El lobby de Uber se coló sin demasiado éxito en el seno de la Comisión Europea
Este asunto recuerda a los pésimos años de la Comisión Barroso y ha acabado salpicando a la actual Comisión Europea. La ex vicepresidenta del ejecutivo europeo, Neelie Kroes, ha sido señalada por los Uber Files, publicados el domingo por 42 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos The Guardian y Le Monde.
Esta holandesa, que fue comisaria de Agenda Digital entre 2010 y 2014 bajo el mandato del portugués José Manuel Barroso, debía respetar un periodo de inactividad (cooling-off period) de 18 meses tras su marcha, de noviembre de 2014 a mayo de 2016, tal y como establecen las normas de la institución. Fueron meses en los que no debía, en particular, ponerse al servicio de empresas relacionadas con el ámbito de competencia de su antigua cartera.
Pero los documentos obtenidos por primera vez por The Guardian demuestran que Kroes no siguió estas normas éticas básicas. Durante este periodo, habló con varios ministros sobre Uber y se ofreció a facilitar reuniones con funcionarios de la UE. Y cuando fueron registradas las oficinas de Uber en Ámsterdam en la primavera de 2015, se hallaron correos electrónicos internos dando a entender que Neelie Kroes presionó a las autoridades holandesas para tratar de aliviar la tensión.
Al final de su periodo de reserva, la ex comisaria se incorporó oficialmente a un consejo asesor de Uber, embolsándose en ese puesto unos 200.000 dólares (unos 198.000 euros) al año, según los documentos revelados el domingo. Kroes se ha negado a admitir cualquier irregularidad, diciendo que sus reuniones con Uber se debían a que en ese momento estaba en una misión del gobierno holandés sobre temas digitales.
La Comisión ha reaccionado informando, en una rueda de prensa celebrada el lunes, de que enviaría una carta para pedir explicaciones a Kroes. Pero el portavoz de la institución no fue más allá, negándose a precisar si Kroes podría ser sancionada por la Comisión, por ejemplo, reduciendo el importe de la pensión a la que tiene derecho como ex comisaria.
"Tal y como establecen los tratados, los antiguos comisarios tienen una serie de obligaciones que cumplir, y si es necesario, el Tribunal de Justicia [de la UE] siempre puede intervenir", continuó el portavoz Balazs Ujvari, sin decir más. En el Parlamento Europeo, el socialdemócrata holandés Paul Tang instó a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a "salvaguardar la integridad de la UE y sancionar a Kroes".
El eurodiputado alemán de Los Verdes, Daniel Freund, afirmó que "parece que es un buen momento para que la Comisión publique su propuesta de crear un organismo independiente que se ocupe de las cuestiones éticas en la UE". Ursula von der Leyen había prometido hacerlo ante los eurodiputados en el verano de 2019.
Sin embargo, aunque los eurodiputados apoyan el la iniciativa, las negociaciones siguen siendo difíciles, sobre todo con el Consejo (el órgano que lleva la voz de los Estados miembros en Bruselas). No se ha fijado ningún calendario, lo que demuestra que será muy difícil llegar a una conclusión sobre el tema antes de que finalice el mandato en mayo de 2024.
Entre 700 y 800.000 euros de gastos de lobby declarados
No es la primera vez que Neelie Kroes se salta las normas éticas en la burbuja bruselense. Incluso se sabe que era una especialista en "puertas giratorias", el fenómeno de pasar del sector público al privado y volver a él. Pero las revelaciones del domingo sobre Kroes también documentan la dimensión agresiva del lobby de Uber, no sólo en las capitales de la UE, sino también con las instituciones de Bruselas.
La ONG por la transparencia Corporate Europe Observatory considera que se trata de "una lección abyecta sobre el riesgo de apropiación del sector privado de la toma de decisiones públicas". Según el registro de transparencia de la UE, la empresa cabildera no cuenta con más de dos empleados formalmente acreditados en Bruselas. Afirma haber gastado entre 700.000 y 800.000 euros, durante 2020, en actividades relacionadas con sus actividades de presión. Esta cifra se ha mantenido estable desde 2016 (frente a los dos millones de euros anuales en Estados Unidos).
Esto no impide que la empresa californiana, según la recopilación de LobbyFacts.eu, haya obtenido ya 70 reuniones con funcionarios de la Comisión desde 2014 –de ellas 24 directamente con comisarios–. Pero Uber también puede contar con el lobby de un actor menos conocido, Move EU, una alianza de empresas del mismo sector, entre las que se encuentran Uber y Estonian Bolt.
