Nos asomamos de nuevo al vacío, tras perder la cuenta de las veces que nos ha pasado esto como sociedad, llevándose por delante en cada ocasión a una generación: jóvenes, migrantes, hipotecadas o las que hicieron la huida del campo a la ciudad. Todas ellas y ellos tuvieron antes y tienen ahora que renunciar a un proyecto de vida que solo se puede alcanzar desde la seguridad que da una casa, al ser la principal puerta de entrada a otros derechos que consideramos fundamentales como la salud, la seguridad, el trabajo y la educación.
El problema no es nuevo y tampoco es exclusivo de Madrid. En todo el país, en el resto de Europa y en muchas partes del planeta, el acceso a una vivienda digna y sostenible es cada vez más un privilegio de las rentas altas y no tanto un derecho constitucional garantizado.
La tasa de emancipación juvenil se sitúa en estos momentos en España en el 14,8%, la más baja desde 2006, y de esos jóvenes emancipados, el 87% lo hace compartiendo piso para reducir gastos y el 70,5% lo hace dedicando más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. El 74,5% de la población joven trabajadora vive en el hogar familiar y el 22,8% se encuentra en situación de pobreza y exclusión social. No parece que las medidas sociales y económicas desplegadas por el conjunto de las administraciones estén garantizando de manera efectiva el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que queda sólo para quien se puede dar ese gusto.
Si mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad en el empleo y subir el salario mínimo interprofesional quedan anulados ante el incesante aumento del precio de la vivienda, urge caminar hacia soluciones más garantistas para esa masa social que, hoy por hoy, no puede acceder a una vivienda o ve peligrar su permanencia en la que reside con la próxima revisión de su alquiler. Y que, desde luego, vive ajena a esa economía que, nos dicen, va como un cohete.
No hay tiempo para seguir esperando: la declaración de zonas tensionadas es imperativa. Regular los precios es la única vía para frenar un mercado sobrecalentado
No hay margen para seguir apostando por recetas fallidas. La idea de que la simple construcción de nuevas viviendas bajará los precios es un sofisma ampliamente refutado, no sigamos intentándolo. En el periodo 1998-2008 se levantaron seis millones de viviendas en España y, sin embargo, el precio del suelo se multiplicó por cuatro y el de la vivienda por dos y medio. A día de hoy, en Madrid, el precio de compra ha subido un 20,2% en un año y el del alquiler un 15,3%. No hay tiempo para seguir esperando: la declaración de zonas tensionadas es imperativa. Regular los precios es la única vía para frenar un mercado sobrecalentado.
Junto a ello, es imprescindible gravar la vivienda vacía para que salga al mercado. En la capital hay casi 100.000 viviendas sin uso y en la Comunidad de Madrid, unas 180.000. Continuar con la receta de construir en los terrenos periurbanos, agotando los pocos espacios naturales que nos quedan, es un lujo que no nos podemos permitir en un contexto de crisis climática.
Por otro lado, aplicar íntegramente la Ley de Vivienda, que el Gobierno regional se niega a implementar, es una necesidad urgente. La rebeldía institucional de Ayuso y Almeida no es un acto de autonomía, sino una acción irresponsable que condena a la ciudadanía madrileña en favor de los intereses de promotoras y constructoras. Estamos hartos de este tipo de antipolítica.
Las soluciones están sobre la mesa y han sido aplicadas con éxito en otros países: rehabilitación de viviendas, moratoria de licencias y fiscalización de los alquileres turísticos, prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos, blindaje de la vivienda protegida y ampliación del parque público mediante la construcción, compra y captación. Sin embargo, ante la emergencia habitacional actual, estas medidas no bastan. Es imprescindible incorporar todas las viviendas de la SAREB al parque público en el primer semestre de 2025.
Por eso, el próximo domingo 9 de febrero a las 12:00 tenemos una cita en Atocha, en Madrid, porque la presidenta Ayuso no parece haberse dado por aludida con la multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre. Queremos que la vivienda deje de ser un negocio para convertirse de manera efectiva en un derecho. Porque tenemos derecho a una vivienda digna y sostenible, el #9FTomamosLaCalle.
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Quique Villalobos es responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM
El barrio es nuestro es un blog colectivo alimentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). El nombre alude al viejo grito de guerra del movimiento vecinal que sirve para reivindicar el protagonismo de la vecindad en los asuntos que la afectan, a menudo frente a aquellos que solo ven en el territorio un lugar de negocio y amenazan su expulsión.
