Las viviendas etarras
Lo utiliza la oposición porque saben que funciona. Sacar a ETA a pasear como arma contra el PSOE sigue siendo rentable electoralmente, especialmente en algunos territorios, en los que sigue levantando ampollas la influencia de Bildu. Lo utilizó Nuñez Feijóo tras conocer el acuerdo con el Gobierno para desbloquear la Ley de Vivienda, manifestando su sorpresa por que “los políticos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos pretenden no formar parte de la nación”. Un argumento del líder del PP que lleva implícito el reconocimiento de una de las singularidades más interesantes de la legislatura: la contribución de la izquierda abertzale a la articulación de políticas progresistas para el conjunto de los españoles y no sólo para su electorado en Euskadi.
En la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez llamó la atención que Vox estuviera entre los citados del grupo socialista. “¿Pero para qué llamáis a Vox?”, preguntamos entonces. Alguno se atrevió a dar una respuesta en privado y entre dientes: “Necesitamos a Bildu”. La amenaza de la ultraderecha también sirvió entonces a los abertzales para justificar en enero 2020 que sus cinco escaños fueran parte de la ecuación de la investidura y que hayan sido sido clave en la aprobación de tres presupuestos, las prórrogas de estados de alarma, la convalidación de decretos anticrisis o la reciente Ley de Vivienda. La estrategia ha sido clara: aparecer como facilitador de avances sociales dejando a un lado las demandas soberanistas. Con una diferencia además con ERC: las negociaciones de los vascos no han estado contaminadas por factores externos, como ha ocurrido reiteradamente con los independentistas catalanes.
ETA ya no existe. Existe la obligación cívica y moral de respetar a las víctimas, sin que eso deba confundirse con la utilización política
La alianza con Bildu, difícil de masticar por muchos sectores del PSOE, ha ido naturalizándose porque Bildu se esfuerza en que lo suyo sea lo social, salvo contextos muy determinados en los que Arnaldo Otegi ha exhibido el “presos por presupuestos” que alimenta el discurso la derecha y revuelve a muchos socialistas. Cada uno mueve ante los suyos los mensajes que le convienen, pero los datos de Interior son elocuentes. La política de dispersión de presos de ETA terminó en marzo pasado después de un proceso de años. Desde que Grande-Marlaska es ministro del Interior hasta diciembre del año pasado, se produjeron 374 traslados. De ellos, 169 tuvieron como destino cárceles vascas. Los gobiernos de Aznar y de Rajoy acercaron a 803 condenados por terrorismo, en circunstancias muy diferentes a las actuales.
ETA ya no existe. Existe la obligación cívica y moral de respetar a las víctimas, sin que eso deba confundirse con la utilización política. En uno de los grandes días de esta legislatura, durante el debate sobre el estado de la nación, los diputados del PP aparecieron con el lazo azul en la solapa, que no se había utilizado desde que la banda anunció el fin de la violencia en 2011. Pidieron un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco que permitió a Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, repetir en prime time la declaración de Aiete. Y añadió: “Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio y nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible, al menos, aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas”.
Muchos analistas coinciden en que hasta que Arnaldo Otegi no se retire de la primera fila, será imposible la normalización de Bildu. El camino emprendido en el Congreso va en esa dirección, aunque hasta ahora su aportación al conjunto ha sido eclipasada por el griterío que demoniza cualquier acuerdo en el que estén, como si la primera Ley de Vivienda de la democracia fuera cosa de etarras. El PSOE sigue llamando “socio preferente” al PNV, a su gran rival, pero Bildu ha sido una pieza imprescindible en el engranaje de esta legislatura. Las municipales del 28M les servirán para medir la rentabilidad electoral de la operación.
