La posición de la UE sobre Venezuela: no a la Constituyente, apoyo al diálogo y resistencia a imponer sanciones

La UE ultima su respuesta ante la crisis política en Venezuela. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, anunció que propondrá a Federica Mogherini, número uno de la diplomacia europea, que se acuerden sanciones –aunque descartó las medidas económicas–, una posibilidad que, hasta ahora, la UE ha evitado, aunque está "sobre la mesa", según indicó la propia Mogherini el pasado 17 de julio. También reclamó que se adopten "medidas adicionales" para frenar la "deriva autoritaria" de Maduro el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, mientras que el expresidente José María Aznar reapareció este martes para demandar a Rajoy que lidere una posición común en la UE que suponga "pasar a las respuestas" y "acabar con el régimen" de Maduro cuanto antes.

A la espera de que los veintiocho acuerden una posición conjunta, lo indudable es que las instituciones comunitarias observan con preocupación la situación política en el país. En las últimas horas reiteraron su rechazo hacia la Asamblea Constituyente elegida el pasado domingo en una jornada electoral con baja asistencia a las urnas –aunque Gobierno y oposición discrepan abiertamente en las cifras– y en la que no participaron los grupos de la oposición. Esa asamblea, a la que el presidente Nicolás Maduro encargará redactar una nueva Constitución, "no puede ser parte de la solución", pues ha sido "elegida en condiciones dudosas" y con "frecuencia" en "circunstancias violentas" y solo provocará más "división", apuntó este lunes en un comunicado un portavoz del servicio de Acción Exterior de la UE.

La Unión rechaza por tanto el plan del presidente Maduro y se resiste por ahora a imponer sanciones: su máxima hasta ahora ha sido la de defender el diálogo pacífico y la búsqueda de soluciones consensuadas en el país. Mogherini señaló en un comunicado la pasada semana que el objetivo debe ser "rebajar la tensión y crear mejores condiciones que permitan la reanudación de los esfuerzos hacia una solución pacífica negociada", además de "poner fin a la violencia" y acabar con "violaciones de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares", sobre los que dijo haber tenido noticias en las últimas fechas. infoLibre repasa a continuación la posición de la UE sobre Venezuela:

La posición del Consejo

El pasado 15 de mayo, el Consejo de la Unión Europea –el órgano donde están representados los estados miembro a través de sus ministros– aprobó un documento [ver en PDF] donde fija la posición de la UE sobre la situación política en Venezuela. En ella recuerda la necesidad de emprender un "diálogo urgente", como ya reclamó en un texto similar aprobado en 2016, y lamenta que en los últimos meses las conversaciones hayan quedado estancadas, haya "aumentado la polarización política", se haya deteriorado la situación "económica y social" y se haya producido una "escalada de la violencia que ha causado múltiples muertos y heridos" en una serie de "incidentes violentos" que "deben investigarse".

En lo que podría entenderse como un mensaje dirigido tanto al Gobierno como a la oposición venezolana, el consejo llamó a "todas las partes" a que "se abstengan de cometes actos violentos". Además, incluyó una serie de reclamaciones dirigidas al Ejecutivo de Maduro: recordó que deben respetarse "derechos fundamentales" como el derecho a "manifestarse pacíficamente", calificó de "contrario al derecho internacional" que se recurra a tribunales militares para juzgar a civiles, reclamó respeto a la "separación de poderes", llamó a que cuanto antes de fije un calendario electoral –las elecciones regionales y municipales previstas para finales de 2016 están aplazadas y sin fecha, por ahora– y demandó la "liberación de los opositores políticos encarcelados".

