Trabajar un poco menos: ¿quién votará no?
La debilidad parlamentaria del ejecutivo sirve de palanca fuerza para que todos se mojen cuando un debate aterriza en el Congreso. A la reforma crucial de la reducción de jornada laboral le espera un intenso rifirrafe donde cada uno tendrá que decidir dónde se coloca y con qué argumentos entiende los derechos del trabajo en los tiempos modernos. La modernidad puede ser una trituradora desregulada y la política tiene la obligación de poner límites, fijar derechos. Yolanda Díaz ha ganado esa batalla y las 37,5 horas ya están aprobadas en consejo de ministros. Es decir, más allá del larguísimo trecho de tramitación que tiene por delante, la conversación ya es pública. Y aunque el texto llegue con la firma de Gobierno y sindicatos, queda tiempo para que se sumen las patronales, Junts e incluso el PP.
Es una victoria formal del Gobierno de coalición que tiene la responsabilidad de colocar en la agenda pública las medidas progresistas de la legislatura. Y será una derrota de país si en su negociación no hay acuerdo. En las encuestas, las del PP incluidas, los trabajadores quieren mejores condiciones laborales. Liberar horas de trabajo, cobrar las horas extra, limitar los horarios en los que un jefe puede escribirte por WhatsApp (la llamada desconexión digital) o jornadas flexibles para conciliar son parte de la lista de cómo evolucionan las relaciones laborales. Que llegue a todos y no solo a los sueldos altos es lo que se consigue por ley.
Como es habitual, en el debate aparecerán premisas falsas. No es cierto que cualquier ampliación de derechos implique destrucción de empleo. No ha ocurrido con la subida del SMI y no lo hará por una hora menos a la semana. La reducción de horas de trabajo se acabará imponiendo y toca adaptarse. Es el modelo al que vamos, cogió fuerza después de la pandemia, y es donde los jóvenes aprietan con fuerza. Cualquiera que contrate a las nuevas generaciones lo sabe. Una vez están garantizadas las mínimas condiciones de trabajo, los recién llegados exigen calidad de vida, hacer deporte, ir al psicólogo, tomarse una cerveza o ir al gimnasio. El ocio, la familia, los amigos, hacerse cargo al completo de uno mismo coloca la realización personal al mismo nivel que la profesional. Un logro del Estado de Bienestar que no puede llegar solo a los empleos mejor pagados.
Más allá del larguísimo trecho de tramitación que tiene por delante, la conversación ya es pública. Y aunque el texto llegue con la firma de Gobierno y sindicatos, queda tiempo para que se sumen las patronales, Junts e incluso el PP
La reducción de la jornada también es cuestión de clases. Pretender dejarlo en los convenios colectivos descuelga a los trabajadores sin capacidad de presión. Los obreros de la construcción, la enfermería, la hostelería, trabajadores de la limpieza… y así hasta donde no llega la gran empresa. Porque si las pymes sufren con los cambios, son los trabajadores quienes pagan la factura.
La aprobación aunque sea en primera vuelta es un triunfo político y un reto empresarial. A nadie se le escapa que las pequeñas empresas tienen que adaptarse a la organización de los costes laborales y piden sus ritmos. Las políticas de acompañamiento deben ir ahí, de abajo a arriba. Si cotizas en bolsa, puedes reducir una hora a los trabajadores. Si facturas en millones de euros, también. Si eres la Administración del Estado o una multinacional, más de lo mismo. Los cambios por arriba empujan desde abajo. Pasó con el SMI, no destruyó empleo y sí mejoró los sueldos.
En lo político, con la reforma aprobada Yolanda Díaz se refuerza y retoma su sitio como líder del espacio en el papel que mejor hace, el de ministra de Trabajo. En un espacio desdibujado por la dificultad de marcar terreno, la reducción de jornada es su hit de la legislatura después de la reforma laboral, a pesar del milagro ‘Casero’. La vicepresidenta tiene dos opciones. O lo saca con Junts o con el PP. De momento, Jordi Turull apuesta por indexar el salario mínimo al nivel de vida para que el catalán sea superior. Una petición que implica la disposición a negociar. Que defienda los intereses del empresariado catalán es lógico, es su naturaleza. Que quiera imponerse sobre otros territorios es incompatible con la solidaridad a la que se debe el Estado autonómico y un ejecutivo progresista.
El PP vuelve a tener problemas para explicar su posición. Descartan el sí, por ahora, y apuestan por la abstención. Pero marcan su posición según lo que hagan los otros. El volantazo del ómnibus y las últimas encuestas deberían servir de lección a Feijóo. El electorado de derechas le pide que explique con más claridad dónde está en cada asunto. Feijóo lo hizo antes de Navidad mostrándose a favor de la reducción y la CEOE se revolvió. Si no se desdice de nuevo, no está escrito que acabe convenciendo a la patronal de una medida que beneficiará al PP cuando gobierne.
Quedan meses para ir construyendo este debate y su negociación. Para que Yolanda Díaz reivindique aquello de “gobernar no es resistir”. Veremos dónde se coloca cada uno, como en la reforma laboral, los que votaron “no” por cálculo político pagaron su precio.
