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Un 'Estado dentro del Estado': Mediapart saca a la luz escuchas judiciales que implican al jefe de los servicios secretos de Sarkozy

Bernard Squarcini, en una de sus comparecencias judiciales.

Mediapart, socio editorial de infoLibre, iniciaba este domingo 12 de julio la publicación de una serie de investigaciones multimedia novedosas. Dicha serie, denominada El escualo, operaciones secreta”, se basa en la publicación de audios con escuchas judiciales llevadas a cabo, en la primavera de 2013, a uno de los hombres más poderosos de Francia, Bernard Squarcini.

Sacan a la luz la existencia de una forma de Estado dentro del Estado donde se mezclan intereses privados y funciones públicas, Policía, servicios de inteligencia política y espionaje económico, sabor a mafia y potencias extranjeras.

Exjefe de los servicios secretos internos durante el quinquenio de Nicolas Sarkozy (2007-2012), el hombre apodado Le Squale [El escualo] se convirtió muy rápidamente a principios de 2013 a los servicios de inteligencia privada, en concreto al servicio de la multinacional del lujo LVMH (Louis Vuitton), dirigida por el multimillonario Bernard Arnault.

Durante ese mismo período, entre el 6 de marzo y el 30 de abril de 2013, Bernard Squarcini fue objeto de escuchas judiciales llevadas a cabo por un departamento de policía anticorrupción. Dichas escuchas telefónicas se ordenaron en el marco de una investigación judicial abierta a finales de 2012, un año y medio después de que se descubrieran 1,5 millones de euros en efectivo en un maletín perteneciente al empresario Ziad Takieddine, que acababa de regresar de Trípoli (Libia).

El intermediario, que también es una figura central en el asunto de la financiación libia de Sarkozy, fue condenado al pago de una multa de 375.000 euros por no declarar en aduana los fondos recibidos del régimen de Gadafi.

Bernard Squarcini, que ya había aparecido en el entorno de algunos actores del caso libio, fue el blanco de la curiosidad de los oídos de la Policía, que actuaban entonces bajo la autoridad del juez Renaud Van Ruymbeke. Pero la mayoría de las interceptaciones no se transcribieron, aunque se grabaron y se informó de su existencia. La razón, las conversaciones objeto de escuchas aportaban información que iba más allá del archivo de Takieddine/Libia.

Sin embargo, el 26 de junio de 2013, una comisaria de la División Nacional de Investigaciones Financieras y Fiscales (Dniff) escribió un informe al juez Van Ruymbeke, señalándole que ciertos hechos descubiertos en las grabaciones de Squarcini merecían una atención judicial especial. La comisaria también observa que, aunque las escuchas telefónicas no se han transcrito, siguen siendo “rastreadas a todos los efectos”. O lo que es lo mismo, archivadas y disponibles para otrainvestigación, de ser necesario.

¿Y luego? Y luego nada.

El informe de la comisaria dormirá durante años en los archivos de la Justicia, sin que se lleve a cabo ninguna investigación sobre los hechos descubiertos.

Sin embargo, el interés de estas interceptaciones, resumidas someramente por la Policía, es evidente: interacción de Squarcini con el gabinete del expresidente Sarkozy para obtener información confidencial dentro del Estado sobre el caso Cahuzaccaso Cahuzac; utilización de la Policía en beneficio de la empresa multinacional LVMH para conocer el progreso de casos judiciales molestos; vínculos con agentes de Policía para obtener información sobre las investigaciones corsas, etc.

Pasarán tres años antes de que el informe se adjunte finalmente, el 10 de mayo de 2016, a otra investigación, esta vez dirigida específicamente contra Bernard Squarcini. Confiado al juez de instrucción Serge Tournaire y ahora en manos de su sucesora Aude Buresi, este caso le han valido al exjefe de los espías varias acusaciones por hechos que él niega o de los que niega que sean delito.

En particular, se le acusa de haber utilizado y abusado de sus antiguas redes en el seno de la Policía y los servicios de inteligencia para obtener ilegalmente información confidencial sobre innumerables temas en nombre de sus poderosos clientes, entre ellos LVMH.

En este caso, seis personas han sido acusadas. Entre ellos, un exdirector de la Policía Judicial de París, un exmagistrado, agentes de los servicios secretos internos... Supuestamente inocentes.

Desde el punto de vista policial, las investigaciones fueron confiadas, esta vez, a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). Y lógicamente le correspondía a la IGPN explotar de nuevo las interceptaciones realizadas en la línea telefónica de Bernard Squarcini en 2013, pero en un contexto judicial completamente diferente. Se hicieron las transcripciones y se incluyeron en el caso.

Sin embargo, Mediapart ha descubierto que la IGPN no había transmitido un buen número de elementos que podrían haber sido embarazosos para Bernard Squarcini y entorno. En consecuencia, no se utilizó información importante en el procedimiento, que sigue en curso. En resumen, una investigación que ignora sus propios elementos de hecho.

En cumplimiento de su misión de informar al público sobre temas de interés general, Mediapart ha decidido publicar, mediante extractos sonoros de estas interceptaciones ignoradas, unos hechos que contribuyen al debate democrático sobre las prácticas de ciertos funcionarios de los servicios de inteligencia y de la policía.

El primer episodio de nuestra serie “El Escualo, operaciones secretas”, revela cómo el presidente de Louis Vuitton-LVMH pidió directamente a Bernard Squarcini que “infiltrara” a alguien en el periódico independiente FakirFakir, del que será diputado François Ruffin, y cómo el jefe de los espías se puso manos a la obra, encargándoselo a una empresa privada.

El episodio también pone de relieve el poder de la red de Squarcini, capaz de poner en marcha los servicios de inteligencia o la Policía con un chasquido de los dedos para calmar la agit-prop de un periódico un poco demasiado inquieto. Todo ello, en beneficio exclusivo de LVMH y su jefe, Bernard Arnault.

Para su investigación, Mediapart ha excluido cualquier elemento que pueda atentar contra la vida privada de alguien. Además, la información desvelada ha sido contrastada con las principales partes interesadas, en aras de un debate contradictorio. A este respecto, Bernard Squarcini y el grupo LVMH, respectivamente receptores de una treintena y de 15 preguntas detalladas, se negaron a hacer comentarios.

No hace falta decir que la revelación de esta información no prejuzga la culpabilidad de nadie y que todos los protagonistas mencionados gozan de la presunción de inocencia.

Se trata de información bruta, tal como figura en las interceptaciones, cuya divulgación contribuye al debate sobre cuestiones de interés general con exclusión de toda otra consideración. Esta información no puede ocultarse al conocimiento público, ya que las instituciones del Estado, en particular la Policía y los organismos de inteligencia, participan estatutariamente en misiones de interés general en beneficio de la comunidad.

Cuando los hechos ponen en tela de juicio las prácticas policiales y la validez de sus intervenciones, así como la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos, corresponde al periodista, de acuerdo con su ética profesional, publicarlos para que se pueda ejercer plenamente el control democrático.

De este modo, Mediapart cumple su papel de “guardián de la democracia”, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A la inversa, no publicar esta información sería un delito contra el periodismo. Como escribió Benjamín Constant en 1815 en sus Principios de la política, obra que trata tanto de la libertad de prensa como de la responsabilidad de la administración pública, “los peligros no se conjuran ocultándolos a la vista, sino que aumentan con la noche que los rodea”.

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Traducción: Mariola Moreno

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