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Decidir el futuro

Lídia Guinart

Tras el parón de primavera, después de unos días de descanso en los que la hostelería ha colgado el cartel de “completo”, nos hemos desayunado esta última semana con una retahíla de noticias económicas que, de haberse producido bajo un gobierno del PP, las derechas estarían celebrando por todo lo alto. Claro que habría que ver qué hubiese ocurrido de estar gobernando los populares. Con la que ha caído en los últimos años y tal como soplan los vientos en la economía mundial, a buen seguro estarían ocasionando estragos las medidas austericidas y la ausencia de políticas sociales de redistribución de la riqueza, que ya conocimos en la anterior crisis y que continúan defendiendo.

Hay hechos y sobre todo datos que son indiscutibles, por mucho que se empeñen en lo contrario. La guerra de Putin está frenando los buenos resultados tras la salida de la pandemia que, de otro modo, estaría ofreciendo datos mucho mejores, sin ninguna duda. Aun así, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) elevan el crecimiento hasta el 1’5% para este año, cuatro décimas por encima de lo inicialmente estimado, y sitúan a la economía española por encima de la de los países de nuestro entorno. De la misma manera, un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas asegura que la economía real, aquella que refleja el nivel económico de los hogares, ya ha recuperado cifras precovid, de hecho las superó a finales de 2022 en un 2’2%. Hacer de la necesidad virtud es algo que el presidente Sánchez tiene muy presente. Los fondos europeos que los populares intentaron boicotear, primero con Casado y ahora con Feijóo, se están utilizando para impulsar la economía española hacia el futuro, para poner al día nuestro sector productivo, para transformar y modernizar el país. 

Es evidente que ni todo el mundo goza de bienestar económico ni debemos hacer oídos sordos a la tozuda realidad de la exclusión y la precariedad económica que sufren muchas familias. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez está tendiendo, en pandemia y en situación de conflicto bélico, una sólida red de contingencia que incluye desde el Ingreso Mínimo Vital hasta el incremento de becas, de pensiones y de salarios mínimos, además de otras ayudas más focalizadas a colectivos determinados que lo necesitan, entre ellos la población más joven.

Es evidente que ni todo el mundo goza de bienestar económico ni debemos hacer oídos sordos a la tozuda realidad de la exclusión y la precariedad económica que sufren muchas familias

Entre los muchos aspectos que separan al PP del actual gobierno, el de procurar por el bienestar de todo el mundo sin salvedades ni exclusiones es seguramente el de mayor calado. Para darnos cuenta de ello solo tenemos que esforzarnos un poco en recordar la manera en la que sus líderes de entonces, con Rajoy a la cabeza, gestionaron la profunda crisis económica. Los recortes generaron un afinamiento del sector público, especialmente sanidad y educación, cuyas consecuencias aún estamos sufriendo hoy en día. De las ayudas a los sectores que peor lo estaban pasando no nos podemos acordar porque sencillamente brillaron por su ausencia. 

Otra noticia positiva de estos días que ha pasado bastante desapercibida es la aprobación por el Consejo de Ministros de 2.803 millones de euros para políticas activas de empleo con destino a las Comunidades Autónomas, que son las que ostentan esta competencia. Crear más empleo y de mejor calidad continúa siendo una prioridad y esta es la mayor inversión pública para la mejora de la empleabilidad en España. Se trata de combatir especialmente el paro de larga duración, que ya se ha reducido en un 14%. Es un problema que afecta sobre todo a personas mayores de 45 años y que castiga más a las mujeres que a los hombres. Si en términos generales la tasa de paro femenina se encuentra más de 3 puntos porcentuales por encima de la masculina, la cronificación del desempleo afecta especialmente a mujeres, en concreto un 26% más, y se ceba en mujeres mayores de 55 años, cabezas de familia monomarentales, mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Estamos a las puertas de una contienda electoral municipal y en muchas comunidades también autonómica. Los años del austericidio pepero los sufrieron de manera especialmente dramática los ayuntamientos. Lo sé de primera mano porque por aquel entonces yo era responsable de la hacienda y la economía en el ayuntamiento de una de las ciudades catalanas con mayor población y menor renta per cápita. Y, de nuevo, la diferencia. Nada que ver la gestión en esos años, y también en la actualidad, en municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas con lo que hicieron y hacen desde postulados conservadores. Nada que ver la inversión, pese a las dificultades, en políticas sociales, con el empeño en privatizar servicios que tiene el PP allí donde gobierna. En poco más de un mes tendremos la oportunidad de apostar por la prosperidad o por el retroceso, por el respaldo a los que más lo necesitan o por el sálvese quien pueda, con independencia de lo que a nivel mundial nos depare un futuro que, eso sí es seguro, se avecina cada vez más imprevisible.

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