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La comisión contra la desinformación desarrolla recomendaciones europeas copiadas literalmente y no contempla intervenir en medios

  • La iniciativa del Gobierno funciona desde marzo de 2019 con el fin de detectar campañas de desinformación que traten de sesgar y polarizar a la opinión pública especialmente en asuntos relacionados con procesos electorales, las crisis sanitarias, el cambio climático o la seguridad o integridad del país
  • La nueva orden se publicó para prever un mecanismo que permita dar a conocer a los medios o a organizaciones sociales determinadas campañas de desinformación cuando así lo aconsejen los técnicos que monitorean el fenómeno

Publicada el 07/11/2020 a las 06:00 Actualizada el 07/11/2020 a las 12:15
Internet se ha convertido en la puerta de entrada a la desinformación.

Internet se ha convertido en la puerta de entrada a la desinformación.

John Schnobrich/Unsplash

“Moncloa amenaza a la prensa con un ‘Comité de la Verdad”. “La Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet”. “El Gobierno crea un ‘Ministerio de la verdad’ para vigilar a los medios”. Son sólo tres titulares de prensa publicados este viernes por medios que consideran una amenaza a la libertad de expresión la decisión del Gobierno de poner en marcha un procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Lo cierto es que la iniciativa del Gobierno sigue la estela de las adoptadas por otros países —y sobre todo de las recomendaciones de la Unión Europea— para prevenir los efectos negativos de las campañas de desinformación en materias sensibles como los procesos electorales, la crisis sanitarias como la que vivimos en la actualidad, el cambio climático o la seguridad.

Y no es algo nuevo. Ni tampoco secreto.  El Gobierno lo lleva haciendo desde marzo de 2019, como en su día anunció Moncloa y este viernes confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, atendiendo una petición de Bruselas. Lo único que acaba de cambiar es el procedimiento para crear un mecanismo que permita trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad civil las campañas de desinformación que los técnicos decidan que es necesario divulgar para así contrarrestar sus efectos.

Ejemplos no faltan. Las elecciones en Estados Unidos de hace cuatro años o el referéndum del Brexit ya se estudian en las facultades como casos demostrados de utilización exitosa de la desinformación para manipular a los ciudadanos y cambiar el signo de una votación. La pandemia del covid-19 ha sido pródiga en ejemplos de noticias falsas, como también eventos relacionados con la seguridad como los atentados terroristas de Barcelona de hace tres años.

Fuentes de Seguridad Nacional subrayan que no se ocupan de las llamadas fake news sino de campañas de desinformación. Distinguen las primeras, que caracterizan como meros contenidos falsos puntuales, de las segundas, que buscan modificar comportamientos sociales sin mentir expresamente pero sí llevando al límite la verdad. Un ejemplo: la campaña robotizada que mediante llamadas telefónicas pidió a miles de votantes norteamericanos que no acudiesen a votar en las recientes elecciones en Estados Unidos. Las campañas de desinformación, sostienen las mismas fuentes, “buscan sesgar y polarizar a la opinión pública en determinados temas”. Y aunque desde marzo de 2019 no se ha detectado ninguna que buscase influir en las elecciones, sí hay constancia de muchas iniciativas con origen en terceros países. La última de la que se está ocupando Seguridad Nacional tiene como objetivo desacreditar la vacuna del covid-19 meses antes incluso de que sea una realidad.

La Unión Europea lleva debatiendo el problema muchos años pero no tomó cartas en el asunto hasta 2018. Ese año aprobó una comunicación que explícitamente emplazaba a los Estados a tomar medidas. Respetando “estrictamente la libertad de expresión” e incluyendo “controles preventivos que eviten su uso indebido” para, por ejemplo, censurar “contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos”.

Medidas “para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación” y destinadas a fomentar “la educación y de la alfabetización mediática”, así como a apoyar “un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática”. Pero también para desarrollar “actividades de difusión adecuadas” capaces de “contrarrestar las falsas narrativas”.

