Los guardianes del rey honorífico

Los lectores habrán adivinado que me estoy refiriendo a don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Sus andanzas personales y políticas son de sobra conocidas y no van a ser comentadas en este artículo. Solo me preocupa cuánto le han costado al erario público.

Durante años ha existido una censura o autocensura sobre sus actividades, hasta que sus desmesuradas apetencias económicas han desbordado todo lo previsible. El año 2012 el New York Times publica que la fortuna el Rey de España podría ascender a 2.000 millones de dólares. Nada hubiera acontecido si no hubiera sido porque la Fiscalía del Cantón de Ginebra detectó una transferencia anómala de 100 millones de dólares realizada a título personal a Don Juan Carlos I por ser una costumbre del Rey de Arabia Saudita con los monarcas extranjeros.

Los acontecimientos se precipitan. La Fiscalía Anticorrupción primero y después la Fiscalía General del Estado decidieron poner en marcha las Diligencias de Investigación penal 40/2020 (recomiendo su lectura) que finalizan el 2 de marzo del año 2022. Su contenido es demoledor. La Fiscalía justifica su inactividad por el hecho de que algunas de estas actividades delictivas habían prescrito o estaban cubiertas por el manto sagrado de la inviolabilidad.

A partir del año 2014 en el que se produce la abdicación, adquiere la condición de Rey honorífico y se le otorga el aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En cualquier país con un poso y cultura democrática se hubieran exigido responsabilidades. A la vista de la degradante pasividad, un grupo de personas (filósofos, periodistas, letrados, magistrados, fiscales) valoramos, durante cierto tiempo, la necesidad de ejercitar la acción popular centrándonos en unos hechos inequívocamente delictivos.

Según el Ministerio Fiscal se han cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública por haber omitido las declaraciones del IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018, en una cantidad superior a los 5.000.000 de euros. El fraude era flagrante, por lo que su representante legal se acogió a la regularización prevista en el Código Penal (Artículo 305.4) para los defraudadores fiscales (pinchar aquí). El legislador exige que paguen lo defraudado antes de tener conocimiento de que se han abierto actuaciones de investigación por parte de la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado, la Fiscalía o el juez.

La Fiscalía, en junio de 2020, comunica al representante legal de Don Juan Carlos de Borbón que se han iniciado Diligencias de investigación porque existen hechos delictivos con trascendencia tributaria. Se le invita a personarse en las actuaciones para que ejercite su derecho de defensa. Hace caso omiso de esta advertencia, que se le reitera en el mes de noviembre.

Acuciado por lo irremediable, paga “espontáneamente”, según la Fiscalía, las cantidades reclamadas. La regularización es un mecanismo legal que permite a los que han cometido delitos fiscales librarse de la pena si pagan lo defraudado antes de tener conocimiento de que están siendo investigados. Es una posibilidad que solo pueden utilizar los delincuentes tributarios.

La querella (pinchar aquí) se fundamentaba exclusivamente en los datos que nos proporcionaba la Fiscalía. Solicitábamos que se reclamase el documento oficial porque el que presentamos lo habíamos obtenido de Google y además las dos comunicaciones, que se transcriben cercenadas, al representante legal, ya que solo las tenía la Fiscalía. En ningún momento se nos ha dado respuesta a esta petición. Citábamos en nuestro apoyo la jurisprudencia de la Sala –que es concluyente– respecto de la imposibilidad de regularizar “espontáneamente” cuando ya se tiene conocimiento de todo lo que antecede.

La Sala de admisión la presidía Manuel Marchena (ponente) y la componían Andrés Palomo del Arco, Vicente Magro Servet, Ana Ferrer y Javier Hernández. El Auto de desestimación de la querella, después de hacer algunas consideraciones personales que estimamos impertinentes, decide desestimar la querella archivándola por considerar que la regularización se había realizado correctamente.

Contra dicha resolución presentamos recurso de súplica en el que hacíamos ver que nuestra postura estaba abrumadoramente refrendada por el contenido de las diligencias abiertas por la Fiscalía General del Estado, en las que además de la notificación inicial, se añadía que gracias a la Fiscalía se recuperaron más de cinco millones de euros para el erario público. Este explícito reconocimiento evidencia, por una simple interpretación gramatical y lógica, que cuando regulariza ya estaba avisado de que le investigaban por posibles delitos fiscales.

Nuestra ley procesal impone que el recurso de súplica se contestará en el plazo de dos días, pero comprendemos que por la especial naturaleza y extensión de la materia se podría alargar algún tiempo, aunque no tanto como el que se ha producido, ya que consta que se dio traslado al ponente el 8 de mayo de 2025 y hemos recibido la contestación el 21 de junio pasado.

Pero lo más sorprendente es haber empleado todo este tiempo para redactar un auto cuyo contenido se reduce (pinchar aquí) a decir simplemente que el recurso es inviable. Parece que ni el ponente, ni ninguno de los componentes de la sala, tienen interés en advertir a los recurrentes y a los ciudadanos en general en qué consiste esta inviabilidad, por qué no se accedió a la prueba solicitada y por qué se considera que la frase de la Fiscalía no invalida el desconocimiento en que se encontraba el pobre e indefenso representante legal del Rey.

Durante todo el tiempo transcurrido desde la presentación de la querella –el 25 de noviembre de 2024– hasta el momento presente, nos llama la atención el silencio mantenido por la mayoría de los medios de comunicación, los políticos y las redes sociales sobre las vicisitudes de una querella dirigida contra el que había sido el Jefe del Estado. Seguramente se debe a que, según algunos panegiristas desnortados, fue el que trajo la democracia a España.

En medio de los asuntos de corrupción que han desfilado a lo largo de los tiempos y los que vivimos en la actualidad política, ninguno es tan relevante como los que se recogen en el relato de hechos que la Fiscalía General del Estado imputa a don Juan Carlos de Borbón y Borbón

Su comportamiento posterior a todo lo acontecido no ha sido precisamente edificante. Traslada su residencia fiscal, poniendo a salvo su inmenso capital, a Abu Dabi, viene con frecuencia a España y contesta intempestivamente a los que le preguntan si está arrepentido de algo, incluso llega a mantener que todo es obra de algunos periodistas. Parece que ahora quiere trasladarse a Cascais en Portugal, cerca de Estoril donde transcurrió su infancia. Como gesto reconciliador podría reintegrar alguna cantidad de las que ha amasado ilícitamente.

Nos sentimos orgullosos de haber tomado esta iniciativa que ha servido para poner de manifiesto las imperfecciones y lacras de la que denominan muchos corifeos una democracia consolidada. En medio de los asuntos de corrupción que han desfilado a lo largo de los tiempos y los que vivimos en la actualidad política, ninguno es tan relevante como los que se recogen en el relato de hechos que la Fiscalía General del Estado imputa a don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El Tribunal Supremo se ha unido al coro de los que, desde diversos sectores políticos, sociales y económicos –a pesar de los pesares– entonan el grito ritual de la monarquía británica ¡Dios salve al rey! y de paso a la democracia española.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).