Ideas Propias

Insumisión

Baltasar Garzón Ideas Propias.

Atendiendo a las declaraciones que Enrique López, portavoz de Justicia del Partido Popular, realizó al diario La Razón este domingo 12 de agosto, la soberanía en lo que se refiere al poder judicial no recae en los ciudadanos como marca la Constitución, sino en los jueces y más aún, en el PP porque, según afirma, la inmensa mayoría de los jueces está transmitiendo a los de Génova, 13, su apoyo y su esperanza de que sigan luchando por el cambio de modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Si, como titulaba La Razón, “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial” en opinión de López, apaga y vámonos.

Claro que tal afirmación no hace más que continuar el camino ya iniciado el 19 de noviembre de 2018 por Juan Ignacio Cosidó, a la sazón portavoz del PP en el Senado, tras el inicial acuerdo de designación de los vocales del Consejo: “Ha sido una jugada estupenda” que iba a servir para controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde detrás”. Cosidó utilizó el WhatsApp del Grupo Popular en el Senado para mostrar su satisfacción y abrió la caja de Pandora. El presidente in pectore del CGPJ y del Tribunal Supremo fruto de tal pacto, Manuel Marchena, se veía obligado a declinar el ofrecimiento y quedarse en su puesto de titular de la Sala II del Supremo, porque a ver con qué cara admite uno un cargo así cuando se han puesto en evidencia los motivos interesados que dejan la independencia judicial en las antípodas. Pero para López, decir que el sector de los jueces está próximo a los postulados del PP no es sino trasponer sus propios pensamientos.

No nos engañemos. Controlar el poder judicial y por supuesto la sala que juzga a los aforados y a donde irán llegando todas las causas en marcha que afectan al PP es uno de los motivos por los que probablemente el partido que preside Pablo Casado se niega a dar su plácet para, de una vez, cumplir con lo que le obliga la Constitución y cerrar los nombramientos. Todo hace pensar que son motivos interesados, de parecido calibre, los que les llevan a negarse también a negociar los nombramientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Se diría que, más que evitar que entren determinados candidatos entre los nombrados, el PP busca la designación de otras figuras que les resulten más proclives y si no, que se queden las cosas como están, que ya les vale.

Aún con más insolencia, López añadía un nuevo argumento a la inagotable cadena de sucesivas excusas argüidas para seguir fuera de la ley constitucional y no renovar el órgano de gobierno de los jueces: el necesario cese de la fiscal general del Estado, profesional díscola y progresista a la que no controlan. Sí señor, ¡a por ella!, y después, probablemente, vendrá la exigencia de cese de cada uno de los ministros y el del presidente Sánchez. ¿Por qué conformarse con menos? Esto es política a lo grande para el PP.

Enrique López, con un descaro que le acompaña desde que inició su andadura para hacerse notar en el terreno judicial siempre al sol que más calienta, ha llegado en la citada entrevista al atrevimiento de afirmar que el Gobierno “incumple la Constitución concediendo indultos contra la opinión del Supremo”. Es decir que ahora la medida de gracia es inconstitucional. Pues el PP debería hacerse mirar todas las medidas inconstitucionales que adoptó en sus sucesivos gobiernos. Aunque resulta evidente que, en el batiburrillo de acusaciones tópicas, deslavazadas, recurrentes y falsas prodigadas hasta ahora, López tenía que añadir su granito de arena acudiendo necesariamente al procès. No en balde el PP encomendó a los jueces la salida al conflicto para acabar formando un pan como unas tortas que no condujo sino a crispar más a la sociedad catalana.

El ejemplo del procèsprocès

En ese cierre en falso de una rebelión que pasó a ser sedición y que no tenía que haberlo sido tampoco, los populares acaban, de manera paradójica, siguiendo los pasos de los acusados en su errático devenir actual. ¿No les suena esta actitud de pasar olímpicamente de la ley, de hacer lo que les parece sin atenerse a las consecuencias y de demostrar que les importa un bledo el bien común y la propia Constitución? Exacto, el PP y su tozuda negativa a cumplir con la Norma que prometieron, juraron u otra fórmula admitida, recuerda mucho al fundamento de los delitos de los que acusaron a los independentistas y por los que fueron luego condenados.

Como he repetido antes y después de la sentencia, nunca he creído que lo que cometieron estos políticos fuera sedición, al contrario de lo que decidieron los colegas del Supremo, así que no utilizaré tampoco ese concepto en ese caso. Pero veamos: ¿Será que nos encontramos ante una insumisión flagrante por parte del PP? ¿El desprecio a la Constitución que practica podría tener consecuencias de otro calibre?

