Europa, terrorismo o tránsfugas: así ha roto Casado consensos institucionales que parecían intocables

"Está haciendo la oposición más furibunda de Europa". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumía esta semana en una entrevista con la Cadena Ser el calamitoso estado de las relaciones que existen entre el Ejecutivo central y el principal partido de la oposición. Apenas quedan puentes en pie. Todo ha saltado, al menos de cara a la opinión pública, por los aires. El recrudecimiento del enfrentamiento político ha llevado al PP de Pablo Casado a romper con algunos consensos institucionales y sociales que estaban bien asentados. Ni siquiera la política exterior, un ámbito que suele gozar de unidad de acción, ha conseguido librarse de las trincheras. Una ofensiva conservadora que contemporiza con la estrategia de la extrema derecha, máximo exponente de la voladura de acuerdos transversales desde su entrada en las instituciones y con quien el PP compite electoralmente desde hace ya tres años, lo que ha permitido a Vox ir marcando al principal partido de la oposición el camino a la hora de confrontar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El terrorismo y el recuerdo a sus víctimas ha sido el último consenso institucional en saltar por los aires. Desde hace una década, todos los partidos del arco parlamentario han escenificado cada 27 de junio en el Congreso de los Diputados una imagen de unidad frente a la barbarie. Ya el año pasado, la ultraderecha rechazó acudir al homenaje a las víctimas en la Cámara Baja. Y este año, a Vox se le ha sumado el PP. Los conservadores se ausentaron por primera vez del acto, al que solo acudieron dos de sus diputados aunque en su condición institucional de miembros de la Mesa. Sus representantes prefirieron concentrarse con los de Abascal y algunos colectivos de víctimas a las puertas del Parlamento. Si no fueron, explicó Casado después del desplante, fue porque el acto, organizado por el Congreso –no por el Ejecutivo o algún partido en concreto–, era "un homenaje que el Gobierno quiso celebrar con Bildu", un partido que también estaba en los anteriores actos a los que el líder de los conservadores no tuvo ningún problema en asistir.

No ha sido el único punto de encuentro en venirse abajo en lo que va de legislatura. La posición frentista de los conservadores, que se han negado una y otra vez a renovar los principales órganos constitucionales, también ha hecho caer la unidad de acción frente a los chanchullos para alterar la representación política. Hace un par de semanas, el PP comunicó por carta al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que abandonaba el Pacto Antitransfuguismo, del que fue uno de los impulsores. En su misiva, los conservadores resaltaban que se situaban fuera del acuerdo, como ya hicieron en 2010, después de que no se aceptase su recusación contra uno de los expertos que inicialmente había sido admitido por ellos. Como telón de fondo, la moción de censura de Murcia, que se derrumbó después de que los conservadores consiguiesen convencer a algunos diputados de Ciudadanos para que rompiesen la disciplina de voto de su grupo y se pronunciasen en contra.

Ataques en Bruselas y utilización de la crisis de Ceuta

Una ofensiva sin cuartel que se ha producido tanto dentro como fuera de las fronteras. Y eso que, en política exterior, la imagen de bloque de las principales formaciones políticas suele ser una máxima. En junio de 2020, con un país dejando atrás la primera ola de la pandemia, España negociaba intensamente en Bruselas la construcción de un fondo clave para la reactivación económica tras el zarpazo del coronavirus. Algo que, sin embargo, no frenó al PP a la hora de internacionalizar su oposición al Gobierno. A través de su delegación europea, los conservadores cuestionaron el Estado de Derecho en suelo español remitiendo un informe al titular de Justicia, Didier Reynders, en el que destacaban la "persistencia de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable" o la "intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles" por el "ejercicio del llamado mando único a través de reglas administrativas de bajo rango".

Cuatro meses después, el mismo comisario recibió una nueva misiva. En este caso, con la firma del presidente del PP, Pablo Casado. En ella, el líder conservador trasladaba su "profunda preocupación" por la reforma normativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el mecanismo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esquivar así el veto de los conservadores, que ha sido extensivo a otros órganos constitucionales que llevan años caducados. "Constituye una regresión en los principios del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial en España", apuntaba Casado en aquella carta. Comisión Europea y Consejo de Europa reaccionaron rápidamente y avisaron al Gobierno de Pedro Sánchez de que la reforma, que finalmente acabó siendo retirada, podía contravenir los estándares europeos. La propia Comisión Europea acabaría recordando al PP que España debe renovar ese órgano que Génova mantiene bloqueado. 

