El Fondo Monetario Internacional a lo suyo: destruir el sistema público de pensiones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve al ataque de nuevo con uno de sus mantras preferidos. Según esta organización, las pensiones públicas son insostenibles, por lo que urge su reforma (¿o su desmantelamiento?).

El meollo de la cuestión para esta organización reside en el envejecimiento demográfico, determinado por el aumento de la esperanza de vida de la población y el retroceso en las tasas de natalidad. Como consecuencia de ese proceso, se estaría reduciendo la relación entre la población activa (creadora de riqueza) y la inactiva (dependiente). Las soluciones, las de siempre: contener o reducir el importe de las pensiones actuales, prolongar la edad de jubilación y promover los fondos privados de pensión.

Hay mucha tela que cortar en este planteamiento. En las líneas que siguen me limito a contemplar este diagnóstico y las posibles alternativas desde una perspectiva que, siendo fundamental, ocupa poco o ningún espacio en las políticas de esta institución: la redistribución del ingreso y la riqueza. Esta dimensión –fundamental, en mi opinión– no sólo arroja luz sobre el tema de las pensiones, sino que también debe situarse en un lugar central en cualquier reflexión seria sobre una salida de la crisis que beneficie a las mayorías sociales.

La apuesta por las pensiones privadas y la privatización de las públicas –pues, en realidad, de eso se trata– forma parte de una estrategia de gran calado, es una pieza clave de las denominadas reformas estructurales impulsadas desde las élites políticas y económicas, cuya meta es recortar el gasto social público y de esta forma poder orientarlo hacia el sector privado y el mercado. Más que reducir el Estado, el objetivo es ocuparlo y ponerlo al servicio de las grandes corporaciones.

Esa apuesta supone, asimismo, un decisivo paso en la dirección de la financiarización de los procesos económicos. Reparemos en el formidable negocio para las compañías aseguradoras y los fondos de inversión consistente en sustituir las pensiones públicas por las privadas; la canalización de recursos de los futuros pensionistas (de los que tengan capacidad de ahorro; a los que carezcan de ella, simplemente se les condena a la pobreza) hacia esas entidades, que los convertirán en productos financieros y en suculentos beneficios: eso sí, haciendo depender la percepción de las pensiones de lo que acontezca en mercados, por definición opacos e inestables.

Un razonamiento parecido cabe hacer si ponemos el foco en los salarios. Las dificultades de financiación de las pensiones públicas tienen mucho que ver con la política de represión salarial (además de con la limitada e insuficiente creación de empleo) que el FMI recomienda aplicar a todos los gobiernos y que estos siguen sin levantar la voz. Salarios estancados o en retroceso se traducen, inevitablemente, en menos recursos para cubrir las pensiones y, en general, los programas de gasto público; dificultades que, sin ningún rubor, son continuamente utilizadas para alimentar el discurso de la insostenibilidad de los esquemas públicos, basados en la solidaridad intergeneracional, y de paso meter miedo entre la gente.

Así pues, las “neutrales y técnicas” recomendaciones del FMI que pretenden centrar el debate de las pensiones en los cambios en la pirámide poblacional, ocultan, en realidad, una política destinada a la redistribución del ingreso, desde la esfera pública y los salarios hacia los conglomerados privados y las finanzas. Trabajar más y trabajar por menos, favorecer la concentración de la renta y la riqueza e instalar a la economía en el casino.

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Una distribución más equitativa del ingreso –que, por supuesto, no está en el horizonte contemplado o recomendado por el FMI–  situaría el “problema de las pensiones públicas” en unas coordenadas completamente diferentes, muy lejos de su supuesta insostenibilidad. Si se implementara una política consistente en aumentar las retribuciones de los trabajadores y las más elevadas cotizaran de acuerdo a su nivel, eliminando los topes actuales, mejoraría la capacidad financiera del sistema público de pensiones; tendría el mismo efecto la decisión de cubrirlas con cargo a los Presupuestos generales, dado que, en definitiva, se trata de un derecho humano básico que debe ser garantizado por el conjunto de la ciudadanía a través de los impuestos, recaudados con criterios de progresividad.

Estamos hablando, como siempre, de política y de relaciones de poder. Son muy importantes los intereses en juego y también lo son las resistencias a vencer. ______________

Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos