Los cenáculos de sus señorías

Hay una línea roja que está traspasando parte de la judicatura durante esta legislatura. El paso entre expresar una tendencia conservadora y actuar para favorecer un cambio de gobierno. El último bloqueo del CGPJ por el Partido Popular fue seguido de la rebelión de los vocales elegidos por el PP en una cena en Madrid donde decidieron bloquear la elección de nombres que les correspondía por obligación parlamentaria para renovar el Constitucional. El ejecutivo había elegido los nombres que le manda la ley y los vocales del PP decidieron incumplir durante meses su mandato. Tomada la decisión, blindaron el pacto en una cena y buscaron apoyos para la insurrección dentro del Consejo. Y como el CGPJ sin renovar son ellos, el órgano de control de los jueces no se iba a sancionar a sí mismo. De aquella cena, estas otras. Normalizar que cincuenta fiscales cenen con el presidente del PP y le expresen su fervor por el cambio de gobierno debería conducir a la recusación de cada causa política que caiga en manos de quienes, sin pudor, expresaron su apoyo. 

El mismo estupor que generó aquel “De quién depende la Fiscalía” de Pedro Sánchez, debería generar en el PP que sean los fiscales quienes clamen por la “derogación del Sanchismo” en encuentros nocturnos. Se puede pedir responsabilidad a Feijóo por instrumentalizar la Justicia, dando por hecho que en la política está el ánimo de convencer adeptos. Precisamente por eso, la Justicia debe responder a la virtud de resistirse. La separación de poderes está pensada para frenar al ejecutivo de su tentación de invadir otros poderes. ¿Quién frena al poder judicial de querer ser ejecutivo y legislativo “desde atrás”?, en expresión del ex senador del PP, Ignacio Cosidó, para controlar la Sala Segunda del Supremo.

De las cenas, a las huelgas. Jueces y fiscales tienen buenas razones para pedir un aumento de salarios. No se han revisado desde el año 2008. Ni con Zapatero, ni con Rajoy. Pero anunciar un paro indefinido en plena campaña electoral tiene tintes políticos y se anuncia para forzar al ejecutivo a negociar utilizando el condicionante de las urnas. A quince días de la cita electoral, saltándose la mesa de negociación, las vías intermedias de los paros, las propuestas y las protestas, es un pulso al ejecutivo en toda regla sin guardar el fondo, ni las formas. Magistrados y fiscales tienen concesiones constitucionales que no tienen los trabajadores. Precisamente por ser Poder del Estado, los jueces no tienen reconocido expresamente el derecho de huelga. Tanto es así, que no les cuesta dinero hacerla como a los sanitarios o a cualquier trabajador que ejerza su derecho. Por todos estos motivos, lo mínimo es convocar la huelga el 29 de marzo, como pronto. Por formalidad y neutralidad.

Las citas del PP con jueces y fiscales en restaurantes, fuera de la agenda oficial, en la opacidad de los cenáculos, organizadas para favorecer a un partido político, vulneran todo código -tácito y escrito- del Poder Judicial. La apariencia de imparcialidad es obligada. Cuando se vulnera expresamente, si no se frena o se sanciona, tiene consecuencias en el deterioro de la calidad democrática. Se debilita el Estado de Derecho y los poderes del Estado cuando estos no garantizan su independencia. Y hay que recordar que tienen privilegios precisamente por esa imparcialidad que algunos jueces y fiscales ahora vulneran.

En un contexto de relativa paz social, el PP, sin el apoyo de la calle, pretende que le apoyen en la sombra los poderes que se deben al Estado. En este caso, lo más grave son los miembros de la judicatura que operan en la sombra a favor de un partido.

Es incongruente criticar que el Gobierno abuse del decreto ley para cercenar el debate parlamentario e instrumentalizar a jueces y fiscales para remar a favor de Feijóo. En un contexto de relativa paz social, el PP, sin el apoyo de la calle, pretende que le apoyen en la sombra los poderes que se deben al Estado. En este caso, lo más grave son los miembros de la judicatura que operan en la sombra a favor de un partido. Si el ex ministro, ahora juez del Constitucional, Juan Carlos Campo, tiene que abstenerse de cualquier sentencia sobre leyes del ejecutivo; el fiscal Antonio Narváez -presente en la famosa cena-, como fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo que dicta sentencias contra leyes del Gobierno, tiene que abstenerse de cada futura ponencia que caiga en su mesa. Como se preguntan algunos fiscales presentes en la cita nocturna con Feijóo, ¿Las ponencias de Narváez contra el Estado de Alarma como juez del Constitucional eran ajustadas a derecho o a la derecha?

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