Esquerra trata de sortear la exigencia de Junts de un mediador para evitar que dinamite la mesa de diálogo

El escenario preelectoral se ha cruzado en el camino del Govern y azuza las discrepancias entre Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana (ERC) en relación con el inicio de la mesa de diálogo con el Gobierno de España que debería constituirse antes de finalizar el mes de febrero pero que, a día de hoy, sigue sin fecha. Este es, al menos, el análisis que hace La Moncloa, que insiste en su disposición a cumplir el compromiso que el presidente Pedro Sánchez adquirió con su homólogo catalán, Quim Torra, en la reunión que ambos mantuvieron en el Palau de la Generalitat el pasado 7 de febrero.

Junts presiona a Esquerra para que acepte exigir a Sánchez que haga sitio en la mesa a un mediador internacional. ERC se resiste a incluir una condición que no forma parte del pacto que negoció con el PSOE. Sánchez, personalmente y por boca de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha rechazado en varias ocasiones esa condición. Y para los republicanos la prioridad es poner en marcha la mesa con las condiciones acordadas con los socialistas. Saben que si el Govern insiste en cambiar el terreno de juego convirtiendo la presencia de un mediador internacional en una línea roja, el tan ansiado espacio de diálogo peligra.

El problema es que el president Torra no se siente aludido por el acuerdo Esquerra-PSOE y considera que la mesa entre gobiernos debe dar continuidad a su propia hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña. Y trata de atraer a Esquerra, a la CUP y a las organizaciones sociales independentistas a su propia estrategia. Por eso el único documento al que se siente obligado es el que aprobó el Parlament de Cataluña, el pasado 6 de febrero con los votos de los grupos independentistas, en el que la Cámara catalana considera que “se requiere una mediación internacional” para “dotar de garantías al diálogo entre iguales y dar visibilidad y efectividad a las negociaciones, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos”.

Esquerra no se opone a la presencia de un mediador, pero no considera que sea una prioridad. Y teme que se convierta en un inconveniente. Los republicanos creen que lo verdaderamente importante es que el Govern disponga por fin de un foro en el que hablar de tú a tú con el Gobierno de España con libertad para plantear cualquier escenario, incluidos la autodeterminación y la anulación de las causas judiciales contra los protagonistas de la declaración de independencia de 2017. Un foro sujeto a condiciones muy precisas que incluyen “valorar, debatir y argumentar” las posiciones de ambas partes en torno a cualquier propuesta que se ponga encima de la mesa. Que tiene que establecer “plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones” y que obliga a las partes a someter cualquier acuerdo a consulta de los ciudadanos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, aseguró este martes que el mediador no es un capricho “personal” de Torra, sino una “obligación” y un “deber”. Su homólogo de Esquerra, Gabriel Rufián, fue más discreto y se negó a opinar sobre el mediador. “Se lo puedo decir 155 veces”, señaló a los periodistas que le insistían para que compartiese su punto de vista. “Todo el respeto al espacio convergente y a su debate interno”, se limitó a decir. Lo importante, concluyó, es que se dé paso al diálogo. “Sería contraproducente meter más presión a la mesa, no voy a entrar en las ideas y sugerencias de cada cual, me quedo con la importante que es dejar atrás la falta de diálogo”.

El disenso entre Junts y Esquerra es tan importante que los plazos para constituir la mesa, que hace pocas semanas eran muy importantes, han pasado a un segundo plano. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, prefirió este martes, tras la reunión semanal del Consell, dar prioridad al tema del mediador y no a la fecha.

“El calendario no es la prioridad. Queremos que salga bien y que la mesa de negociación sea un éxito. Si esto significa que tenemos que esperar una semana más para acabar de cerrar todos los flecos es normal, si se quiere el éxito del encuentro", remarcó.

Por el camino, el independentismo se dispone a hacer una nueva demostración de fuerza. Será el próximo 29 de febrero, en Perpiñán (Francia), donde el Consell per la República, una entidad privada dirigida por Carles Puigdemont, ha convocado un acto multitudinario en defensa de la independencia de Cataluña. En él estarán el expresident, acompañado de los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsati, Torra y el expresident Artur Mas. La organización, que ha previsto movilizar 400 autobuses, quiere reunir en Perpiñán a unos 100.000 manifestantes, casi la misma cifra de habitantes de la localidad francesa. 

El propio Torra, que el lunes se reunió con los independentistas —partidos y organizaciones sociales— para hablar de la mesa, explicó que su objetivo es trasladar a Sánchez la exigencia del mediador con “el máximo consenso posible” del soberanismo.

“Trabajamos para garantizar que el compromiso adoptado en el Parlament se pueda trasladar a una mesa de negociación” en la que Torra, confirmó Budó, mantiene el propósito de plantear el derecho a la autodeterminación, una ley de amnistía y el fin de la judicialización de la política.

Torra sólo llevará a la mesa la posición de los independentistas, no la del resto de los grupos que no lo son. Y sigue sin poner fecha a la comisión bilateral Estado-Generalitat, que considera un instrumento al margen de la mesa entre gobiernos, lo que también contradice el pacto PSOE-ERC, según el cual “esta mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, que deberán potenciarse. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya”.

La pelea de fondo

La pugna entre Junts y Esquerra se alimenta de la ruptura que supuso la decisión de Esquerra de no desafiar al Tribunal Supremo y privar a Torra de su condición de diputado en aplicación de una resolución judicial. Ocurrió el pasado 29 de enero y abrió la puerta a la celebración de elecciones anticipadas este año en las que las dos formaciones se disputarán una vez más el liderazgo del espacio independentista: los de Puigdemont y Torra defendiendo la estrategia de enfrentamiento y el desafío a las legislación vigente y los de Junqueras y Aragonès abogando por la negociación mientras el soberanismo trabaja para hacerse hegemónico en la sociedad catalana.

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El Govern, según su portavoz, tampoco ha cerrado a estas alturas de mes la comisión de la delegación catalana, en las que además de Torra se da por segura la presencia de Pere Aragonès (ERC). Pedro Sánchez encabezará la del Gobierno español, en la que también tendrá asiento el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Algunos medios consideran muy probable la participación también de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del ministro de Sanidad, el catalán Salvador Illa (PSC).

A la espera de una fecha para la celebración de la mesa, Pedro Sánchez no ha hecho apenas movimientos. El más significativo tuvo lugar el sábado en una reunión del Comité Federal del PSOE en la que precisó los tres principios en los que, a su juicio, debe fundarse el diálogo. El primero es “la búsqueda de soluciones compartidas y viables que representen a una amplia mayoría de catalanes. Queremos y necesitamos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución”, que en 1979 mereció el respaldo de 88% de los catalanes.

El segundo principio es “el fortalecimiento de la estabilidad política en España y en Cataluña para que ese diálogo sea duradero y fructífero”, lo que alude directamente a ERC para que contribuya a sacar adelante los Presupuestos de 2020. Y el tercero es “lograr una confianza creciente entre los interlocutores, abordando primero los asuntos donde las posiciones están más cercanas”, en referencia a los temas pendientes en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat. Lo que tiene “que ver con el empleo de los catalanes, la economía de los catalanes, la sanidad de los catalanes, con la dependencia de los catalanes y con las infraestructuras”, enumeró el presidente.