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Cultura

¿A quién benefician las 'fake news'?

  • La plataforma Xnet critica en el libro #FakeYou que se excluya del problema de las noticias falsas a los "productores históricos" de desinformación: Gobiernos, partidos, medios y grandes empresas
  • El colectivo alerta de la legislación "liberticida" que se empieza a poner en marcha, creada para luchar contra los contenidos engañosos pero que tienen finalmente "un efecto censor"

Publicada el 06/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/11/2019 a las 11:48
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La directora de la 'sala de guerra', Lexi Sturdy, en la sede de Facebook, en Menlo Park

La sede de Facebook, en Menlo Park, California.

EFE
Las fake news no son exactamente lo que nos venden. Eso sostiene Xnet, plataforma dedicada a la defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión, y eso defiende en el libro #FakeYou. Fake news y desinformación, un proyecto dirigido por la dramaturga e investigadora Simona Levi y editado por el sello Rayo Verde. No es este un ensayo sobre la gravedad de las noticias falsas distribuidas a través de Internet y su amenaza para la democracia. Xnet gira la cámara y cambia el foco: hacia las consecuencias legislativas inesperadas que puede tener la fobia a las fake news; hacia los verdaderos productores de contenidos deliberadamente falsos, más allá de los temidos bots rusos; hacia los medios que alertan de su propagación y se declaran garantes de la verdad. El subtítulo del volumen deja claro por dónde van los tiros: Gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones y grandes fortunas: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión. Y aborda, a través de textos de una docena de autores, desde la definición de fake news a sus implicaciones normativas, pasando por los mecanismos psicológicos de la mentira o las limitaciones del fact-checking

El origen del libro de Xnet, explicaba Levi en Madrid el martes por la mañana, está en otro documento, el Informe del grupo de Expertos de Alto Nivel sobre noticias falsas y desinformación en línea, promovido por la Comisión Europea y publicado en marzo de 2018. "En este informe", se explica en el libro, "se reproduce clara e intencionadamente un sesgo que excluye del problema a los productores históricos —offline— de fake news". Es decir, se aborda el problema de la desinformación sin tocar a quienes la plataforma considera los grandes productores de noticias falsas: partidos políticos, Gobiernos y grandes corporaciones, mediáticas o no. Estos son, defiende Levi, los "principales inversores en fake news" y los más beneficiados por los votos, clics o compras que estas producen. Y son también los que integran, en gran medida, el mencionado Grupo de Expertos: la mitad de sus 39 miembros, denuncia Xnet, representaban a grandes conglomerados de producción y distribución de contenidos (Mediaset, Sky News, Google, Twitter...). 

Lo que preocupa a la plataforma es que sean precisamente estos agentes los que acaben definiendo qué es una noticia falsa y cómo luchar contra ella, sin que se le exijan responsabilidades, y que en el proceso se produzcan "ataques liberticidas contra los derechos digitales", entre los que sitúa la libertad de expresión. Y les preocupa también que se separe conceptualmente a las fake news de las noticias falsas de toda la vida, que se producen también fuera de Internet. "La manipulación informativa y la propaganda tienen una historia que acompaña a los gobiernos desde la edad de piedra", señala Simona Levi. El periodista Guillem Martínez se encarga, de hecho, de un texto dedicado a rastrear —y recordar— las mentiras producidas por gobernantes y medios de comunicación mucho antes de que existiera la red. Sirva un ejemplo: a lo largo de la conversación se hace referencia de manera más o menos explícita, en varias ocasiones, a cómo el Gobierno de Aznar logró que los medios de comunicación anunciaran que el atentado del 11M era obra de ETA. Xnet considera que todas las prevenciones frente a las fake news en redes deberían tomarse también sobre los medios no digitales: "Decir que ahora pasa una cosa terrible [que antes no sucedía] tiene una intencionalidad", advierte Levi. 

Xnet critica, entre otras cosas, que los análisis institucionales se hayan centrado en el control de los difusores de las fake news, como las redes sociales o los buscadores, y no en el de los productores. Simona Levi lo compara con el proceso vivido con la imprenta, donde se pasó de unos "primeros cien años de libertad" a "otros trescientos de Inquisición" cuando los Gobiernos, ante la imposibilidad de manejar a los autores, decidieron ir a por los impresores. "El enfoque predominante", defiende el volumen, "atribuye toda la responsabilidad y, en consecuencia, el poder, a los intermediarios, en este caso principalmente las plataformas en línea, abriendo la puerta a un control privatizado de la libertad de expresión, o sea, una forma actualizada aunque clásica de censura sistémica". Es decir, lo que temen los autores es que se use los criterios de "verdadero" y "falso", siempre huidizos y siempre disputados, para, a través de grandes operadores como Twitter, Facebook o Google, eliminar los mensajes contrarios al discurso del poder. 

