Un Reglamento ambiguo y un solo precedente determinan la posible sanción a ERC y PDeCAT por sus ausencias del Congreso

El Grupo parlamentario de Ciudadanos inició el pasado jueves 19 de octubre una particular cruzada para sancionar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), que cuentan con nueve y ocho diputados en el Congreso, respectivamente. Lo hizo mediante la presentación de un escrito a la Mesa del Congreso [consultar el documento en este enlace], mediante el que solicita castigar a los catalanes con motivo de sus recientes ausencias parlamentarias. Los independentistas abandonaron por primera vez en la presente legislatura el Pleno de la Cámara el 20 de septiembre, como protesta ante las detenciones de diferentes cargos del Govern. La ausencia se extendió a otras sesiones de forma puntual, manteniendo de este modo una actividad parlamentaria activa pero notablemente limitada.

Ciudadanos trabaja por que los gestos de los independentistas catalanes "no queden impunes". El portavoz de su Grupo parlamentario, Juan Carlos Girauta, señaló el pasado martes que "es un incumplimiento del Reglamento del Congreso decir que no se va a acudir en grupo al Pleno".

En el escrito presentado, la formación naranja alega que los catalanes "han limitado su presencia" a las sesiones de control de los miércoles, acudiendo "de forma muy restrictiva y selectiva" a la Cámara Baja. Los diputados de Ciudadanos, quienes consideran que "el cumplimiento de las obligaciones de los diputados no puede ni debe tener carácter protestativo", piden a la Mesa del Congreso que acuerde tomar las medidas que considere oportunas y, en su caso, la pérdida del derecho a asignación económica a los parlamentarios que "persistan en este incumplimiento". La Mesa ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, con el fin de estudiar la petición formulada.

El Reglamento del Congreso indica, en su artículo 99, que todo diputado "podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los derechos" cuando "de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones".

A esta petición se le han sumado los últimos acontecimientos que ponen sobre la mesa la proclamación este viernes de la República Catalana como Estado independiente. Ante ello, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, aseguró que de tener "un mínimo de dignidad" los parlamentarios de ERC y PDeCAT deberían abandonar las Cortes. Ambos partidos, por su parte, declaran por el momento su intención de mantener los escaños en el Congreso y en el Senado. Fuentes del PDecat señalaban a El País este domingo que "la prioridad es estar en las instituciones españolas para defender el autogobierno de Cataluña, y no facilitar las cosas al PP". Este lunes se abordará el asunto en la reunión de la ejecutiva de la formación. Desde ERC añaden: "Vamos a hacer lo que se nos indique desde el Govern y desde el Parlament surgidos de las elecciones del 27 de septiembre de 2015". No reconocen, ni ERC ni el PDeCat, el cese del Govern ni la disolución de la cámara autonómica decretadas con la aplicación del 155.

Actividad parlamentaria

Respecto a una posible sanción, fuentes autorizadas de ERC explican en conversación con infoLibre que el partido se inclina por no hacer ningún comentario. En todo caso, aclaran que no participaron en determinadas sesiones como "respuesta inmediata ante los acontecimientos que ocurrieron en Cataluña, desde los registros y detenciones en la Generalitat hasta la convocatoria de movilizaciones como respuesta".

El PDeCAT, por el contrario, ha optado por una respuesta sin ambages desde un primer momento. Aunque no creen que vaya a salir adelante la propuesta de Ciudadanos, según han confirmado fuentes del partido, han querido hacer público mediante redes sociales el seguimiento de la actividad parlamentaria que han desarrollado durante la presente legislatura. La comparan, además, con la labor desempeñada por la formación naranja, con el objetivo de demostrar que su presencia en el Hemiciclo es real y efectiva. 

A lo largo de la actual legislatura, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita formuladas por el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ascienden a 398 frente a las dos registradas por Juan Carlos Girauta. Por su parte, el portavoz del Grupo de ERC, Joan Tardà, efectuó un total de 22 interpelaciones en lo que va de ejercicio. En cuanto a las proposiciones de ley presentadas por cada uno de los grupos, el PDeCAT cuenta con un total de 19 y ERC alcanza las once. El partido naranja se queda en trece.

Precedentes

Sólo existe un precedente en el que el Congreso de los diputados haya hecho efectivo lo desarrollado en el artículo 99 del Reglamento. En junio de 1991 la Mesa del Congreso decidió, por unanimidad y con la ausencia de Izquierda Unida, suspender de sueldo durante un año a los tres diputados de Herri Batasuna (HB) "ante la reiterada y notoria falta de asistencia voluntaria a comisiones y plenos". En 1989 los diputados de HB tomaron posesión de sus cargos "por imperativo legal", siendo en ese primer momento expulsados por no emplear la fórmula oficial. Según señalaba entonces el vicepresidente segundo y diputado del PP, Federico Trillo, los vascos serían sancionados por doce meses, ya que "también durante un año han cobrado y no han acudido". Fuentes del Congreso explican a infoLibre que los diputados de HB en aquella ocasión "manifestaron que no tenían intención de asistir y no fueron".

El Congreso rechaza sancionar a los diputados de ERC y PDeCAT

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El informe jurídico elaborado entonces por el Congreso a petición del Partido Popular, concluía que "el examen del derecho comparado, de los precedentes del moderno derecho español y de los reglamentos parlamentarios autonómicos muestra el carácter habitual del reconocimiento de una potestad sancionadora por inasistencia a las sesiones parlamentarias".

Aquel informe aludía a los reglamentos del Senado de Bélgica, de la Cámara de Representantes de Bélgica, del Bundestag alemán, de la Segunda Cámara de los Estados Generales de los Países Bajos y de la Cámara de diputados de Luxemburgo, así como la Asamblea de la República de Portugal, según señalaba entonces el diario ABC. En cuanto al derecho histórico español, citaba al Reglamento del Congreso de noviembre de 1934, donde estipulaba que "el diputado que reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o más meses a propuesta de la Presidencia y por acuerdo de la Cámara tomado en sesión secreta".

La decisión venía avalada por un auto del Tribunal Constitucional de 1988, cuando se dio la misma situación en el Parlamento de Navarra. El auto [consultar en este enlace] resolvía un recurso presentado por Herri Batasuna después de haber sido sancionado por la Mesa del Parlamento de la comunidad foral. El Constitucional consideraba en su resolución que "el incumplimiento por parte de unos parlamentarios de tareas explícitamente consideradas en el Reglamento como deberes propios del cargo es causa razonable para una sanción disciplinaria", y señalaba que "la libertad ideológica" no ampara "actitudes que implican precisamente desconocer la obligación principal de un cargo público, puesto que sin duda la asistencia a las sesiones no es tan sólo un mero deber reglamentario, sino al tiempo un requisito inexcusable para el cumplimiento de la globalidad de las tareas parlamentarias".