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Así camuflan los diputados los datos sobre sus intereses económicos y esconden su agenda de reuniones

Buzón de voz

Retrasando el reloj democrático

Retrasar una hora los relojes cada otoño produce efectos perversos durante algún tiempo en el ánimo, el carácter y las reacciones del personal. Retrasar veinte o treinta años el progreso social perjudica muy seriamente la convivencia y afecta a la salud democrática. Asistimos a ese proceso en España con una naturalidad solo explicable por la capacidad de la propaganda y de las nuevas formas de comunicación para fagocitar los desastres, difuminando la magnitud de los mismos. Cuatro ejemplos:

La mala educación

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), eufemismo que esconde la sonora Ley Wert, continúa su tramitación en el Senado. El hecho de que esta ley haya logrado poner de acuerdo en su contra a profesores, alumnos, asociaciones de padres y a toda la oposición podría sugerir la posibilidad de que en la cámara alta el PP flexibilizara los puntos más polémicos, todos los que a juicio de los especialistas suponen una vuelta al pasado y un empujón a la desigualdad. El PP prepara una enmienda, pero no en ese sentido sino precisamente en el contrario. No solo desaparece Educación para la Ciudadanía; no solo se recupera la Religión como asignatura evaluable y que cuenta a la hora de solicitar becas, como ocurría en los años noventa con la LOGSE. La enmienda del PP pretende dar gusto a la jerarquía eclesiástica incluyendo la Religión en la oferta de asignaturas obligatorias en Bachillerato. Sostienen los obispos que esa obligatoriedad quedó establecida en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979. Ni los Gobiernos del PSOE ni los del PP han denunciado hasta ahora esos Acuerdos que ya cumplen 35 años y que fueron rubricados sospechosamente a los seis días de promulgarse la Constitución, cuyo artículo 16 establece un Estado aconfesional.

Los derechos de la mujer

El Gobierno mantiene su intención de aprobar una nueva ley del aborto que acabará con la actual ley de plazos para la interrupción del embarazo y la sustituirá por el sistema de supuestos de los años ochenta. Además, todas las menores, sin excepción, necesitarán el permiso expreso de sus padres o tutores para abortar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respondido a las protestas de todos los grupos de izquierda, organizaciones de mujeres e informes médicos con el anuncio de que su intención es suprimir también el derecho al aborto en el supuesto de malformación del feto, salvo casos “muy graves”. Vuelven los tiempos del aborto clandestino, de la persecución y cárcel para los médicos abortistas y del riesgo para la salud de las mujeres, a quienes la nueva ley convertirá en europeas “de segunda”.

El exilio laboral

Un paro superior al 26%, que supera el 50% entre los jóvenes, provoca movimientos migratorios que nos retrotraen también a épocas muy lejanas. Pese a que la población española, como ocurre con otros países mediterráneos, es mucho más sedentaria que la del centro y norte de Europa, en los últimos dos años y especialmente en los últimos meses está disparándose la emigración. Lo reflejan las estadísticas de población, aunque todavía de forma incipiente. La ola migratoria que desplazó en los años sesenta a dos millones de españoles acabó en 1974 y ni siquiera en los años de la crisis de 1993 a 1997, cuando se alcanzó un 24% de paro, hubo amago de repetición. Al contrario. Desde finales de los noventa, coincidiendo con el ciclo de crecimiento y con el boom inmobiliario, se calcula que España ha recibido a más de seis millones de inmigrantes (para quedarse o de paso hacia otros destinos). Sólo desde 2012 son más los que se van que los que vienen y de hecho miles de inmigrantes que ya habían obtenido la nacionalidad española han regresado a sus países de origen al perder sus trabajos, por precarios que fueran. Organismos internacionales como la OCDE, departamentos de la propia Comisión Europea (como el de Empleo y Asuntos Sociales) y expertos de distintas disciplinas han advertido del profundo retroceso que las medidas de ‘austericidio’ van a provocar en los países más duramente castigados. La devaluación salarial como única receta para mejorar la competitividad no ha demostrado que sea útil, salvo para aumentar rápidamente la desigualdad. Lo que sí está demostrado es que los recortes en educación e investigación tienen una incidencia negativa y directa en el PIB.

La política antiterrorista

“Lo que tienen que hacer los países del sur es rebelarse”

Desde la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumba la llamada ‘doctrina Parot’ por haber aplicado una ley de forma retroactiva en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha reproducido una tensión sobre política antiterrorista aparentemente superada. Este domingo, 27 de octubre, parecía que los relojes no se habían atrasado una hora sino más de seis años, hasta el 10 de marzo de 2007. Desde la misma Plaza de Colón, Mariano Rajoy acusó aquel día al Gobierno de Zapatero de “ceder” ante ETA, de “humillar” a las víctimas, de “engañar” a los ciudadanos... Este último domingo se escucharon idénticos reproches, esta vez dirigidos a quien entonces los pronunciaba y los agitaba.

Son solo cuatro ejemplos, cabrían unos cuantos más. Desde la sumisión que el Gobierno está mostrando ante la violación por parte de Estados Unidos de las comunicaciones de ciudadanos y dirigentes españoles hasta el hecho de que miembros de partidos ultraderechistas lancen amenazas violentas contra medios y periodistas independientes y ejecuten costosos ataques para silenciarlos

España está retrasando el reloj democrático, y no es por culpa del otoño.

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