Aplazamiento de las elecciones y del revocatorio

El citado aplazamiento de las elecciones es una de las claves de actual conflicto. En octubre de 2016 Maduro afirmó que "la prioridad" en el país no era "hacer elecciones", sino "recuperar la economía", y finalmente, a mediados de mes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Tibisay Lucena, confirmó que esos comicios donde iban a elegirse gobernadores y alcaldes quedaban pospuestos hasta 2017. También generó polémica la paralización del revocatorio impulsado por la oposición: grupos opositores entregaron en mayo de 2016 casi dos millones de firmas para activar el proceso de convocatoria de un referéndum sobre la continuidad del presidente Maduro, pero el CNE anunció meses después que ese proceso quedaba pausado por el momento.

En la resolución aprobada el pasado 27 de abril, el Parlamento Europeo reclamó que el Ejecutivo venezolano respetase la Constitución y presentase "en el plazo más breve posible" un calendario electoral para celebrar comicios "libres y transparentes". Sobre el revocatorio, consideró que Maduro impidió su celebración "a pesar de que se cumplían todos los requisitos constitucionales" para que ese proceso se pusiera en marcha. Ya en junio de 2016, la eurocámara aprobó otra resolución en la que la cifra de firmas reunida por los opositores a Maduro (1,8 millones) era "muy superior a las 198.000 firmas necesarias inicialmente" para que el revocatorio "sea legal y aceptado desde el punto de vista constitucional".

Conflicto entre el parlamento y los jueces

En el verano de 2016, el Tribunal Supremo de Venezuela declaró en desacato a la Asamblea Nacional del país y anuló varias de sus acciones, después de que el parlamento del país –dominado por la oposición desde enero de aquel año– hiciera caso omiso de algunas sentencias del órgano judicial, con mayoría de jueces afines al Gobierno. Después, en marzo de 2017, el Supremo dejó sin competencias a la Asamblea y decretó que la Sala Constitucional del propio tribunal pasaba a asumir el rol del parlamento. También retiró la inmunidad parlamentaria a los diputados. La decisión creo tal malestar que el propio tribunal tuvo que rectificar pocos días después: el 1 de abril devolvió sus competencias al parlamento y la inmunidad a sus integrantes.

Las instituciones comunitarias se han mostrado muy críticas con la actuaciones de los órganos judiciales de Venezuela. El Parlamento Europeo señaló en su resolución del pasado abril que las sentencias del Supremo "infringen tanto la separación de poderes garantizada por la Constitución como la obligación impuesta a todos los jueces de respetar y proteger" la "integridad" de la Carta Magna. Así, la eurocámara rechazó los fallos del Supremo e, incluso pese a su rectificación y la devolución de competencias a la Asamblea Nacional, exigió al Gobierno de Maduro que garantizase "la plena restauración del orden democrático", la "plena autoridad constitucional de la Asamblea Nacional" y respetase la separación de poderes. 

Ya un año antes, en junio de 2016, acusó al Supremo de dictar "trece sentencias que obedecen a motivos políticos" y son "favorables al ejecutivo" durante los cinco primeros meses de actividad legislativa de la nueva Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Esos fallos ponen "en peligro" el "equilibrio de poderes que debe existir en un país regido por el Estado de Derecho".

El bloqueo a tres diputados clave

Entre las decisiones de la justicia venezolana que, a juicio del Tribunal Supremo, incumplió la Asamblea Nacional, está la de permitir la toma de posesión de tres diputados de la oposición que no habían podido asumir el cargo tras impugnar el resultado electoral sectores afines a Maduro. Esos tres parlamentarios eran clave porque, con su incorporación, completaban una mayoría de dos tercios favorables a los grupos opositores, que se impusieron en las elecciones de diciembre de 2015 por primera vez en la asamblea en 16 años. Esa mayoría reforzada es la necesaria, por ejemplo, para reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas o para nombrar a miembros del poder judicial o de las autoridades electorales, aunque el proceso no es nada sencillo.

El Parlamento Europeo consideró en abril que la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional", es decir, "una mayoría de dos tercios frente a los 55 escaños del PSUV [el partido de Maduro]" y que el Supremo "impidió la toma de posesión de los escaños de cuatro representantes", tres de ellos de la oposición, "privando así a la oposición de su mayoría de dos tercios". Ese fue el criterio que expresó también la cámara en su resolución de verano de 2016. Incluso antes, el 21 de enero de aquel año, el parlamento comunitario condenó "cualquier intento de menoscabar la plena aplicación de los resultados electorales" y advirtió expresamente contra la "suspensión de algunos diputados elegidos democráticamente".