Movilizar a la administración

Ese mismo año, pero en diciembre, el Consejo de la UE aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación. Es en este documento en el que se basa, a veces literalmente, el procedimiento aprobado el jueves por España. Este plan estableció que “la lucha contra la desinformación requiere determinación política y una acción unificada que movilice a todas las ramas de las Administraciones públicas (incluidos quienes se encargan de la lucha contra las amenazas híbridas, la seguridad informática, la inteligencia y la comunicación estratégica, la protección de datos, el sistema electoral, las autoridades policiales y judiciales y las autoridades que rigen los medios de comunicación)”.

El Consejo Europeo de diciembre de 2018 encargó a los Estados miembros la creación de “un sistema de alerta rápida para avisar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica”.

Posteriormente, la Comisión Europea nacida de las elecciones de 2019 anunció su intención de poner en marcha un Plan de Acción para la Democracia Europea con el fin de ayudar a mejorar la resistencia de las democracias y hacer frente a las amenazas de interferencia externa. Un plan que debía adoptarse en el cuarto trimestre de 2020 en torno a tres temas: la integridad de las elecciones y cómo asegurar que los sistemas electorales sean libres y justos, el fortalecimiento de la libertad de expresión y el debate democrático, teniendo en cuenta la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y el abordaje dela desinformación de manera coherente, teniendo en cuenta la necesidad de examinar conjuntamente todos los medios utilizados para interferir en nuestro sistema democrático. Tres puntos que también están, literalmente, en el procedimiento creado por el Gobierno de Sánchez.

Más allá de las indicaciones de la Unión, los países han desarrollado muy diferentes estrategias contra la desinformación. Según el Poynter Institute, una prestigiosa escuela de periodismo e investigación sin ánimo de lucro de St. Petersburg (Florida, EEUU) que las está recopilando, son ya muchos los países que han tomado medidas. Desde la aprobación de nuevas leyes (es el caso de la Francia del liberal Emmanuel Macron) a la puesta en marcha de grupos de expertos de académicos y periodistas, además de campañas de alfabetización mediática y de concienciación sobre el problema (Bélgica y Países Bajos).

Otros, como Estados Unidos, han combinado iniciativas locales de alfabetización mediática (California) con intentos de regulación por ley de las redes sociales y de sus fuentes de ingresos que todavía no se han concretado. Italia, en cambio, optó por poner en marcha un portal sobre desinformación al que los ciudadanos pueden plantear denuncias que son investigadas por una unidad policial especializada en ciberdelitos.

La estrategia española encaja en el tipo de iniciativas que han adoptado países como Canadá, que en enero de 2019 creó un grupo de trabajo del Gobierno para monitorear y responder a la desinformación. Suecia también sigue este modelo: en 2018 creó una autoridad encargada de garantizar la difusión de información pública de hechos de forma “rápida y eficaz”, así como identificar, analizar y confrontar operaciones para influir en la opinión pública con desinformación.

Reino Unido decidió realizar un informe parlamentario y crear un grupo de trabajo dependiente del departamento de seguridad nacional para “combatir la desinformación” que tenga origen en terceros países. Pero también ha anunciado planes para que las escuelas enseñen a los niños a detectar información errónea.

Alemania, en cambio, después de un intenso debate, optó por no regular la lucha contra la desinformación, aunque sí ha previsto loen en marcha medidas formativas para aprender a distinguir la desinformación.

Mentiras deliberadas

¿Pero qué se entiende por desinformación (lo que popularmente se conoce como fake news o noticias falsas) y por qué muchos medios y algunas organizaciones de periodistas se consideran amenazados por esta iniciativa del Gobierno?

La orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 1030/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Estado, hace suya la definición de desinformación de la Unión Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.

La iniciativa del Gobierno, una trasposición de recomendaciones de la Unión Europea para luchar contra la desinformación que se remonta años atrás, no es más que una actualización del procedimiento de actuación contra la desinformación vigente desde marzo de 2019. ¿Y en qué consiste? En “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación”.

¿Cómo lo hacen? El procedimiento identifica en primer lugar los órganos, organismos y autoridades del sistema que se ocupan de este asunto en el Gobierno. Básicamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la Secretaría de Comunicación y ministerios como Defensa, Interior, Exteriores y Transformación Digital.

