la OPEP para reducir los efectos de la escasez de suministros”, afirmó a través de un comunicado el Ministerio de Energía, Industria y Recursos Minerales de saudí. El objetivo, añadieron, es garantizar la “sostenibilidad” del crecimiento de la economía mundial.

El incremento de los precios del petróleo puede suponer un golpe importante para China, el mayor comprador de crudo iraní. Pero el despunte también puede zarandear con a España, que anualmente importa unos 450 millones de barriles. “Somos un país totalmente importador que no ha desarrollado una estrategia energética consecuente que nos permita depender menos del petróleo”, apunta Carbó. De hecho, en el programa de estabilidad que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió hace unos días a Bruselas, el Ejecutivo simulaba las consecuencias directas que tendría para la economía española un precio del barril de Brent cercano a los 75 dólares. El impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) sería de un 0,7%, alrededor de 8.000 millones de euros.

Las empresas europeas en Irán

Tras el anuncio del mandatario estadounidense, su asesor de seguridad nacional John Bolton aclaró que desde el momento de la salida de EEUU están prohibidos los “nuevos contratos”, mientras que las sanciones a los acuerdos anteriores a la ruptura del pacto nuclear entrarán en vigor tras un periodo de transición de entre tres y seis meses. Es decir, que las empresas extranjeras que están operando en Irán tendrán entre 90 y 180 días para finiquitar sus contratos con el país si no quieren situarse bajo la lupa de Washington. “Es una manera de dar a las empresas –gran parte de ellas europeas– la oportunidad de salir”, explicó Bolton, que añadió: “Por ejemplo, en el caso de las compras de petróleo iraní, si se trata de un contrato con disposiciones a largo plazo, tienen seis meses, tres meses u otro período intermedio para retirarse antes de la entrada [en vigor de las sanciones]”.

La Unión Europea –con Francia, Alemania y Reino Unido al frente– aseguró a través de la Alta Representante de Política Exterior que está decidida “a conservar” un acuerdo cuyo cumplimiento por parte del régimen de los ayatolás ha sido certificado en una decena de ocasiones por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. De hecho, el bloque comunitario está barajando fórmulas para amortiguar las consecuencias de la ruptura del pacto nuclear y el impacto sobre las empresas europeas. Por un lado, Bruselas está estudiando la activación de una norma elaborada en la década de los 90 para proteger a las compañías comunitarias de la ley Helms-Burton, que finalmente no se aplicó porque Estados Unidos terminó por excluir de las sanciones a las firmas europeas. Por otro, se ha barajado la posibilidad de dar apoyo financiero a través del Banco Europeo de Inversiones a las empresas perjudicadas.

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No es de extrañar que Bruselas trate de plantar cara. Tras la firma del acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones, los intercambios entre la UE e Irán se han disparado: el volumen comercial entre Bruselas y Teherán ha pasado de los 7.700 millones de euros en 2015 a los 21.000 millones en 2017. Y gran cantidad de empresas comenzaron a desembarcar en suelo iraní –Airbus, Siemens, Total, PSA, Renault, Volkswagen o las españolas Telepizza, Meliá o Tubacex, entre otras–. Airbus, por ejemplo, apalabró la construcción de más de un centenar de aviones con IranAir. La petrolera francesa Total cerró el año pasado un acuerdo, valorado en 4.000 millones de euros, con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (CNPI) para el desarrollo del mayor campo de gas del mundo. Con la CNPI también firmó un contrato en 2017 la española Tubacex por valor de 550 millones de euros.

“Hay que comprobar primero el grado de beligerancia de Trump”, apostilla Carbó. Tanto él como Crespo y Santacruz creen que si la amenaza se lleva finalmente al máximo exponente, la “mayoría” de estas empresas darán marcha atrás. “Las únicas empresas que van a pervivir allí son las chinas. El resto, no lo van a pasar nada bien, sobre todo porque han hecho inversiones a muy largo plazo y han metido allí mucho dinero”, asevera Santacruz, que tiene claro que las compañías no van a “despegarse de la mano de Estados Unidos”. Pero, añade, tampoco cree que abandonen el país: “Congelarán sus inversiones, pero no van a salir porque han apostado por instalaciones y capital fijo a 40 años”. Y esta situación se mantendrá, explica, hasta que Estados Unidos cierre un nuevo acuerdo con el régimen de los ayatolás. “La sensación en el mercado financiero es que finalmente se firmará otro pacto”, sentencia.

Con estos mimbres, el economista Juan Laborda considera que la UE no debe dar su brazo a torcer. “Europa debe defender los intereses de sus empresas y tiene que mantener una posición sólida al margen de EEUU”, asevera en conversación con este diario. Por el momento, la Unión Europea, al igual que ha hecho en temas tan delicados como el Brexit, trata de ofrecer una imagen de unidad. El Viejo Continente, coincidieron el pasado jueves Angela Merkel y Emmanuel Macron, “ya no puede confiar en Estados Unidos” y debe “tomar su destino en sus propias manos”. “Hay un entendimiento entre todos los estados europeos de que no podemos seguir avanzando en la dirección que estamos avanzando hoy, mediante la cual nos sometemos a las decisiones estadounidenses”, dijo el ministro de Finanzas francés, Brune Le Maire. Veremos si, finalmente, Bruselas mantiene la posición.