Absentismo y demonización de clase

En su obra Chavs: la demonización de la clase obrera, el autor británico Owen Jones advertía, hace ya quince años, sobre el proceso político, mediático y cultural mediante el cual se estereotipaba a sectores de personas trabajadoras como fundamentalmente irresponsables y subvencionadas. La caricaturización despectiva estaría relacionada con la legitimación de la desigualdad, al vincular la situación económica de cada cual con un problema de conducta personal o de un estilo de vida “vicioso”, desligándola de los problemas estructurales de acceso a empleos dignos o a viviendas asequibles, y abundando en la idea moral de la culpabilización: el sistema es justo, y por tanto la pobreza o la precariedad no responden a fallas sistémicas, sino a falta de ambición y pereza personal. Meritocracia perfecta frente a inadaptados aspirantes a vivir parasitariamente del sistema.

Recordaba los trabajos de Jones al observar el tono que están adquiriendo algunos mensajes políticos y empresariales, coronados por la infame campaña de comunicación que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emprendido en algunos territorios de España. “Mientras unos no están, otros esperan” vincula la situación de “absentismo injustificado” con el deterioro de la calidad de la atención en la hostelería, el retraso del servicio de los técnicos de internet y, ¡ojo!, con el hecho de “que tu abuela no reciba la medicación a su hora”.

Este exabrupto llegó pocos días después de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que, mezclando churras con merinas, gimnasia con magnesia, y el culo con las témporas, incidía en la utilización del absentismo como categoría de sospecha, acompañada de una propuesta programática implícita (aunque cada vez menos implícita) de reducción de derechos. 

Soy de la opinión de que esto no ha hecho más que comenzar, y el campo de batalla del hostigamiento va a ir in crescendo a la espera de un cambio de ciclo político, para que, bajo el gobierno de las derechas extremas y extremadas —en caso de llegar al poder—, se pongan en cuestión los niveles de protección del trabajo. Particularmente lo que tiene que ver con las prestaciones de desempleo, subsidios para personas mayores de 52 años, rentas de garantía vital como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones, las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad contractual, además, como es obvio, del derecho a recuperar la salud en buenas condiciones.

La razón de esta ofensiva no es la existencia de una sociedad española inactiva, ociosa o subsidiada. Es todo lo contrario. El incremento de las personas activas, ocupadas, y con empleo, es constatable. Nunca ha habido más gente trabajando en España, nunca ha habido tantas personas en disposición de trabajar. La mejor evolución comparada de la economía española respecto a las de otros países de nuestro entorno tiene que ver en parte con la evolución del mercado laboral. La temporalidad en la contratación del empleo asalariado en el sector privado es menos de la mitad respecto a la que sufríamos desde finales de los años 80. Las tasas de desempleo bajan por fin de los dos dígitos, el pleno empleo empieza a ser una realidad palpable en una parte de los territorios de nuestro país, y la opción de consolidar un pleno empleo a nivel general ya no es una quimera, sino que es factible. 

La motosierra que algunos empiezan a apuntar no solo implicaría una profunda regresión social, sino que pondría palos en las ruedas de una mejora de la productividad de nuestro país

Pero hay más. En la próxima década se jubilarán más de 5 millones de personas, y algo menos de 2 millones de jóvenes entrarán en el mercado laboral. La retirada paulatina de las generaciones del baby boom y su sustitución por generaciones mucho menos numerosas se ha analizado desde diversos planos (el envejecimiento, la necesidad del fenómeno migratorio), pero se suele pasar por alto otro efecto, no menor: cambian las tornas. La capacidad de negociación salarial de los españoles del futuro inmediato va a incrementarse notablemente. Las vacantes laborales con las que se van a topar muchas empresas les van a obligar a mejorar sustancialmente sus ofertas salariales, o no van a encontrar personas a las que emplear. En una situación de paro inferior al que históricamente ha tenido España, con puestos de trabajo por cubrir y la expectativa razonable de encontrar un empleo si se pierde el que se tiene, las personas trabajadoras pondrán más en valor su salud, física y mental, su bienestar, la compatibilidad y conciliación de la vida personal y profesional. 

Y ahí radica “el problema”. Buena parte del capitalismo español no está “programado” para asumir ese paradigma. ¿Recuerdan? “Esto es lo que hay. Si te gusta, bien. Y si no, tengo a doscientos esperando en la puerta para coger este curro”. 

Ante esta situación, se perfila una batería política pensada para desposeer de redes de seguridad a las clases populares, que les fuerce necesariamente a asumir empleos de mala calidad, bajos salarios, deficiente prevención de riesgos laborales, o inestabilidad contractual. La idea es demonizar los derechos de conciliación, cuidados, recuperación ante la enfermedad o actividad sindical, resignificándolos en signos de improductividad, para recuperar valores de abnegación, vínculo heroico al trabajo, asunción de la explotación como forma laboral ordinaria. “Qué tiempos aquellos en que ir al trabajo con unas decimitas de fiebre estaba bien visto, y no estos flojos, que les deja la novia y se deprimen…”. 

Se trata de reducir el poder contractual de la clase trabajadora. Se trata de ir preparando el terreno para una multimillonaria transferencia de recursos públicos y salariales a los márgenes de beneficios de las empresas, y a una desregulación del cuadro de derechos y garantías sociales que España ha ido construyendo. Y se trata de favorecer las condiciones de acumulación del capital menos productivo de nuestro país, volviendo a situar los costes laborales y la precariedad en la contratación (que nunca ha desaparecido, pese a la notable reducción de una de sus expresiones más claras como es la temporalidad), como principales ventajas comparativas de nuestro modelo económico.

El error sería mayúsculo. España tiene la oportunidad de modernizar su aparato productivo en base a ventajas comparativas diferentes, particularmente el precio de la energía, continuando con la transición energética y ecológica y acelerando la electrificación de nuestro país. El contexto geoestratégico nos “obliga” a ello. La motosierra que algunos empiezan a apuntar no solo implicaría una profunda regresión social, sino que pondría palos en las ruedas de una mejora de la productividad de nuestro país, que no puede volver a pasar por el deterioro de las condiciones laborales y la desprotección social de amplias capas de la sociedad. La simplicidad de la insultante campaña sobre el absentismo anteriormente mencionada no es solo una pasada de frenada o una provocación. Es todo un síntoma.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.