Marine Le Pen, un pie en el acelerador de las presidenciales y otro en el del freno judicial

Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

El Tribunal de Casación, en marcha

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

La apuesta por la inmunidad presidencial

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Los distintos escenarios posibles

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

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En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López