Calviño en octubre

Pedro Sánchez afirmó el 16 de septiembre del 2018 en el programa El Objetivo de Ana Pastor que las pensiones se revalorizarían por el IPC, y que si la inflación superaba el 1,6%, que había sido utilizado de base para aprobar los Presupuestos de ese año, se procedería al ajuste correspondiente, considerando la diferencia entre el IPC real y el citado porcentaje.

En el Pacto de Toledo, por iniciativa de Podemos y PSOE, luego de dos años de deliberaciones, se había determinado que no era aceptable continuar con el tristemente famoso 0,25 % de la reforma de Rajoy del 2013 y se recomendaba la aplicación del IPC real para que los pensionistas no continuaran perdiendo poder adquisitivo.

No obstante ello, en octubre, la ministra de Economía, Nadia Calviño, sostenía la necesidad de analizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta la evolución de toda una serie de variables; demográficas, empleo, nivel salarial, PIB, número de años de cotización, la tasa de reposición de las pensiones, la edad de jubilación y verificar cómo interactúan todas estas variables entre sí. En definitiva, el IPC real no debía aplicarse como única variable, y esta idea final la fijaba la ministra de Economía como la posición del Gobierno.

Interpretaba de esa forma las recomendaciones del FMI destinadas a apoyar todo lo actuado por el Gobierno de Rajoy en esta materia, la posición de la CEOE y las advertencias de Bruselas en cuanto al posible incumplimiento del déficit presupuestario, proponiendo otro criterio que consideraba más amplio que lo tratado en el Pacto de Toledo, y que en la práctica reduciría sustancialmente los efectos de la aplicación del IPC real. No prosperó, pero puso palos en la rueda para la implementación de esta medida defendida por todos los agentes sociales progresistas.

Es evidente que Yolanda Díaz y los agentes sociales vienen analizando desde hace meses la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy y un nuevo marco de relaciones laborales, que es un tema muy avanzado que cuenta con el beneplácito de los principales sindicatos y con la oposición de la patronal que ve peligrar claramente las condiciones tan favorables que le han permitido mantener y aumentar la precariedad laboral y la devaluación salarial durante todos estos años.

Pero estamos en octubre, mes clave en las negociaciones para implementar medidas de este calado, y aparece nuevamente Nadia Calviño, derrotada en Pensiones en 2018 pero dispuesta a defender en materia de Trabajo los intereses de la CEOE hasta las últimas consecuencias, y lo más grave es que está amparada por Sánchez, que, puesto a buscar, ha encontrado hasta cuatro ministerios a los que les afecta, casi más que al de Trabajo, la derogación de la reforma laboral.

Existen importantes motivos para pensar que los enfrentamientos en varios terrenos de la política social entre los socios de gobierno, inducirían a que el presidente quiera dar un golpe de autoridad en una materia tan importante, lo que a su vez está relacionado con los siguientes temas:

Pero es evidente que, independientemente de todo el manejo político, derogar la reforma laboral se puede hacer con diversos objetivos, y los objetivos de Yolanda Díaz y de Nadia Calviño no tienen nada que ver.

Poner en manos de Nadia Calviño la reforma laboral, las relaciones futuras entre empresarios y trabajadores, es un error que ni siquiera un PSOE con 142 años de historia se puede permitir, e induce a pensar que es urgente la unión de los partidos que se consideren a la izquierda del PSOE para obtener una mayor representación parlamentaria destinada a proteger y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y solucionar los problemas de la gente.

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Norberto Marchesano Martínez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales