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'Entender la renta básica'

Víctor Gómez Frías | Teresa Sánchez Chaparro
Publicada el 30/05/2020 a las 06:00

¿Qué es la renta básica? ¿Cuál es su diferencia con la renta mínima? ¿Cuáles son las posibilidades para su financiación? ¿Qué dificultades implica su puesta en marcha? ¿Y qué permitiría? Cuando el Gobierno está a punto de aprobar el Ingreso Mínimo Vital, estas preguntas parecen más vigentes que nunca. Y en este momento, la editorial Gedisa publica Entender la renta básica, de Víctor Gómez Frías y Teresa Sánchez Chaparro, disponible ya en formato e-book y en librerías a partir del 15 de junio. En el breve volumen —que cuenta con un prólogo firmado por Manuel Valls, ex primer ministro francés y concejal del Ayuntamiento de Barcelona— los autores defienden la renta básica podría "a la vez reforzar la libertad de cada individuo, aportar prosperidad y atenuar las desigualdades". 

El libro forma parte de la colección de títulos breves y divulgativos llamada Más democracia, que se propone explicar de manera accesible algunas de las claves del sistema representativo y está dirigida por la politóloga —y colaboradora de infoLibre— Cristina Monge y el catedrático en Filosofía del Derecho Jorge Urdánoz. La serie incluye ya los títulos como Comprender la democracia, de Daniel Innerarity, Reformar el sistema electoral, de Urdánoz y Enrique del Olmo, o Votar en tiempos de la Gran Recesión, de Pablo Simón.

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¿Debe adoptarse una renta básica en la economía poscoronavirus?

Hay que precisar qué debe entenderse por "pos": ¿el período en el que ya nos encontramos tras haber irrumpido el virus en nuestras vidas?, ¿una fase de recuperación económica que se podrá abordar cuando la situación sanitaria esté bajo control?, ¿o un futuro de vuelta a una situación similar a la que vivíamos hasta comienzos de 2020? (...)

Hemos abordado hasta ahora nuestras reflexiones sin considerar particularmente la globalización y sin mencionar a Europa más que para estimar las posibles ayudas que podrían provenir de la Comisión o del Banco Central Europeo, aunque la dimensión continental se proyectaría también en cada país en el diseño y posibilidades de una renta básica en sí. Otras regiones del mundo con economías especialmente conectadas tendrían sin duda que realizar reflexiones similares, que pasarían por reforzar los organismos en esos ámbitos territoriales, a la vez que el multilateralismo a nivel mundial parece que se ha demostrado caduco para enfrentarse a la epidemia.

La primera razón para la cooperación supranacional es la competencia fiscal. Se suele hablar del "efecto llamada" de la renta básica respecto a países en desarrollo, pero en realidad esta política pública es ante todo una reorganización del Estado del bienestar y de la administración del gasto público. El atractivo para los vecinos pobres lo produce el Estado del bienestar ya vigente y la prosperidad en términos generales.

El riesgo iría más bien en el otro sentido: que el incremento de impuestos que supone implantar la renta básica provocase desplazamientos de personas o empresas a otros países, dado que en Europa ya existen de hecho varios Estados pequeños que se aprovechan de los demás bajando sus impuestos para atraer a grandes corporaciones o fortunas. Los países grandes pierden, pero no pueden competir en esa estrategia, porque bajar impuestos para ellos supone recaudar menos sin que resulte compensado por lo que aportan quienes pudieran venir. Los paraísos fiscales interiores de la Unión Europea son por lo tanto un lastre y un riesgo para el avance de las políticas sociales en cada Estado miembro.

Podría imaginarse sin embargo lo contrario, a saber, que la Unión Europea promoviera la renta básica o armonizara la legislación para evitar esa competencia desleal que dificulta que pueda financiarse adecuadamente. O incluso que ligara ambos objetivos: se ha propuesto en bastantes ocasiones un seguro de desempleo a nivel europeo sufragado conjuntamente. Podría establecerse una renta básica con un mínimo común sustentado para todos con presupuesto comunitario que complementara cada Estado, contribuyendo así a la solidaridad. Los impuestos de actividades más "móviles" y por lo tanto expuestos a la competencia desleal entre territorios (dumping fiscal) podrían armonizarse a nivel europeo e incluso recaudarlos total o parcialmente por la Comisión para sufragar ese mínimo de renta básica. Podría ser el caso en particular de sociedades y de herencias (el de patrimonio no está generalizado en todos los países y no parece necesario ni oportuno extenderlo económica ni políticamente).

Nos ocuparemos pues aquí tanto de la urgencia inmediata como de la (re)construcción progresiva a lo largo de los próximos años. En un país que contara desde antes de sobrevenir la crisis con una renta básica suficiente (como la propuesta de 450 euros mensuales para España), el efecto socioeconómico habría sido muy diferente: ese mecanismo universal habría evitado las situaciones de pobreza sin tener que desplegar medidas contingentes, con el riesgo de retrasos y errores burocráticos y los diversos perjuicios de las trampas de pobreza.

Como hemos visto, es una medida que en España supondría un aumento del gasto público de aproximadamente el 2% del PIB, una vez que se suprimen todas las duplicidades con otras transferencias monetarias hasta esa cuantía. Por un lado ese 2% es menos que la diferencia en el gasto público de España frente a la media europea. Pero, sobre todo, si la renta básica estuviera ya implantada, se habría convertido en el pilar central del Estado del bienestar, y no podría ser retirada sin desarrollar de nuevo el amplio entramado para atender casos dispersos. Eso no quita que igual que en tiempos de más prosperidad se pudiese ir incrementando la cuantía de la renta básica o modificar el esquema fiscal en que se sustenta, también en una crisis se podría modular a la baja las cuantías o aumentar por ejemplo el tipo del impuesto sobre la renta en que se sustenta al reducirse la base impositiva.

¿Sería entonces adecuado aprobar una renta básica lo más rápidamente posible ante un contexto de crisis económica? Sería una opción relativamente factible en términos operativos para el Gobierno de España si consistiera en declarar su carácter automático. Pero la dificultad burocrática se trasladaría entonces al resto de Administraciones, que deberían descontar su cuantía. Podría a su vez decidirse que esos otros niveles suprimieran pura y simplemente esos mecanismos alternativos de ayuda. Pero surgen varias dificultades.

La primera es que en realidad la Administración central no tiene suficientemente controladas a las personas a las que tendría que conceder una ayuda. De los 38 millones de adultos, 20 millones realizan la declaración de la renta; es decir, que de otros 18 millones la Administración puede no disponer ni de una cuenta corriente en la que depositar la renta básica. Precisamente entre las personas en riesgo de pobreza se concentran quienes no tienen que realizar declaración, y su monitorización por las Administraciones responsables de las cuestiones sociales no implica que exista un registro coordinado con la Agencia Tributaria central.

En segundo lugar, y en el más relevante en términos de complejidad jurídica y operativa dentro del Estado compuesto que es España, hay que tener en cuenta que las ayudas autonómicas superan en general el umbral de 450 euros. En la mayoría de casos en sólo unas decenas de euros, pero en los niveles más bajos de precariedad esas cantidades suponen en términos absolutos y relativos una notable diferencia. Como ejemplo, en Francia en 2018 el aumento de los impuestos a los carburantes, que supondría unas decenas de euros más de gasto al mes para algunas personas, hizo prender el conflicto de los "chalecos amarillos". Y previamente la crítica de mayor amplitud había sido un recorte de cinco euros mensuales en las ayudas para alquiler que reciben los estudiantes y los inquilinos con menores ingresos.

Además, como se ha indicado, la renta básica supone un coste adicional de un 2% incluso si se suprimen todas las duplicidades en otras administraciones, pero requiriendo un notable reajuste impositivo para recuperarla después de quienes menos lo necesitan a través del impuesto sobre la renta, por lo que resulta difícil adoptarla justo cuando se está en un aumento desaforado del déficit que no se sabe en lo inmediato cuánto recorrido puede tener. Se podría establecer con cuantías más bajas, pero en ese caso nos alejaríamos aún más de las ayudas que conceden las Comunidades Autónomas.

Así que no, desgraciadamente, la renta básica no es una medida que se pueda implementar con una suficiente efectividad en cuestión de pocas semanas, incluso aunque tuviera todo el apoyo político posible. No obstante, cabe recordar que tampoco el ingreso mínimo vital es en absoluto una medida adaptada para la urgencia, porque exige desplegar una intensa cooperación burocrática entre niveles administrativos con ajustes mes a mes en función de los ingresos de los beneficiarios, frente a un modelo de renta básica donde los pagos mensuales no requieren comprobaciones y sólo se ajustan los impuestos una vez al año a posteriori.

Lo más adecuado para la urgencia son pues ayudas concedidas con criterios muy sencillos —y si es posible de manera automática para todos, permitiendo que un nuevo beneficiario no registrado pueda solicitar apuntarse—, como por ejemplo que optaran quienes hubieran tenido el año anterior ingresos por debajo del IPREM (7.680€) y no hubiesen recibido las prestaciones por desempleo que otorga también el Gobierno central; o bien el conjunto de personas que ni están empleadas, ni han recibido otra ayuda del Gobierno central, ni declararon el año pasado un cierto patrimonio. Al año siguiente, en la declaración de la renta se regularizaría el eventual reintegro total o parcial para quienes hubiesen tenido finalmente suficientes ingresos en 2020, de tal manera que lo "adelantado" este año podría no considerarse una ayuda como tal sino un simple anticipo fiscal, por lo que no contaría como déficit.

Debemos pues concentrarnos en la posibilidad de implantar la renta básica en una fase de reconstrucción, es decir, no en la urgencia de las primeras semanas sino en los meses que seguirán. (...)

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