El politólogo Tom Theuns: “La respuesta de la UE contra el retroceso democrático ha fracasado”
En un momento en el que la Administración Trump está intentando cambiar el régimen de los Estados Unidos para llevarlo hacia el campo de las autocracias, la Unión Europea (UE) podría asumir la misión de convertirse en una nueva "reserva de poder” para las democracias.
El primer problema es que la ola mundial de retroceso de las democracias liberales también afecta al continente europeo, e incluso al interior de la UE. El segundo problema es que, por mucho que haya que cumplir unas condiciones estrictas para entrar en la Unión, durante mucho tiempo no se han tenido en cuenta los retrocesos democráticos. Es como si la participación en la integración europea alejara para siempre la posibilidad de un poder capaz de deshacer el Estado de derecho, amenazar las libertades fundamentales y hacer desigual la competencia política.
La UE, amenazada con desaparecer tanto en el ámbito geoestratégico como en el económico, podría ver su declive alimentado por la autocratización de sus miembros. Pero existen todavía procedimientos que pueden iniciarse contra los Estados que se alejen de los estándares de la gobernanza democrática. Ese es el tema del libro del politólogo Tom Theuns, Protecting Democracy in Europe (edit. Hurst Publishers, 2024). Este profesor de la Universidad de Leiden (Países Bajos) hace una dura crítica.
En su obra, advierte de que cuanto más se afianza un proceso de autocratización, más difícil resulta contrarrestarlo. Dado que el apaciguamiento no es una opción, en su opinión es necesario desarrollar una nueva estrategia. Entrevista con un investigador que simplemente pide volver a hacer política.
Mediapart: ¿A cuándo se remontan los desafíos lanzados por los gobiernos elegidos en la Unión Europea al respeto de las normas democráticas promovidas por ésta?
Tom Theuns: El fenómeno del declive democrático depende, evidentemente, de muchos factores, pero en la UE lo relaciono sobre todo con el auge de la extrema derecha. Algunos analistas advirtieron sobre los “populistas de izquierdas” en la década de 2010, pero los pocos que llegaron al poder no deterioraron significativamente el marco democrático de sus países.
La primera alerta seria se produjo en 1999, con las elecciones generales en Austria y la formación, en 2000, de un Gobierno que incluía al partido de extrema derecha de Jörg Haider, el FPÖ. Este refundó el partido con una línea muy dura contra la inmigración y el islam, una fórmula que ha prosperado electoralmente hasta nuestros días.
Aquello fue un shock y se tomaron sanciones bilaterales, aunque coordinadas, pero se levantaron rápidamente, lo que deterioró desde el principio la credibilidad de la lucha por los valores fundamentales de la Unión. En respuesta, los demás Estados miembros y partidos políticos europeos trabajaron en un nuevo modus operandi contra los retrocesos democráticos, más cauteloso y, sobre todo, burocrático. Pero esa respuesta fue un fracaso.
La respuesta de las instituciones de la UE está despolitizada, es muy jurídica, demasiado
Así lo demuestra la rapidez del declive democrático en Hungría, tras la llegada al poder de Viktor Orbán en 2010. Orbán sigue aún en el cargo mientras que, en Polonia, el nuevo gobierno liberal se enfrenta a dificultades debido al problemático legado del bando nacional-conservador, que también politizó la justicia y los medios de comunicación a partir de 2010.
¿Cómo se ha tenido en cuenta este riesgo de retroceso democrático en los tratados europeos?
El Tratado de Maastricht, de 1992, es el primero en afirmar que la Unión se basa en el respeto de los derechos humanos y las normas democráticas.
El primer tratado que incluye un mecanismo de sanción —la suspensión del derecho de voto del país en cuestión— es el de Ámsterdam, de 1997, en el contexto de la ampliación de la UE a los países del antiguo bloque soviético, en Europa Central y Oriental, que iba a ocurrir. Había una clara desconfianza hacia la llegada de muchos Estados que habían llevado a cabo recientemente su transición a la democracia liberal. Esa prevención era aparentemente más fuerte que la que existía hacia los países que habían conocido regímenes fascistas o dictaduras de derecha. Algo bastante irónico si tenemos en cuenta lo que sucedió después.
Con el Tratado de Niza de 2000, los Estados miembros llegaron a una primera versión del artículo 7 del actual Tratado de la Unión Europea (TUE). La experiencia del conflicto con Haider les llevó a concluir que no había suficientes etapas intermedias antes de recurrir al “arma nuclear” de la suspensión del derecho de voto. Este artículo distingue por tanto una primera fase de evaluación y diálogo, seguida de una segunda que requiere la unanimidad de los demás Estados miembros para sancionar el incumplimiento de las normas fundamentales.
La Comisión Europea también puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras advertir a un Estado miembro que incumple sus obligaciones, sobre la base del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además, en mi opinión, una herramienta que no se utiliza lo suficiente es el artículo 259, que permite a cualquier Estado miembro recurrir al Tribunal por los mismos motivos.
Su diagnóstico sobre los mecanismos existentes es severo. ¿Cuáles son sus principales defectos?