Quizás el más claro ejemplo que ofrecen es la ley rusa contra la desinformación, que sirve, en palabras del propio legislador, para "disciplinar a los ciudadanos para que no falten al respeto al Gobierno", según la traducción de Xnet. Pero también señalan el caso alemán, el primer Estado de la Unión en aprobar una legislación contra las fake news, amenazando con multas de hasta 50 millones de euros a las plataformas que permitan contenido "falso". "Está produciendo un efecto censor, con la eliminación de todo tipo de contenido para no incurrir en sanciones", denuncia el colectivo. Y no deja de destacar el decreto ley aprobado en el pasado Consejo de Ministros y publicado este martes en el BOE, que permite al Gobierno español cerrar servicios digitales si ve una "amenaza inmediata y grave para el orden público" o "cuando cree graves problemas económicos u operativos". Xnet invita a reflexionar sobre los efectos de estas políticas: ¿podrá una plataforma eliminar una noticia que contradiga la versión del Gobierno sobre tal o cual asunto?, ¿quién designará a los actores informativos que dicen la verdad y a aquellos que mienten? "En lugar de culpar del problema a la libertad de expresión", dice Simona Levi, "en vez de inventar Ministerios de la verdad, si se quiere solucionar el problema, hay que cambiar el foco".

¿Su propuesta? Follow the money, sigue el dinero. Xnet defiende que solo se debería "exigir un esfuerzo de verificación de veracidad" a aquellos contenidos que supongan un negocio, entendido como aquellos que hayan exigido una inversión. Quedarían así fuera los mensajes personales de los ciudadanos o las protestas sociales. "Somos todos mentirosos e ingenuos, esto es algo psicológico que viene con el género humano. El problema está relacionado con la inversión de dinero en contenidos y difusión", razona la investigadora. Así, proponen, por ejemplo, que las partidas presupuestarias de los partidos políticos dedicadas a comunicación estén perfectamente desglosadas, de manera que se conozcan las cantidades invertidas en cada campaña y en cada empresa de comunicación, o que las empresas dedicadas a la comunicación política deban hacer públicos sus clientes y encargos. Igualmente, consideran que todos los contenidos, ya sean noticias, información institucional o propaganda política, debería estar sometidos a criterios externos de verificación previa, dejando claras las fuentes de las que extraen sus afirmaciones o sometiéndose a procesos de revisión colectiva. 

Tampoco tiene empacho Xnet en señalar la acción interesada de los grandes medios, rápidos en clamar al cielo por el supuesto auge de las fake news pero muy lentos en poner coto a la desinformación que ellos mismos producen. Simona Levi no duda de calificar de "lavado de cara" medidas como The Trust Project, una iniciativa a la que se se han sumado medios de comunicación como El País, El Mundo o The Economist que, supuestamente, exige alcanzar ciertos "indicadores de confianza" como la transparencia en la financiación del medio o la inclusión de fuentes verificables. En la práctica, no se efectúa ninguna comprobación de que las piezas publicadas bajo este sello cumplan con estos criterios.

De igual forma, Levi advierte sobre que el temor a las fake news lleve a los agregadores de noticias a indexar informaciones que provengan solo de grandes corporaciones, borrando del mapa a medios digitales independientes (como, por ejemplo, infoLibre). Asimismo, Xnet se muestra escéptica con el fact checking o verificación que ejercen medios como Maldita.es o Newtral: "Si no es preventivo, no es efectivo", dice Levi, que advierte de que las mentiras son mucho más virales que sus correcciones. "Es un esfuerzo desesperado", zanja.

Todos parecen serlo para combatir la desinformación. Pero Xnet tiene una propuesta: trabajar sus recomendaciones para transformarlas en ley. "Parece ciencia ficción", concede, antes de sacar la artillería de su mayor logro, el movimiento 15MpaRato, que impulsó el juicio por el caso Bankia: "Pero también parecía ciencia ficción llevar a Rodrigo Rato a la cárcel y mira". 
 
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