Expertos y sindicatos desmontan las excusas de Ayuso para recurrir a rastreadores privados: ni falta de tiempo, ni personal formado

La Comunidad de Madrid, gobernada por una coalición PP-Ciudadanos, adjudicó el pasado viernes a las 16.05 horas un contrato a la empresa Quirón Prevención por el que 22 personas –20 auxiliares de enfermería y dos médicos– van a dedicarse en los próximos tres meses a realizar encuestas "para seguimiento de casos e identificación de contactos covid-19". Para justificar la tramitación de este expediente por el procedimiento de urgencia, el Ejecutivo madrileño ha construido un relato poco sólido y que, en algunos capítulos, se derrumba simplemente con echar un vistazo a la hemeroteca o revisar los compromisos adquiridos con el Gobierno central en el momento de los saltos de fase para la desescalada. En las cuestiones más técnicas, expertos en epidemiología y sindicatos consultados por infoLibre ponen en cuarentena que esta nueva apuesta de Isabel Díaz Ayuso por el sector privado esté justificada por razones de urgencia, con el incremento de los contagios como base, o por el hecho de que el personal reclutado por Quirón esté mejor formado que el que pudiera haber fichado la Consejería de Sanidad.

En el documento publicado en la Plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid en el que se adjudica a la citada empresa la prestación del servicio de rastreadores por 194.223,15 euros se señala que Quirón Prevención es la "única empresa" que puede iniciar esos trabajos "con carácter inmediato". Porque cuenta "con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio". 

En realidad, la adjudicación se realiza el viernes 7 de junio. Pero dos días antes, tanto el portal de ofertas de trabajo infojobs como la página web de Quirón Prevención ya ofertaba puestos de rastreadores para médicos y auxiliares de enfermería para uno de sus "principales clientes en Madrid". De aquí se deduce que el equipo no estaría específicamente preparado para ello, tal y como se sugiere en el documento. Tampoco se especifica nada sobre la necesidad de experiencia previa en epidemiología. "Experiencia previa en el ámbito sanitario", se dice de forma genérica.

Silencio en Quirón

Quirón Prevención no ha querido aclarar a este diario nada relacionado con el contrato en cuestión ni con las condiciones laborales de esos 22 sanitarios. Pero la propia resolución en la que se adjudica el contrato a Quirón Prevención refleja que personal de la Dirección de Salud Pública tendrá que formar al equipo de trabajo. Epidemiológos consultados por este diario coinciden en que ese proceso puede completarse en una semana. Es decir, que no todo es tan inmediato como que los recién contratados se incorporen de un día para otro a su nuevo puesto y ya puedan ejercerlo con todas las habilidades requeridas.

El epidemiólogo Fernando García López insiste en que a ese equipo, como a cualquier otro que fuera contratado, "hay que formarlo". Y lamenta que, con el recurso a la privada, se pierda la coordinación entre la atención primaria y Salud Pública, "uno de los pilares fundamentales del Servicio Madrileño de Salud", destaca. 

Similares argumentos emplea Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Ve "sorprendente" que Madrid vaya a "parchear" la ausencia de rastreadores con esta externalización del servicio, cuando a estas personas se las tiene que formar. "Es curioso que se contrate, se pague y además se forme", lamenta en declaraciones a Europa Press. Desde esta organización colegial se llegó a ofrecer a la Comunidad de Madrid una base de datos con casi 1.800 profesionales dispuestos a hacer esta labor. Pero la Consejería de Sanidad no cogió el guante. Prefirió buscar candidatos entre el personal de los ayuntamientos y voluntarios en la Universidad Complutense de Madrid. Y, al final, recurrió a la privada.

El médico y director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, Adrián Hugo Aginagalde, explica en conversación telefónica con este diario que el proceso de formación de rastreadores comprende dos fases, una teórica y una práctica. Para la teórica cita dos opciones: una finalista, que puede completarse en tres o cuatro horas. Y otra que llama "formación de formadores". Esta se completaría en seis horas y tiene como finalidad el "despliegue en cascada", "agilizar el proceso". "En comunidades extensas es muy práctico", mantiene. 

Lo ideal es que esta parte teórica se complete, añade Aginagalde, con una semana de trabajo práctico con supervisores, con Vigilancia Epidemiológica. Además, destaca que la "curva de aprendizaje" es muy distinta en función de la formación y experiencia de los sanitarios que vayan a desempeñar esas funciones.

En la adjudicación del servicio a Quirón, la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid es poco precisa respecto a la formación. Se limita a señalar que se referirá "al proceso de trabajo y al manejo de la herramienta". Y que esta deberá impartirse "al menos un día antes del comienzo del servicio". 

"Sin plan de contingencia"... pero con un plan para favorecer a la privada

"La excusa es que no hay tiempo. A esta gente hay que formarla mínimo una semana", valora Julián Ordóñez, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, que recuerda que desde su sindicato llevan denunciando desde hace meses "el poco interés que había por parte de la Comunidad de Madrid para la contratación de rastreadores.

