Del abuso de poder a la transparencia

Si algo espera la sufrida ciudadanía, tanto del presidente Pedro Sánchez como de este gobierno socialdemócrata, es decencia y un cambio de cultura política en el ejercicio del poder. Porque además de las dolorosas consecuencias provocadas en millones de familias por la crisis económico-financiera, se han vivido años de opacidad, corrupción y amiguismo, abuso de poder, prepotencia y desprecios al Parlamento.

La herencia del PP es una democracia de baja calidad y un aumento de las desigualdades y de la precariedad. Ahora se trata, entre otras prioridades sociales, de fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana en el sistema democrático y el prestigio perdido de las instituciones. Todo forma parte de la regeneración democrática.

Seguimos transitando por el desempleo, la devaluación salarial y los recortes en medio de una corrupción generalizada en el PP y el enriquecimiento de unos pocos; sin olvidar otros casos que implican a más partidos. Hemos soportado, además, noticias y denuncias sobre personas del mundo empresarial, del deporte o la cultura en escándalos de elusión y fraude fiscal. Nos hemos tragado una amnistía fiscal como secreto de Estado. Y el resultado final es una crisis de valores en nuestra sociedad que las derechas intentarán aprovechar en temas sensibles como las migraciones o crispar con exaltaciones de nacionalismo español.

Por eso, la calle reclama al nuevo Gobierno la máxima transparencia y un alto nivel de moralidad política. Esto se traduce en devolver a la política las reglas democráticas y los comportamientos decentes que se encontraban en riesgo en España. Son demandas ciudadanas que no suponen coste económico ni encontrarán grandes dificultades en el Parlamento. Pero que precisan, por parte del Gobierno, voluntad política para aplicar unos códigos de conducta moral junto a una ética personal de fuertes convicciones en valores democráticos. Y este Gobierno las tiene, del mismo modo que aspira a mejorar la Ley de Transparencia.

Ahora le corresponde al presidente liderar una auténtica catarsis de la vida política institucional, introduciendo en el día a día una nueva cultura en el uso del poder político. Las ideas claves de este deseado cambio se resumen en una gobernanza cívica que se caracterice por la práctica del diálogo y la búsqueda del pacto con los grupos del Parlamento para devolver la dignidad a la vida de las personas; la interlocución con la sociedad y sus agentes; el respeto al pluralismo desde los medios públicos de comunicación; la transparencia en sus decisiones y la búsqueda de la eficacia en las administraciones; la elección de los responsables de los órganos constitucionales en base a los principios de mérito, capacidad, consenso amplio e independencia; la rendición de cuentas sobre el programa de gobierno y el sometimiento al control del Parlamento; y una concepción práctica de la democracia que desarrolle sus dimensiones representativa, participativa y deliberativa.

Hablamos de la buena gobernanza (la que suma transparencia, colaboración e integridad) que ha de extender la responsabilidad, la participación y la colaboración hacia el poder legislativo y los Gobiernos de los territorios. En un plano más personal y a través del Portal de Transparencia, quienes componen el equipo de Pedro Sánchez darán a conocer sus declaraciones de renta, bienes, intereses e incompatibilidades, la agenda de actividades, los viajes que realizan con dinero público y su cometido.

Frente a la opacidad o a las restricciones a la democracia, la transparencia de las instituciones públicas obliga a dar cuenta de los actos y decisiones del gobierno. Y ello es mucho más que una información o publicidad activa de los acuerdos. Se deben justificar las razones de por qué se adoptan o, de lo contrario, cómo se gestionan las decisiones, con quién se han consultado y cómo se utilizan los recursos presupuestarios. Es preciso perfeccionar la página web de cada ministerio y el Portal de Transparencia del Gobierno -hoy muy poco visitado- para convertirlos en espacios abiertos y de referencia, con formatos accesibles a la inmensa mayoría ciudadana y con una información tratada para hacerla comprensible y reutilizable por el gran público. La transparencia también exige esfuerzo ciudadano.

En los nuevos tiempos que llegan, la transparencia hay que vincularla a la educación de la ciudadanía, para construir una democracia madura, y a la era digital ante las potencialidades que ofrecen Internet y las redes sociales. La transparencia aporta mayor legitimidad a un Gobierno abierto y significa un instrumento clave para la prevención de la corrupción y para la rendición de cuentas, haciendo posible el control democrático del poder, tanto por parte de la ciudadanía como del Parlamento.

Confío en que el Gobierno del PSOE supere el desafío que supone hacer política desde la cultura de la transparencia y de la redistribución, aunque no será una tarea fácil. Y más aún para un Gobierno, referente hoy de la socialdemocracia en Europa, que nace con muchos frentes abiertos por la herencia de Rajoy, limitaciones y condicionantes claros.