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Los intereses creados

Miguel Ángel Llamas

El título de este artículo no alude a la famosa obra de Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con carácter generalizado, modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar artificialmente el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el denominado año comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de millones de euros.

El fraude del método 365/360, del que informó este periódico el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos... La acumulación de tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja hipotecaria-inmobiliaria.

Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas institucionales eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido sus funciones de control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara vez un juez ha actuado de oficio.

La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, obvia la asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de la formación de los juristas. No es casual que en nuestro país una disciplina como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los intereses creados.

Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. La pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso por las entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura.

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La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes públicos con los fraudes bancarios es el resultado de un entramado político-económico que genera incentivos perversos. Algunos de estos dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación bancaria en la compra y venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente creadores de mercado), la creciente presencia de los entidades financieras en las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de la banca en los grandes medios de comunicación.

Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa democrática, una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de personas. __________________

Miguel Ángel Llamas es politólogo y abogado. Defiende a más de 40 afectados por el método 365/360

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