También establece “niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación” y define “una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos”. Los niveles de actuación van desde la creación de mecanismos de monitorizacion técnica a la “gestión política” en el marco del sistema de seguridad nacional.

De acuerdo con el procedimiento, cuando se detecta una campaña de desinformación es analizada antes de tomar la decisión de que la Secretaría de Estado de Comunicación ponga en marcha una campaña de comunicación pública. En última instancia, el DSN evalúa la necesidad de una respuesta “política”, especialmente si, como es habitual, el origen de la desinformación corresponde “a un tercer estado”. El Gobierno podrá además elevar las alertas a la Unión Europea.

De lo que, de momento al menos, se ha olvidado el Gobierno es de otras recomendaciones de la UE para luchar contra la desinformación. En la comunicación de 2018 la UE proponía, entre otras cosas, la adopción de medidas para que las plataformas en línea actuasen “con rapidez y eficacia para proteger a los usuarios contra la desinformación” castigando a los pseudomedios de desinformación penalizando sus ingresos publicitarios, garantizar la transparencia del contenido patrocinado para que se sepa quién lo paga y promoviendo indicadores de fiabilidad de las “fuentes de contenido basados en criterios objetivos y avalados por las asociaciones de medios de información, de acuerdo con los principios y procesos periodísticos, la transparencia con respecto a la propiedad de los medios y la verificación de la identidad”.

Eso es algo que le han reprochado en las últimas horas organizaciones de periodistas como la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España. “No existe una estrategia viable de lucha contra la desinformación sin los periodistas”, señalaron este viernes en un comunicado. Por eso, aseguran, es tan necesario “avanzar en la defensa de la profesión periodística, dotándola de instrumentos de autorregulación y de una protección específica”. Así como “implantar en el sistema educativo estrategias para que las nuevas generaciones adquieran el hábito de consumir información de los medios de comunicación, lo que fomentará su pensamiento crítico y les datará de herramientas para poder detectar y combatir la desinformación”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), por su parte, instó al Gobierno a que "aclare cuanto antes" el procedimiento ante “las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo" y especuló con la supuesta intención del Ejecutivo de decidir la línea editorial de los medios.

Nadie se acuerda ahora de la recomendación aprobada por el Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación en 2013 por encargo de la Comisión Europea que algunas organizaciones profesionales creen que hubiese puesto a Europa en el camino de la solución. Aquella recomendación pedía a todos los países de la UE la creación de consejos independientes de medios de comunicación, “con una afiliación política culturalmente equilibrada y socialmente diversa. Las nominaciones a ellos deben ser transparentes, con una función de control y equilibrio. Estos cuerpos tendrían competencias para investigar quejas, tales como un defensor del lector; pero también comprobarían que las organizaciones de medios publiquen su código de conducta y revelen los detalles sobre la propiedad, las declaraciones de conflictos de interés, etc”.

Los consejos de medios de comunicación, añadía la conclusión de este Grupo de Alto Nivel de la UE, “deben tener poderes de aplicación real, como la imposición de multas, el deber de publicar o transmitir disculpas o la supresión del estatus de periodista. Los consejos de medios de comunicación nacionales deberán seguir un conjunto de estándares europeos amplios y ser controlados por la Comisión Europea para asegurar que cumplen con los valores europeos”.

No es la primera vez que la desinformación se convierte en un arma arrojadiza en el polarizado mapa político español. El pasado mes de abril, en plena primera ola de la pandemia, la derecha mediática, el PP y Vox acusaron a Pedro Sánchez de intentar censurar las redes sociales después de que plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube y hasta el buscador Google tomasen medidas para frenar la proliferación de mentiras fabricadas para influir sobre la opinión pública y dificultar la lucha contra el virus. Y llegaron a acusar a la Moncloa de intentar limitar la libertad de expresión y el derecho a loa información, apoyándose en una pregunta del CIS y en las instrucciones de la Guardia Civil para perseguir “bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

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17 Comentarios
  • Julián Rumbero Julián Rumbero 09/11/20 13:39

    Una pregunta sencilla que formulo por enésima vez aunque creo, sinceramente, que esta orden ministerial no merece las acusaciones que recibe y la pregunta es más bien digamos colateral: ¿quién nos defiende de Eduardo Inda, Rosa Quintana, Cuesta, Marhuenda, Beaumont, Jimenez Losantos...la lista es, desgraciadamente, larga...