La respuesta de las instituciones de la UE está despolitizada, es muy jurídica, demasiado jurídica. La concepción de la democracia que implica es en sí misma limitada. Se centra en la existencia de elecciones libres y competitivas, lo que deja de lado la libertad de los medios de comunicación, la de la sociedad civil, las libertades académicas... Es precisamente por las vulneraciones de estas últimas por lo que se ve mermado el carácter equitativo de las elecciones, ya que eso exige una especie de entorno pluralista y mediático que ya no se ve.
Si nos detenemos en el famoso artículo 7, vemos que resulta problemático. En primer lugar porque, debido a la unanimidad requerida para aplicarlo de lleno, su fuerza disuasoria es muy débil. Es una especie de tigre de papel, pero al mismo tiempo sirve para justificar la inacción política por debajo de ese “umbral”, explicando que ya hay algo previsto en los tratados.
Hay que resistirse al fatalismo de compartir nuestra soberanía con un Estado autocrático
Además, la sanción prevista en este artículo, la retirada de los derechos de voto de un Estado, es incoherente: o bien ese Estado se ha convertido realmente en una autocracia, en cuyo caso ni siquiera debería ser miembro de la UE, o bien sigue siendo un Estado democrático a pesar de sus incumplimientos, en cuyo caso la privación de su expresión, que es indirectamente la de su pueblo soberano, es en sí misma antidemocrática.
Pero es que la exclusión de un Estado miembro no está prevista en los tratados...
Efectivamente, en el estado actual del derecho, no existe un procedimiento de exclusión claro. Solo existe un procedimiento de salida voluntaria, previsto en el artículo 50 del TUE, que hasta ahora solo ha utilizado el Reino Unido. Sin embargo, hoy en día hay al menos un Estado miembro, Hungría, que no es democrático. ¿Qué se puede hacer? A falta de su exclusión, los demás Estados miembros podrían amenazar con activar el artículo 50 para recomponer una UE sin ese Estado autoritario.
Parece una alternativa bastante utópica. No vamos a crear una UE “bis” o “ter” cada vez que una autocracia se mantenga inamovible...
Lo que intento decir es que hay que resistirse al fatalismo de compartir nuestra soberanía con un Estado autocrático. No hay ningún obstáculo jurídico insuperable. Políticamente, plantear esa solución es una oportunidad para que uno o varios países, en coalición, definan líneas rojas para dejar claro que ya no tolerarán infracciones graves, ni la complacencia de otros Estados miembros hacia dichas infracciones. Se trata de crear una relación de fuerza política para actuar contra la autocracia.
En cualquier caso, la idea de que el estatuto de miembro solo pueda ser controlado por el Estado que lo posee es inaceptable. La autocratización de un solo miembro de la Unión tiene efectos sustanciales y políticos en todos los demás. Recordemos que Orbán tiene veto sobre el presupuesto europeo.
Imaginemos que en la Asamblea Nacional todos los diputados de Bretaña fueran nobles que heredan su escaño y, además, tuvieran derecho de veto. Sería grave no solo por los textos legislativos que bloquearía o favorecería, sino porque plantearía un problema de principio en una democracia representativa.
En su libro usted insiste también, al margen de los mecanismos jurídicos, en la lucha propiamente política que hay que librar contra los atentados a la democracia en la UE. ¿Qué forma puede adoptar esa lucha?
Hace poco, los liberales neerlandeses del partido D66 [Demócratas 66, ndr] me invitaron para hablar de este tema. Se trata de un partido bastante proactivo en el uso de herramientas legales contra el retroceso democrático. Sobre todo les animé a ayudar a sus partidos amigos en los países afectados, aportando sus recursos económicos, su tiempo y su experiencia. Muchos partidos en la oposición tienen necesidades: hay que preguntarles cuáles son y tratar de responder a ellas con solidaridad. Porque, del otro lado, los autócratas se apoyan mutuamente sin ningún problema, a pesar de su agenda nacionalista.
En general, cuando un actor se convierte en un verdadero peligro para la continuidad de un Estado democrático, puede ser adecuado aplicar soluciones jurídicas drásticas. Pero antes de llegar a ese punto, creo que hay que hacer todo lo posible para convencer a los propios ciudadanos. Desde ese punto de vista, no podemos sino preocuparnos por la escasa capacidad de los gobernantes demócratas, en los últimos años, para convencer a los pueblos con su acción pública.
Si fueran más coherentes, reflexionarían sobre políticas que respondieran mejor a las aspiraciones de los ciudadanos, sin dudar en utilizar las herramientas jurídicas que no requieren unanimidad contra otros dirigentes en plena deriva. Eso lo permite el artículo 259 del TFUE, muy importante porque, en mi opinión, no hay mucho que esperar de la Comisión Europea, uno de cuyos vicepresidentes [el italiano Raffaele Fitto – ndr] es de extrema derecha.
Caja negra
Trump contra la democracia y la Unión Europea
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Tom Theuns fue entrevistado por videoconferencia el lunes 20 de octubre. Ha releído la entrevista y ha introducido algunas modificaciones.
Traducción de Miguel López