No veo cuáles serían las causas para ejercer esta desobediencia. No veo motivos éticos, ni pacifistas, ni filosóficos, ni ¡Dios nos libre! antimilitaristas, ni religiosos ni medioambientales. Me queda el posible móvil político y en este habrá que centrarse. Pero se trata de un fundamento espurio, con un alcance limitado al beneficio particular del partido. En las declaraciones de López se resume el cinismo terrible de los populares y la debilidad de una formación que aspira a llegar al poder: La izquierda es mala; Podemos perverso; todos los que no son ellos, impresentables; se muestran incapaces de criticar a Vox; el Gobierno es el que más polariza; todos los jueces están con el PP; los jueces son reflejo de la sociedad; Sánchez es el culpable de todo. La letanía sigue y desde luego sería inagotable.

Lo que nos conduce a una situación generada sobre la base de las mentiras y de la descalificación como sistema. Se suma además la apropiación de la carrera judicial y de lo público. Buscan acabar con las instituciones implosionándolas desde dentro. El espectáculo que ofrecen a la ciudadanía no puede caer más bajo. Se están ganado a pulso una desconfianza absoluta. La instrumentalización que hacen y el cinismo que emplean, guiados o acompañados con medios informativos amigos y con el aplauso de la ultraderecha, es vergonzoso.

La independencia judicial

Todo ello sazonado con la técnica del chivato: “A Europa vas para que te castiguen”. A tal actitud ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, anunciando que su partido elevará ante la UE las afirmaciones de Enrique López alardeando del apoyo a su partido de los profesionales de la justicia, por lo que puedan suponer de atentado contra la independencia de los jueces. Ahora viene el momento de afirmar que no ha sido bien entendido y que el partido del Gobierno es pérfido.

Las asociaciones de jueces han dado respuesta. Les explico cuál es su representatividad. Según datos de diciembre del 2020, del conjunto de la judicatura, están asociados a alguna de las cuatro organizaciones existentes el 56% de los jueces. Es decir, un 44% de los profesionales no se decantan por ningún órgano de representación profesional. En cuanto a tendencias, el 25 por ciento se suman a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura; a la Francisco de Vitoria está afiliado el 16 por ciento de la carrera y Jueces para la Democracia, la entidad progresista, agrupa al 8% aproximado. En último lugar, el Foro Judicial Independiente reúne a los jueces afiliados restantes.

Las aseveraciones del verborréico López provocaron un comunicado conjunto de estas asociaciones decidiendo dejar de lado las discrepancias para reclamar los intereses propios del sector y los intereses generales. Exponen su idea común de que es precisa una reforma para la elección de los vocales del CGPJ a fin de que sean elegidos por los jueces; que la interinidad actual es una anomalía constitucional a corregir y que en el caso de Juezas y Jueces para la Democracia consideran que esa reforma debe ser posterior a la renovación de los cargos. Inquietos al parecer ante el señalamiento de López, aseguran en su escrito que no se alinean con uno u otro partido: “los jueces nos mantenemos ajenos a las disputas políticas”, en la idea de que ése es su compromiso de futuro.

Miren, sería magnífico que, en efecto, las asociaciones judiciales se dedicaran a sus labores corporativas absteniéndose de intervenir en otras materias. Y que los jueces se ocuparan estrictamente de lo suyo. Pero no siempre es así, y no lo es porque existe una perversa ligazón entre algunos gobernantes que delegan en los tribunales la solución a su incompetencia y porque existen formaciones en las que la corrupción ha campado por sus respetos demasiado tiempo y necesitan tener valedores allá donde se dirime la culpa y el futuro de algunos de sus dirigentes. Conozco a muchos jueces, a muchísimos. Me cabe el orgullo de asegurar que la práctica totalidad son honestos, que se dedican a impartir justicia con criterios rectos y en aplicación del Derecho. Algunos no. Pero cabe decir que la inmensa mayoría no son oportunistas, ni chaqueteros, ni se camuflan bajo la toga para beneficiar a un partido concreto; ni hay que recusarles porque comprometen su imparcialidad; ni se ven beneficiados con cargos políticos cuando no pueden sostener más el disfraz de magistrado. La mayoría de los muchísimos jueces que conozco y de los que no conozco personalmente, no tendrían el descaro ni la desvergüenza de arremeter contra el Gobierno en defensa de una aberración contra la Carta Magna y para justificar la insumisión del partido al que le deben todo.

Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR.

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