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  • Coronel Dax Coronel Dax 08/11/20 21:38

    Cualquiera que haya profundizado un poco en el tema se percatará de que este asunto va de que potencias extranjeras (léase Rusia, pero no los EE.UU., que Steve Bannon y cía tienen derecho de pernada) no puedan difundir bulos (¿y si son verdades incómodas?) y de esa manera desestabilizar al sistema.

    Para que se entienda perfectamente: Se trata de que Rusia no pueda hacer en la UE (¿al dictado de los EE.UU.?) lo que la UE hizo en Ucrania y ahora está haciendo en Bielorrusia (cuestión diferente es si Bielorrusia es una democracia o no, pero cualquiera que se informe un poco de geopolítica sabrá que nada tiene que ver con el asunto la calidad democrática de ese país). Hablamos de guerras cibernéticas.

    Lo sabe perfectamente Casado. Pero la derecha está vendiendo que este gobierno recorta libertades. Bolivariano le llaman.

    El tema es delicado, pero en principio yo no soy partidario de limitar los medios rusos como RT y similares. Eso, para mí, es censura. Otra cosa es si se dedicaran a convencer a la población contra las vacunas. Pero yo en ese menester veo más a Steve Bannon que a Putin.

    Otra cosa es cómo mejorar la calidad de nuestros medios de comunicación, para que dejen de ser la basura que son, en su mayoría, hoy en día. Pero ese es otro debate.

    Un saludo.

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  • Dver Dver 08/11/20 20:30

    No soy partidario de censuras, es más estoy completamente en contra. la mejor defensa contra los bulos y las mentiras; aparte de la vía penal, larga y laboriosa y no siempre eficaz, la mejor vacuna es responder públicamente a la falsedad. Esto, en un país ideal, donde todo el mundo tuviese acceso igualitario a un micrófono o pantalla, no tendría el mayor problema. El problema surge cuando la inmensa mayoría de los medios están en manos de quienes defienden los mismos intereses. Entonces, digo, es obvio que la sociedad, a traves de su poder legítimo, cree plataformas públicas dónde consultar la veracidad de ciertas informaciones. Al fin y al cabo no es más que otro portal para informar, y uno puede creerlo o no, o creer al medio que prefiera. No creo que esta ley establezca ningún tipo de censura, sino que se crea para quien desee tener otro canal de información. ptretender censurar cualquier informacion hoy en día con las redes sociales y los servidores que no se sabe dónde están es querer ponerle puertas al campo, y eso el poder gubernamental de cualquier sitio lo sabe. Por ello es bueno tener portales públicos que no dependan del capital. ¡"Autorregulación", por Dios! Ya lo hemos visto en la banca entre otros grupos corporativistas.

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  • BREAKTHROUGH BREAKTHROUGH 08/11/20 19:43

    Ferreras y Ana Pastor después de leer esta noticia aclaratoria en este medio espero vuestra rectificación y disculpas el lunes sin falta en Al Rojo Vivo y con el mismo énfasis que pusisteis el viernes. Además, no puede ir de abanderado de la verdad y la limpieza quien luego tiene a Inda en nómina y cree todas las mentiras que suelta. A personas como este Inda y semejantes hay que hacerles el vacío y desenmascararlos. No todo es libertad de expresión, algunos lo que ejercen es libertad de manipulación. Ferreras también debería pedir perdón por darle cancha a sujetos tan rastreros y malvados como ese ( y tiene a varios). 

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  • Ayla* Ayla* 07/11/20 22:09

    "por qué muchos medios y algunas organizaciones de periodistas se consideran amenazados por esta iniciativa del Gobierno?"

    Quizá porque se han sentido aludidos.

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  • Isabelle006# Isabelle006# 07/11/20 19:22

    No, claro que sigan los Anasrosas, Losantos, losherreras, marhuendas, claveres, okeisdiarios soltando bulos y falseando noticias sin contrastar en sus medios de desinformación, dice Fracasado que lo llevará a Bruselas, una vez más al estilo de Abascal.