Los presos políticos

Este martes, la Justicia venezolana volvió a encarcelar a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ambos estaban en arresto domiciliario, una medida que revocó el Tribunal Supremo de Justicia, según expresó en un breve comunicado, porque ambos habrían violado las condiciones en las que se les concedió y porque, de acuerdo con "fuentes de inteligencia". En el caso de López, el TSJ recordó que las condiciones de su arresto domiciliario no le permitían realizar "ningún tipo de proselitismo político", mientras que en el de Ledezma apuntó que los jueces "le habían impuesto como condición la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio" porque, "en caso contrario, se revocaría de inmediato la medida.

La cuestión de los presos políticos es recurrente en Venezuela. Según la resolución de abril del Parlamento europeo, las sucesivas "detenciones arbitrarias" dejaban el recuento de "presos políticos" en Venezuela en "más de cien" en esa fecha. En ese mismo texto, instó a la "puesta en libertad inmediata e incondicional de todos" ellos, porque "no puede haber una solución pacífica y duradera si hay presos políticos". Menos de un año antes, en junio de 2015, la eurocámara cifró en "unas 2.000" las "personas encarceladas, en arresto domiciliario o en condena condicional por razones políticas, incluidos importantes líderes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos". Igualmente, en 2015, expresó su preocupación por las "detenciones arbitrarias" y "ataques" contra miembros de la oposición política.

La violencia de las partes

La economía de Venezuela agoniza

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La oposición venezolana ha acusado reiteradamente al Gobierno de Maduro de ataques y actos violentos en su contra. Pero el Ejecutivo también ha afirmado que los opositores organizan y alientan revueltas violentas, en muchos casos con resultados mortales. La violencia, en todo caso, es palpable: el pasado domingo, durante la jornada para elegir a la Asamblea Constituyente, hubo no menos de siete muertos. Apenas un día antes de los comicios, un candidato chavista, José Félix Pineda, fue asesinado a tiros en Ciudad Bolívar (sureste), en su propio domicilio, en el que irrumpió un grupo de hombres armados. Semanas antes, otro candidato, José Luis Rivas, murió tras ser tiroteado durante un acto de campaña en la ciudad de Maracay, al norte del país.

Las instituciones europeas han llamado a todas las partes implicadas en la crisis a actuar de forma pacífica. La última resolución del Parlamento Europeo, por ejemplo, exige que cese "la represión brutal" de las fuerzas de seguridad venezolanas contra los manifestantes. La aprobada en 2016, además, incluía la petición a "los líderes de la oposición" de que "ejerzan sus poderes responsablemente", y en 2014 la cámara reclamó a las autoridades del país que "desarmen y disuelvan" los "grupos armados descontrolados progubernamentales". En una respuesta parlamentaria el pasado 11 de julio de 2017, Federica Mogherini insistió en la necesidad de que "todos los actores políticos" del país se "involucren de manera genuina y firme" para lograr "soluciones duradera y pacíficas".

Las apelaciones al diálogo, de hecho, son uno de los elementos centrales de las intervenciones de Mogherini, que ya en junio de este año hizo un "llamamiento a todas las partes para que se abstengan de cometes actos violentos" en otra respuesta parlamentaria. Mogherini también ha celebrado los intentos de mediación y diálogo tanto del Vaticano y de Unasur como de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández (República Dominicana) y Torrijos (Panamá): "La UE apoya los esfuerzos de los presidentes y hemos establecido estrechos contactos con el presidente Rodríguez Zapatero para acompañar y apoyar sus esfuerzos de facilitación", destacó la alta representante en una respuesta parlamentaria en noviembre de 2016.