El superyate de un oligarca ruso cercano a Putin busca comprador en Estados Unidos

Imágenes del 'Amadea' incorporadas a la causa judicial.

Antton Rouget (Mediapart)

El superyate Amadea del multimillonario Suleiman Kerimov, cercano a Vladimir Putin, incautado por las autoridades estadounidenses al inicio del ataque a Ucrania en 2022, ha sido puesto a la venta el martes 6 de agosto en lo que supone una de las subastas “más importantes y valiosas de activos de oligarcas rusos incautados en el marco de las sanciones occidentales”, según el medio de comunicación ucraniano Kyiv Independent.

Estimado en 300 millones de dólares, el barco de 106 metros de eslora, construido en Alemania en 2017, está equipado con piscina, jacuzzi, helipuerto y gimnasio, y puede alojar hasta dieciséis pasajeros en ocho camarotes de lujo y treinta y seis tripulantes. La subasta estará abierta hasta el 10 de septiembre.

El Amadea fue embargado en 2022 en las islas Fiyi a petición de la justicia estadounidense, que sospecha que el oligarca compró el barco un año antes a través de sociedades pantalla. Anteriormente, Suleiman Kerimov ya había sido sancionado por el Tesoro americano en 2014 y 2018 por las actividades de Rusia en Ucrania y Siria. El 7 de marzo de 2025, los fiscales estadounidenses solicitaron a un juez la autorización para vender el barco, cuyo coste de mantenimiento por parte de las autoridades se considera “excesivo”.

Kerimov, con una fortuna estimada por la revista Forbes en 13.000 millones de dólares gracias a sus inversiones en el sector de la explotación del oro, también es objeto de una importante investigación judicial en Francia por sospechas de acuerdos fiscales con el ministerio de Economía y Finanzas.

En 2019, este ministerio francés llegó a un acuerdo con una empresa suiza, Swiru Holding, sospechosa de ser una sociedad pantalla del oligarca, apodado el “Gatsby ruso” o “Suleiman el Magnífico”, tras una larga batalla por la venta de una de sus villas en la Costa Azul. Este acuerdo fue acompañado, al año siguiente, por la firma de un convenio judicial de interés público (CJIP) entre los abogados de Swiru Holding y la fiscalía de Niza, que permitió archivar la causa, sin reconocimiento formal de culpabilidad, a cambio de una multa de 1,4 millones de euros.

A mediados de enero de 2020, cuatro meses antes de la firma del CJIP, Kerimov se había acercado al expresidente Nicolas Sarkozy, a quien había invitado a su domicilio privado en Moscú, según reveló Mediapart. Según nuestras fuentes, habría querido aprovechar los contactos del expresidente de la República para asegurarse un trato favorable por parte de la justicia francesa. Uno de los abogados del oligarca, Nikita Sichov, lo desmintió, indicando que nunca se había mencionado “el procedimiento penal francés” durante ese encuentro.

Pero este caso, que todo el mundo daba por cerrado, resurgió dos años más tarde gracias a un informe presentado en junio de 2022 por Tracfin, la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales del ministerio de Economía y Finanzas francés. Ese informe, cuyo contenido fue revelado por Mediapart, ponía de manifiesto nuevas presuntas maniobras destinadas a “ocultar el origen o el beneficiario efectivo de los fondos” utilizados para las transacciones inmobiliarias del oligarca y su entorno.

Esta alerta dio lugar a la apertura de una investigación judicial, que en el verano de 2023 se encomendó al juez de instrucción parisino Serge Tournaire. Desde entonces, la defensa del oligarca no ha dejado de negar cualquier delito. En el marco de esta investigación, en diciembre de 2024 y marzo de 2025 se llevaron a cabo registros en el ministerio de Economía y Finanzas, así como en las oficinas de un abogado fiscalista clave en el caso, Frédéric Moréas. Este último es el socio de Tiphaine Auzière, hijastra de Emmanuel Macron, tal y como reveló Mediapart.

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Paralelamente, se ha abierto un nuevo frente judicial contra Suleiman Kerimov en Suiza. En noviembre de 2023, la Fiscalía Federal Helvética abrió una investigación penal contra el oligarca por eludir sanciones, llevó a cabo ocho registros y congeló activos por valor de más de 1.300 millones de euros, según reveló el periódico Le Temps.

 

Traducción de Miguel López

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