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  • Chuchi1 Chuchi1 07/11/20 12:33

    Cualquier trump, ferreras, los santos o imputado puede mentir sin pudor, no es delito. Los receptores del mensaje deben poseer información y educación para no tragar con todo. La TVE debería contrarrestar con algún programa, aunque sea en una isla de la verdad.

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  • Jose Velasco Jose Velasco 07/11/20 12:32

    El fallo de esta ley está en no prevee denunciar a los gobiernos (estatales y autonómicos) cuando desinformen, quizás porque les acapare el 99% del trabajo.

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    • Dver Dver 08/11/20 20:16

      Ya denuncian todo eso los medios. La noticia es que un hombre ha mordido a un perro, no que un perro ha mordido a un hombre. Si los cargos políticos o altos mandos administrativos se pasan un pelín, y aún sin pasarse, los medios lo publicarán en tromba. El asunto es saber quién es el amo del medio, pues como dijo McLuhan hace ya más de medio siglo, el medio es el mensaje, y no al revés. Transparencia para saber quién está detrás de cada medio, y que diga lo que le plazca, pues tiene libertad de expresión. Ahora bien, si falsea la verdad y se demuestra, al trullo.

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    • Jose Velasco Jose Velasco 07/11/20 18:42

      Si estuviera gobernando el PP tendría 30 manos verdes para arriba.

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  • ferjasan68 ferjasan68 07/11/20 10:57

    Es cierto que el tema es muy delicado y que existe una finísima línea que determina lo que es mentira de lo que no lo es. Comprendo que haya periodistas, esos que viven permanentemente entre la mentira, el bulo, la información sabida pero callada y la información no contrastada, que estén preocupados, me estoy acordando de Inda, Negre, Vinuesa, Ariza, Esparza, Algarra, Seguí, Paz y un largo etcétera, pero que cualquier Asociación de Prensa, que debe velar por la pureza de la profesión, se sienta atacada, me resulta grotesco, salvo que lo que realmente pretendan es que se deje hacer a cada uno de su capa un sayo y que la profesionalidad de sus miembros se quede en segundo término.

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    • Dver Dver 08/11/20 20:20

      Cada vez que oigo, o leo, la palabra "autorregulación" me echo a temblar. Me tiene igual que sean grupos de eriodistas, de jueces, de médicos, de arquitectos, de abogados o de quien sea. Una corporación, por definición, siempre defenderá ante los otros a sus colegas. Otra cosa es que como buenos renacentistas saquen sus dagas y en su seno haya puñalkadas por doquier, pero si de fuera se les critica, todos a una como en fuenteovejuna.

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    • Isabelle006# Isabelle006# 07/11/20 19:31

      La APM no defrauda, esa cúpula que representa a los periodistas de 'lo establecido' dan grima.

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  • Telemaco Telemaco 07/11/20 09:36

    Vaya, como,cambia el cuento de Caperucita. Ayer, tras escuchar a Ana Pastor, " la objetiva", me quedó la sensación, de que el gobierno había decretado el control total de los medios de comunicación. Además, tras ver cómo medios americanos, cortaban al poderoso Trump, aumentó esa sensación. Que es un tema muy delicado, no se le escapa a nadie, pero viendo el panorama de la mayoría de medios de comunicación, haciéndoseme comed mentiras y a mercenarios de la pluma, diciéndomelo que les parece en tertulias y en periódicos, sin que nadie les corrija, no,es de extrañar que se ponga nervioso más de uno.

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    • kalikatos kalikatos 07/11/20 10:50

      Efectivamente, ayer después de escuchar a Ferreras, y acto seguido a la Pastor en el programa de al Rojo Vivo, creí que había que salir a la calle para defender a la prensa, pues sólo iban a transmitir lo que dijera el gobierno, o sea que cambiamos de consejos de administración de la prensa, por el consejo del Gobierno.

      No sé si el "gran" teatrero Ferreras la semana que viene pedirá disculpas por esa forma de manipular lo que se ha publicado en B.O.E., o seguirá en sus trece, pero no hay alternativas para informarse desde medios independientes. Cada vez peor.

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