Muñecos, odio y justicia

 El pasado día 16-6-25 se conoció la sentencia de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid contra cuatro aficionados del Atlético de Madrid que colgaron un muñeco de Vinicius en un puente del barrio de Valdebebas. Los cuatro han sido condenados por un delito de odio, y uno de ellos, además, por difundir los hechos a través de las redes sociales. El desarrollo de la noticia aparecida en el diario As firmada por Sergio López y Ruby Arés comienza de una forma rotunda: “el odio tiene castigo”.

Pero esto último no siempre es cierto.

En febrero de 2024 el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid archivó la denuncia interpuesta por el PSOE contra los manifestantes que colgaron un muñeco de Pedro Sánchez en un semáforo de la calle Ferraz, lo apalearon y terminaron quemándolo al grito de, entre otras cosas, “hay que acabar así con él”, “tomad justicia del pueblo, bolcheviques”, “rojo de mierda, cobra, que es lo que mereces”… todo ello distribuido por redes sociales y amplificado en un programa de YouTube en el que se decía, “claro que hay que odiar a Pedro Sánchez”.

Resulta terrible e inaceptable que la violencia simbólica empleada contra el presidente del Gobierno y todo el odio expresado se justifiquen con argumentos tan vagos e irreales como que se desconocía la ideología de los asistentes

La misma justicia que condena por colgar a un muñeco de plástico sin parecido alguno con Vinícius, solo con su camiseta, que no lo apalea, golpea, ni quema, y tampoco lanza insultos ni expresa odio más allá del hecho de colgarlo, sí considera los hechos como un delito de odio, y agrava la pena al aficionado que difunde por redes. En cambio, el caso del muñeco del presidente se archiva a pesar de toda la violencia verbal y física de carácter simbólico, y de que se divulgara por diferentes canales, además de ser recogido de manera amplia por medios de comunicación vinculados a la ultraderecha para aumentar y extender el mensaje. A pesar de todo ello, no pasó nada.

Resulta terrible e inaceptable que la violencia simbólica empleada contra el presidente del Gobierno y todo el odio expresado se justifiquen con argumentos tan vagos e irreales como que se desconocía la ideología de los asistentes, como si no se dedujera de las banderas, cánticos, expresiones, convocatorias y utilización de las manifestaciones que venían desarrollándose desde semanas atrás, y como si no se pudiera interrogar a las muchas personas que participaron en los hechos, perfectamente identificables en las imágenes.

Y aún resulta más inverosímil que se justifique esa violencia bajo el argumento de la libertad de expresión, como si los delitos de odio fueran parte de un argumento reflexivo, y no de una estrategia violenta.

Si el derecho y la justicia no estuvieran cargados de subjetividad y de decisiones que con frecuencia adoptan primero el resultado, y luego buscan los argumentos y las evidencias que vienen bien para justificarlo, no tendría sentido que dos hechos tan similares tengan en términos de justicia una respuesta tan diferente.

La Audiencia Provincial de Madrid también podría haber dicho que colgar el muñeco de Vinícius obedece a la libertad de expresión de unos aficionados que actuaron bajo las emociones despertadas ante un derbi, o que no se puede saber su ideología ni contra quién van con su acción porque esta podría deberse a diferentes motivos. Lo terrible es que lo que parece absurdo e inaceptable en un caso, son los argumentos judiciales que se han utilizado para no actuar en el otro.

El odio ideológico está recogido en el artículo 510 del Código Penal, y según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se investigaron 245 casos, y en 2023 ascendieron hasta 352. Es decir, en un año se produjo un incremento del 43,7 %, y desde entonces la polarización y los ataques de odio ideológico han sido cada vez más frecuentes.

La ultraderecha está creando un clima de violencia a través del odio para alcanzar los tres objetivos que la literatura científica define. En primer lugar, deshumanizar al objeto del odio, en segundo culpabilizar a esas personas de todos los males que ellos decidan, y en tercer término, transformar la pasividad de las personas en acción. Ya vemos cómo llamar al presidente del Gobierno “rojo de mierda” o “perro Sánchez” son formas de cosificarlo para liberar la violencia, mientras que al mismo tiempo se le culpabiliza de todo, y de ese modo se facilita que muchas personas pasen a la acción expresando su odio y violencia de múltiples formas y a través de distintos canales.

La violencia contra el PSOE y los partidos de izquierda cada vez es más frecuente y explícita a nivel social, mediático y político. Hemos visto cómo los partidos de la derecha y ultraderecha, incluso en el Parlamento, han llamado al presidente “perro Sánchez”, cómo dicen que es un presidente ilegítimo, que es un mafioso, un capo, que dirige una organización criminal… Y muchas más cosas.

Todo eso es violencia y está alimentando la violencia social contra lo que representa su persona y sus ideas, lo cual se traduce en más violencia social y mediática hasta llegar a hablar, como se ha dicho, que “hay que acabar así con él”, mientras se apalea al muñeco que lo representa.

No puede haber pasividad ante quienes crean odio e incitan a la violencia. En 2020 un exmilitar ya fue detenido por tirotear las fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno y Podemos, después de que alguien dijera “sentencia” como orden para empezar a disparar. En Estados Unidos han asesinado a una congresista demócrata y a su marido, y han tiroteado a otro congresista y a su esposa, todo ello bajo un clima de violencia y odio impuesto por DJ Trump y sus seguidores.

¿Vamos a dejar que ocurra lo mismo en España? ¿Va a seguir colaborando el PP en esta estrategia? ¿Puede la justicia amparar el odio frente a determinados sectores e ideologías de la sociedad bajo el argumento de la “libertad de expresión”?

La respuesta es clara: No. Pero para lograrlo debemos entender que el odio no sólo es consecuencia del mensaje que se lanza, sino que lo más importante es crear las condiciones para que ese mensaje arraigue y sea asumido.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.