También puede aprovechar la fuerza de BusinessEurope, una asociación de empresarios europeos (entre ellos Medef) presidida hasta hace poco por Pierre Gattaz, que incluye a Uber en una de sus estructuras consultivas para transmitir su lenguaje. Además de esto, Uber tiene un método particular, ya descrito en este informe de la ONG en 2019, que subcontrata gran parte del lobby de Bruselas a una miríada de consultores y bufetes de abogados. Desde 2013, por ejemplo, Uber ha gastado más de un millón de euros en actividades de presión a través de contratos con Covington & Burling LLP y Gide Loyrette Nouel.
Francia citada como "ejemplo”
¿Cuáles son los objetivos del lobby de Uber a lo largo de estos años? La plataforma californiana ha tratado de influir en la redacción de textos como la directiva de comercio electrónico o la de servicios, pero sobre todo, hace poco, en la propuesta desvelada por la Comisión sobre las condiciones laborales de las personas contratadas por las plataformas.
Uber y sus competidores trataban de disuadir al Ejecutivo europeo de obligarles a reconocer una "presunción de asalariado" que beneficiara a todos sus trabajadores. Entre abril y diciembre de 2021, fecha en la que la Comisión presentó su directiva, Uber mantuvo nada menos que seis reuniones con funcionarios del Ejecutivo europeo, tres de ellas con el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.
Mediapart ha tenido acceso a una batería de documentos internos de la Comisión que permiten reconstruir algunas de estas reuniones, con Nicolas Schmit pero también con la Comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager. "El modelo de presunción [de asalariado] ahogaría la flexibilidad, lo que amenazaría el modelo económico general, en detrimento tanto de las plataformas como de los trabajadores", argumenta el responsable de una plataforma, según el acta de una reunión con Vestager y un miembro de su gabinete el 30 de noviembre de 2021.
Otro argumento esgrimido, que se repite en muchas otras reuniones, es: "Sí, este joven sector de las plataformas debe evolucionar, pero los conductores, en este momento, no están pidiendo una evolución de su estatus hacia el empleo asalariado." En una reunión celebrada el 24 de septiembre de 2021 con miembros del gabinete de Nicolas Schmit, la plataforma Move EU presentó un estudio interno según el cual la mayoría de los conductores no querrían convertirse en empleados.
Mientras España ha aprobado una ley que obliga a empresas como Uber Eats a considerar a toda la plantilla de sus plataformas como empleados desde agosto de 2021, una de ellas, Deliveroo, han decidido abandonar España, insistiendo en el "caos" que provoca esta decisión en el mercado español.
En un documento preparatorio para una reunión el 30 de noviembre de 2021 con Move EU, los servicios del comisario Schmit se preparan para ser preguntados sobre el tema y formulan elementos de respuesta para su líder: "La principal lección que hay que aprender del ejemplo español es que necesitamos un enfoque europeo, que garantice que todas las personas que trabajan para plataformas en la Unión disfruten de los mismos derechos básicos."
Pero el elemento más destacado de los documentos confidenciales consultados por Mediapart está en otra parte. En varias ocasiones, las plataformas utilizan el ejemplo de Francia para tratar de convencer a la Comisión de que dé marcha atrás y no promulgue esta "presunción de asalariado" a cargo de las plataformas.
Durante una reunión telemática con el comisario Schmit el 7 de octubre de 2021, tres directivos de Deliveroo, siempre según el informe de la Comisión, abogaron por una mayor seguridad para los trabajadores de la plataforma, aunque cuidando de no llegar a reconocerlos como empleados: una posición, se dice, que está "en línea con la reciente propuesta realizada en Francia".
El 15 de noviembre, durante un intercambio con la comisaria Vestager y miembros de su gabinete, un representante de Move EU le aseguró que "hay otras maneras de mejorar las condiciones de trabajo [que convertir a los trabajadores en empleados], por ejemplo a través del diálogo social", citando "el ejemplo" de Francia en este punto.
Al contrario que la Comisión Europea, el ejecutivo francés quiere mantener el estatus de los conductores como autónomos, aunque adaptándolo. El pasado mes de mayo organizó la primera elección profesional de los trabajadores de la plataforma, para designar a los representantes que podrán negociar condiciones con las plataformas.
Estos argumentos, repetidos una y otra vez, claramente no fueron suficientes. En su propuesta de directiva, el ejecutivo europeo se ha posicionado a favor de la "presunción de empleo asalariado", siguiendo el ejemplo de la legislación española. Pero la batalla no ha terminado, ni mucho menos. Aunque parece haber una mayoría favorable en el Parlamento Europeo, las divisiones en el seno del Consejo podrían retrasar el resultado de los debates, y dejar que Uber despliegue una nueva ola de presión, tanto en los pasillos de Bruselas como en las capitales de la UE.
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Traducción de Miguel López