Tres semanas pasaron antes de que Casado volviese a detectar otro "ataque intolerable a la democracia". En este caso, el líder del PP amenazaba con llevar a Europa la orden ministerial por la que se aprobaba un plan de actuación contra la desinformación. Los conservadores repitieron hasta la saciedad que el Ejecutivo pretendía "vigilar" a los medios de comunicación. "Crean un orwelliano Ministerio de la Verdad", decía Casado. Se olvidaba –o no quería recordarlo– que la iniciativa del Gobierno seguía la estela de las adoptadas por otros países y, sobre todo, de las recomendaciones de la Unión Europea. De ahí el batacazo que se pegó pocas horas después, cuando la Comisión Europea avaló la orden del Gobierno, al que recientemente acusaba en Bruselas de "mentir"  para que el Ejecutivo comunitario otorgue a España los "fondos de recuperación" sin "condicionalidad". Un fantasma de la desconfianza en la gestión de ese dinero que ha agitado en repetidas ocasiones.

Pero la Unión Europea no ha sido el único escenario en clave exterior en el que los conservadores han roto la tradicional unidad de los grandes partidos en la materia. Hace solo un mes, Casado trató de aprovechar la crisis migratoria en Ceuta, la más grave que se recuerda, para tratar de erosionar a Moncloa. El líder del PP ofreció "lealtad" a Sánchez. Eso sí, condicionada. "Si quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con Junts, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos", dijo.

Lo que se le pasó por alto al presidente del PP fue recordar que pocos días antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma se había reunido por videoconferencia y de espaldas al Ejecutivo central con los líderes de las formaciones ultranacionalistas marroquíes Reagrupamiento Nacional Independiente e Istiqlal, Aziz Ajanuch y Nizar Baraka, respectivamente. El primero, ministro de Agricultura, ya amenazó en 2017 con facilitar la llegada de migrantes a suelo español si la Unión Europea impedía a su país comerciar con los productos del Sáhara Occidental. El segundo, encabeza un partido con décadas de historia y un pograma en el que se destaca no sólo la recuperación del Sáhara sino también de Ceuta y Melilla.

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Los acuerdos emanados del diálogo social también suelen tener gran valor a nivel político. Al fin y al cabo, son el fruto del complejo consenso entre el Gobierno y dos partes con posiciones radicalmente opuestas: sindicatos y patronal. Por ese motivo, habitualmente los apretones de manos en este sentido suelen gozar del respeto de las principales formaciones. Esta semana, el Ejecutivo de Sánchez consiguió pactar con la CEOE, CCOO y UGT una reforma de las pensiones que, en la práctica, tumba las dos principales medidas estrella de los cambios que impulsó el Gobierno de Rajoy en plena crisis económica. Y eso, por supuesto, no ha gustado a Casado. Este jueves, el líder de los conservadores calificó el acuerdo alcanzado como "un gran error" que va "en contra de una exitosa reforma de las pensiones", en referencia a la de 2013. "Ya está bien de que nos tomen el pelo", dijo.

Casado pronunció estas palabras durante el Curso de Verano de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). A su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, escuchando cómo el jefe del PP cargaba contra el pacto que él mismo suscribiría minutos después en Moncloa. En su intervención, el líder de la patronal recordó que la "lealtad institucional es clave" y ofreció a Casado "colaboración" antes de desearle "lo mejor" porque la "alternancia política es buena cuando toque". La relación entre el partido político y la patronal, que tradicionalmente ha sido muy estrecha, se ha visto erosionada en las últimas semanas como consecuencia de los indultos. "Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean", dijo Garamendi levantando una enorme polvareda. Luego, trató de matizar sus palabras diciendo que no pretendía expresar su apoyo a los indultos. Pero tampoco los rechazó. "Son una facultad del Gobierno y forman parte del Estado de Derecho". Las palabras causaron malestar en las filas conservadoras. "Ningún lobby en búsqueda de fondos europeos ni ningún cabildeo cortesanolobby  lograrán apartarnos de nuestro camino", llegó a decir Casado.

Tampoco los conservadores están por la labor de la unidad en relación con algunas materias que generan un amplísimo consenso social. El ejemplo perfecto es la eutanasia. Una encuesta realizada hace un par de años por la consultora Ipsos situaba el respaldo a su regularización en el 85%, prácticamente igual que los estudios realizados recientemente por Metroscopia. Ahora, la muerte digna ha dejado de estar penalizada con la entrada en vigor de una norma que fue aprobada con el rechazo de Vox y el PP, que ya han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. Lo mismo que hicieron hace más de quince años con el matrimonio homosexual, una legalización a la que las encuestas de entonces daban un respaldo de un 60% de la población.