La Comunidad de Madrid asegura a este diario que la cifra supera ya los 400. Pero tanto UGT como CCOO como la oposición pone en duda esta cifra. En todo caso sigue estando muy por debajo de lo que necesitaría una comunidad como Madrid. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que la idea es que ese número vaya creciendo en función de las circunstancias, que el grueso de esos 400 rastreadores son personal del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Y que para futuras contrataciones están abiertas todas las vías, sin cerrar la puerta a que se vuelva a recurrir a empresas privadas.

El 26 de julio, seis asociaciones sanitarias radicadas en la región, entre ellas la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) emitieron un comunicado en el que sostenían que "para una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1.200" rastreadores. Y que "esperar a que hubiese un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida". ¿Por qué? "Porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante" y esto impide contener los brotes sin recurrir a estas medidas más duras. "La formación también lleva su tiempo", avisaban.

UGT considera que esos las contrataciones llegan "tarde". Y que queda claro que Madrid no tiene "un plan de contingencia" como exige la orden 668/2020 del 19 de junio de la Consejería de Sanidad. Pero sí tiene un otro "plan": "Poner las bases para justificar el hospital pandemias", considera Ordóñez. "La Consejería no contrató rastreadores suficientes cuando empezó a controlarse la primera fase, nunca fue su intención, luego intentó dotarse con voluntarios, o al menos que eso parezca y finalmente ha externalizado el servicio, que realmente era su intención inicial", interpretan en el sindicato.

Condiciones laborales

El debate sobre el recurso a Quirón, en lugar de que sea la Consejería de Sanidad la que contrata, lleva a otro debate nada nuevo en la Comunidad de Madrid donde las privatizaciones en el sector sanitario –en el Partido Popular prefieren hablar de "colaboración público privada"– son una seña de identidad. Con el tema de los rastreadores, sindicatos, oposición y profesionales de la salud vuelven a recordar que cuando el sector privado entra por la puerta grande de algo tan delicado como la Sanidad es difícil que esto no repercuta en la calidad del servicio prestado.

En este sentido, el epidemiólogo García López mantiene que la Comunidad de Madrid, con esos casi 200.000 euros que va a destinar a ese contrato, podría contratar a más de 22 personas para el trabajo de rastreador si se tiene en cuenta que sólo tendría que pagar esas nóminas y no la parte de beneficios que se atribuye la empresa adjudicataria. Los salarios de esos rastreadores serían más altos si se tiene en cuenta que los sueldos son más altos en la Sanidad Pública.

Desde UGT cifran el sueldo de un auxiliar de enfermería recién contratado por Quirón en una cantidad algo superior a los 700 euros netos mensuales. En la pública, una persona que desempeñe el mismo empleo en circunstancias similares estaría entre los 1.100-1.200 euros netos. infoLibre ha intentado sin éxito que Quirón Prevención aclare este extremo. Sus portavoces aseguran desconocer este dato.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ve una "desfachatez terrible" que la Comunidad de Madrid haya pasado "de hacer una oferta de voluntariado a justificar un contrato". Un contrato que, a su juicio, "no soluciona nada". "Veinte contratos con pocos. Doscientos también lo serían. Los haga la Comunidad o los haga Quirón", dice aunque censura que esos contratos no hayan sido realizados directamente por la Comunidad.

Cuadrado hace hincapié en que los rastreadores tenían que haber sido contratados, tal y como se comprometió la presidenta madrileña hace más de dos meses, antes de comenzar la desescalada. Y en que ya avisaron desde el sindicato. Al final, señala, todo acaba en "inyección" de fondos públicos a la sanidad privada en detrimento de la pública. 

En este sentido, Cuadrado recuerda que la Comunidad de Madrid, como todas las regiones, está recibiendo fondos del Gobierno central para "uso finalista" y el primero de estos usos es el sanitario. Este diario ha informado de que el dinero que Ayuso ha recibido del Gobierno supera el coste sanitario que Madrid calcula por el covid-19 para todo el año.

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El PSOE no descarta ningún escenario

A punto de cumplirse un año de la investidura de Ayuso como presidenta, el episodio de los rastreadores suma un nuevo episodio a su polémica y cuestionada gestión de la crisis del coronavirus. Y muchas de las miradas se dirigen al Partido Socialista. En una entrevista concedida a la cadena Ser la noche del lunes, horas después de conocerse el contrato con Quirón, el líder de la oposición en la Asamblea, Ángel Gabilondo, sostuvo en declaraciones a la cadena Ser que su formación no descartaba plantear una moción de censura. No obstante, matizó que "no se trata de hacer un brindis al sol" sino de conseguir una nueva mayoría para la que sería necesario contar con Ciudadanos, formación con la que, por el momento, no hay ningún tipo de acercamiento.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista consultadas aseguran que una de las opciones inmediatas que barajan es la de solicitar un Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en el que el Gobierno regional tenga que rendir cuentas sobre el episodio de los rastreadores. La idea es que pudiera celebrarse a finales del mes de agosto.